En un movimiento sin precedentes dentro de la legislación minera mexicana, la diputada del Partido del Trabajo, Mary Carmen Bernal, presentó una iniciativa ante el Parlamento Mexicano que podría reformar profundamente el marco legal de la minería en el país. Esta propuesta busca hacer obligatoria la consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas antes de otorgar concesiones mineras en sus territorios.
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Este requerimiento de consulta, aunque ausente en la Ley Minera actual, responde a un principio ya contemplado en la Convención sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificada por México en 1991. Según esta Convención, las medidas legislativas o administrativas que puedan afectar a los pueblos indígenas deben ser consultadas mediante procedimientos apropiados.
La necesidad de esta reforma se hace más evidente al considerar el proceso acelerado por el cual se aprobó la nueva Ley Minera en mayo de 2023. En este proceso, sin la presencia de legisladores de oposición, se reformó el esquema para obtener concesiones mineras, que ahora se otorgan únicamente a través de concursos o licitaciones públicas realizadas por el Ministerio de Economía. Además, se redujo la duración de las concesiones de 50 a 30 años, con posibilidad de extensión por otros 25 años.
Un caso ejemplar citado por Bernal fue el del juicio de amparo 134/2021, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación evaluó si el Ministerio de Economía tenía la obligación de realizar una consulta previa, libre e informada con la comunidad indígena Tecoltemi, en Puebla, antes de considerar otorgar una concesión a Almaden Minerals. La Corte determinó que, aunque la Ley Minera no regula el procedimiento de consulta previa, existe una obligación convencional de todas las autoridades mexicanas de realizar los mecanismos necesarios que respalden el derecho a la consulta de los pueblos indígenas cuando sus acciones puedan perjudicar los derechos legales de dichas comunidades.
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La propuesta de Bernal busca incorporar en la Ley Minera la obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas antes de otorgar concesiones mineras en sus territorios. Este cambio no solo es un avance en términos de derechos humanos y protección de las comunidades indígenas, sino que también representa un paso hacia una minería más responsable y sostenible en México.

