Sin nuevas concesiones, no hay nuevas reservas. Sin nuevas reservas, no hay industria. Esa ecuación, que cualquier ingeniero de minas conoce de memoria, es exactamente lo que la Asociación de Ingenieros de Minas de México puso sobre la mesa al advertir que la desaceleración exploratoria originada en la Reforma Minera de 2023 ya comenzó a erosionar el futuro del sector, aunque sus efectos más graves todavía no sean visibles en los estados financieros de las empresas.
El problema que los números actuales no muestran
Rubén de Jesús del Pozo, voz técnica de la asociación, fue directo: las empresas hoy tienen con qué operar. Las reservas probadas y probables en minas activas dan un margen de continuidad. Pero ese margen tiene fecha de vencimiento, y nadie está rellenando el inventario. La exploración, que es el único mecanismo para convertir riqueza mineral hipotética en reservas económicamente explotables, lleva dos años frenada por la suspensión de nuevas concesiones.
Los datos respaldan la preocupación. Según cifras de CAMIMEX, la inversión en exploración minera cayó 11.5% en 2024, el primer retroceso significativo en años de recuperación pospandemia. Ese porcentaje no es ruido estadístico: es la diferencia entre proyectos que avanzan de etapa y proyectos que se congelan en carpetas. Chihuahua, que aporta aproximadamente el 12% de la producción nacional con operaciones como Naica y Cozamin, siente ese freno con particular intensidad porque su cartera de proyectos en etapa temprana depende casi enteramente de permisos que la Secretaría de Economía tardó en procesar.
El ciclo de vida minero tiene una lógica implacable: entre que se descubre un yacimiento y se producen las primeras toneladas de mineral, transcurren entre ocho y quince años. Si la exploración se detiene hoy, la siguiente generación de minas simplemente no existe en 2033. No hay atajo técnico ni inversión de emergencia que compense ese rezago.
La Reforma de 2023 y el inventario de daños
La Reforma Minera impulsada durante la administración de López Obrador rediseñó las reglas del juego en varios frentes. Estableció al Servicio Geológico Mexicano como monopolio en exploración de nuevas zonas, redujo los plazos máximos de concesión, reforzó los requisitos de consulta previa libre e informada con comunidades indígenas, y abrió la puerta a un incremento en los derechos mineros. El mensaje político era claro: el Estado recuperaba soberanía sobre el subsuelo. El mensaje económico fue otro: la inversión privada en exploración se paralizó ante la incertidumbre jurídica.
CAMIMEX interpuso amparos constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa resolución sigue pendiente y representa el factor legal más determinante para el sector en el corto plazo. Mientras la SCJN no defina la constitucionalidad de los artículos impugnados, cualquier empresa con proyectos en etapa de exploración opera en un limbo regulatorio que ningún consejo de administración en Toronto o Londres tolera sin un descuento de riesgo en la valuación del activo.
El impacto ya se mide en el Fraser Institute. México mejoró su posición en el índice de atracción de inversión minera — pasó del lugar 74 al 49 global en 2024 —, pero ese avance refleja más el pragmatismo regulatorio del gobierno de Sheinbaum que una resolución de fondo de los problemas heredados. Las empresas que respondieron la encuesta reconocen señales positivas, pero señalan que la certeza jurídica en concesiones continúa siendo el talón de Aquiles.
Sheinbaum acelera, pero el rezago es estructural
La administración de Claudia Sheinbaum marcó un giro de tono desde octubre de 2024. El backlog de permisos pendientes en Zacatecas se redujo de 25 expedientes críticos a 5 en el transcurso de 2025. El Plan México-EUA para Minerales Críticos, firmado el 4 de febrero de 2026, puso sobre la mesa una agenda bilateral que convierte a México en proveedor estratégico para las cadenas USMCA. Marcelo Ebrard ha tenido conversaciones directas en Washington para negociar ese acuerdo.
Del Pozo reconoce estas señales como favorables. Pero favorable no es suficiente cuando el reloj geológico no se detiene. Liberar algunos permisos represa acumulada no equivale a restablecer el flujo normal de concesiones. La burocracia de la Secretaría de Economía aún procesa expedientes con tiempos que duplican los estándares de países competidores. Chile tramita concesiones mineras en un promedio de 90 días. Perú, con todos sus problemas de conflictividad social, tiene plazos definidos por ley. México no tiene un mandato legal de tiempo de respuesta que sea exigible judicialmente por el solicitante.
En Chihuahua, la evidencia es concreta: los proyectos Cordero en Parral y Orisyvo en Uruachi permanecen frenados por falta de permisos, dos oportunidades de inversión que podrían consolidar la base productiva del estado y que hoy no tienen fecha de inicio. La producción de oro, plata y plomo en Chihuahua ya registró baja al primer bimestre de 2026 — una señal temprana de que el ciclo operativo actual no tiene suficiente alimentación nueva.
La variable de seguridad que nadie presupuestó
Del Pozo agregó una segunda dimensión de riesgo que hace apenas tres años no aparecía en los análisis sectoriales con esta magnitud: el crimen organizado ha puesto sus ojos en las regiones mineras. No se trata de un fenómeno nuevo en términos absolutos, pero sí de una escalada cualitativa. La tragedia de enero de 2026 en Sinaloa, donde trabajadores de Vizsla Silver fueron víctimas del crimen organizado, fue un punto de quiebre que obligó a CAMIMEX y al gobierno federal a establecer una mesa de seguridad específica para el sector.
TD Cowen ya emitió una alerta formal sobre los riesgos de seguridad en Zacatecas y Chihuahua, dos de los estados con mayor concentración de activos mineros del país. Cuando una casa de análisis de ese calibre incluye riesgo de seguridad como variable en la valuación de proyectos, el impacto en el costo de capital es inmediato. Las aseguradoras ajustan primas. Los consejos de administración piden más rentabilidad para compensar el riesgo. Los proyectos marginales simplemente se cancelan.
La minería en regiones con presencia del crimen organizado no solo enfrenta el riesgo físico para los trabajadores. Enfrenta extorsión, robo de insumos, desvío de concentrados y presión sobre comunidades. Todo eso eleva el costo operativo real por encima de lo que cualquier modelo financiero estándar anticipa. Del Pozo tiene razón al señalar que la seguridad pública debe adaptar sus esquemas — pero también tiene razón en que esa adaptación no ha ocurrido a la velocidad que el sector necesita.
Lo que el sector necesita que ocurra antes de 2027
Tres movimientos son críticos en el horizonte inmediato. Primero, la SCJN debe resolver el amparo constitucional contra la Reforma Minera de 2023. Una resolución favorable al sector devolvería certeza jurídica a decenas de proyectos en etapa de exploración que hoy esperan con los trabajos suspendidos. Una resolución adversa obligaría a la industria a operar dentro de un marco que desincentiva estructuralmente la inversión de largo plazo.
Segundo, la Secretaría de Economía debe establecer plazos legales vinculantes para el procesamiento de concesiones. No compromisos políticos: plazos con consecuencias jurídicas si no se cumplen. Sin esa reforma procedimental, la reducción del backlog actual es una mejora circunstancial, no un cambio sistémico.
Tercero, el Plan México-EUA de Minerales Críticos debe traducirse en garantías concretas para exploradores privados, no solo en beneficios para proyectos ya en producción. El acuerdo bilateral tiene potencial real, pero su valor para el ciclo exploratorio depende de que incluya mecanismos que faciliten el financiamiento de etapas tempranas — donde el capital de riesgo más escasea.
México produce una de cada cuatro onzas de plata del mundo. Mantener ese liderazgo en la próxima década no es automático: requiere que las reservas de hoy tengan reemplazo. Ese reemplazo solo existe si la exploración vuelve a fluir con reglas claras, tiempos predecibles y seguridad en campo. Por ahora, los tres frentes siguen incompletos. Y el reloj geológico no espera resoluciones pendientes.
