Altos Hornos de México (AHMSA) enfrenta una crisis financiera agravada por gastos mensuales de entre 25 y 30 millones de pesos destinados al mantenimiento de sus instalaciones. Estos gastos incluyen el pago a 320 guardias de seguridad, 150 empleados administrativos y alrededor de 5 a 6 millones de pesos en diésel para mantener operativa la mina Hércules.
El avance del proceso de quiebra de Altos Hornos de México, reportado desde noviembre de 2024 cuando el síndico asumió la administración y la responsabilidad de liquidez de la empresa, marca el inicio de una etapa decisiva para el futuro de la acerera. A partir de entonces, se intensificaron los esfuerzos por mantener en condiciones operativas los activos clave, a pesar de los elevados costos mensuales que ahora superan los 30 millones de pesos. Esta continuidad operativa responde a la estrategia legal y financiera de conservar el valor de la compañía en busca de una venta integral que evite su desmantelamiento.
La empresa, ubicada en Monclova, Coahuila, acumula deudas significativas con entidades como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Estas deudas, junto con los gastos de mantenimiento, complican la situación financiera de AHMSA.
El síndico encargado del proceso de quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, informó que se han presentado los inventarios de AHMSA ante el juzgado el pasado 4 de marzo, mientras que el de Minera del Norte está en proceso y deberá completarse antes del 15 de abril. Paralelamente, se lleva a cabo el avalúo de la empresa como una unidad productiva, con la intención de venderla en su totalidad y evitar su desmantelamiento.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, coordina un grupo de trabajo para atender el caso de AHMSA, buscando reactivar sus operaciones y priorizar el pago a los trabajadores afectados por la crisis. Sin embargo, reconoce que este proceso llevará tiempo debido a los problemas de corrupción que han afectado a la empresa.
En el Senado, el legislador Miguel Ángel Riquelme Solís enfatizó la necesidad de evitar que AHMSA se liquide en partes y abogó por una venta en activo que garantice la continuidad de las operaciones y el pago a los trabajadores. Propuso que la Comisión del Senado gestione con Pemex y CFE una reestructuración de la deuda para facilitar la adquisición de la empresa por nuevos inversionistas sin obligaciones previas que dificulten su reactivación.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso una multa de 2 millones 688 mil 600 pesos a AHMSA por considerar que la empresa difundió información falsa durante su proceso de quiebra, complicando aún más su situación financiera.
A pesar de estos desafíos, el gobierno federal y diversos actores políticos buscan soluciones para reactivar AHMSA, priorizando el bienestar de los trabajadores y la estabilidad económica de la región. La complejidad del proceso y las deudas acumuladas presentan obstáculos significativos para lograr una pronta recuperación de la empresa siderúrgica.
