Donald Trump firmó el 24 de abril de 2025 una orden ejecutiva para acelerar permisos de minería submarina en aguas tanto territoriales como internacionales bajo la ley estadounidense de 1980. Esa decisión propició solicitudes de la empresa canadiense The Metals Company (TMC) ante la NOAA estadounidense para explorar y extraer minerales críticos, evitando la supervisión de la autoridad internacional ISA, creada por la ONU.
La intención oficial se centra en asegurar acceso a metales como níquel, cobre, cobalto y manganeso para reducir dependencia de China y fortalecer la cadena de suministro energética de EE. UU. Sin embargo, esa ruta ignora el papel de la International Seabed Authority, que desde 1994 regula este tipo de actividades en aguas internacionales según la Convención del Derecho del Mar (UNCLOS), un tratado que EE. UU. no ha ratificado, aunque ha cumplido informalmente hasta ahora.
El movimiento provocó reacciones globales. Organizaciones ambientales y más de 30 gobiernos exigieron una moratoria hasta establecer reglas claras, alertando que se pisotea la gobernanza multilateral y se pone en riesgo la estabilidad diplomática. Representantes como el general retirado Randy Manner han advertido que la seguridad nacional se ve afectada cuando se erosiona la ley internacional y se abre paso a actos unilaterales en el océano.
Científicos señalan que apenas se conoce menos del 0.001 % del fondo marino, por lo que intervenir ecosistemas tan desconocidos representa un riesgo ambiental incalculable. La extracción de nódulos policromáticos podría generar sedimentos tóxicos, nubes de polvo y ruido submarino que alteren cadenas alimenticias y biodiversidad que aún no comprendemos.
En respuesta, la ISA inició una investigación sobre posibles violaciones legales por parte de subsidiarias de TMC, como Nauru Ocean Resources y Tonga Offshore Mining Ltd. El objetivo es evitar que empresas actuar fuera del marco global actual . A nivel económico, algunos cuestionan la viabilidad del negocio pues la demanda global de metales ya cambia hacia baterías litio‑hierro‑fosfato, más económicas y sustentables. Greenpeace acusa que TMC ha pasado de promocionarse como aliado verde a armar una retórica militarista para influir en políticos y el Departamento de Defensa de EE. UU..
Pese a los riesgos, TMC ha avanzado. En abril presentó solicitudes para explorar casi 200 000 km² en la zona Clarion‑Clipperton del Pacífico. Esa área se ubica entre Hawai y México, y se cree contiene enormes reservas de nódulos ricos en cobalto, cobre y manganeso. A mediados de 2025 Korea Zinc invirtió 85 millones de dólares por el 5 % de TMC, ampliando su capacidad para procesar minerales sin depender de China.
Aunque parte de la industria argumenta que minar en el fondo marino genera menor impacto que la minería terrestre tradicional—menos alteración de comunidades humanas, menos contaminación superficial—esa hipótesis permanece sin pruebas completas. Muchos ecosistemas marinos aún no han sido estudiados lo suficiente para garantizar mitigación adecuada.
