Una minera canadiense con sede en Vancouver acaba de elevar su apuesta arbitral contra el Estado mexicano a 2,700 millones de dólares ante el CIADI — el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. El reclamo gira en torno a la cancelación de concesiones en un proyecto de oro y plata. El monto, que supera con creces cualquier cifra previa en este caso, convierte este arbitraje en uno de los más costosos que México enfrenta hoy en materia minera.
La cancelación que desató la demanda
El detonante es la Reforma Minera de 2023, firmada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Esa reforma redujo los plazos de concesión, reforzó los requisitos de consulta indígena bajo el esquema de Consentimiento Libre, Previo e Informado, y otorgó al Servicio Geológico Mexicano un rol prioritario en exploración de nuevas zonas. La consecuencia inmediata fue la cancelación o suspensión de concesiones existentes que no cumplían con los nuevos criterios.
Para la empresa canadiense, esa cancelación no fue un ajuste regulatorio. Fue una expropiación de facto. El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá — el T-MEC, sucesor del TLCAN — contempla mecanismos de protección a inversionistas que permiten exactamente este tipo de reclamación ante el CIADI. México firmó ese compromiso. Ahora lo enfrenta en Washington.
El salto de la cifra reclamada — sin que se conozca con precisión el monto original, la nueva demanda fijada en US$2,700 millones habla de una reevaluación agresiva del daño — sugiere que la empresa actualizó el valor potencial del yacimiento con nuevos datos técnicos o incorporó daños consecuentes que antes no había cuantificado. Es una táctica de negociación bien conocida en arbitrajes internacionales: elevar el monto obliga al Estado a recalcular el costo de litigar versus el costo de negociar.
El peso fiscal de un arbitraje de esta escala
México ya tiene experiencia con el CIADI. En los últimos años, el país ha enfrentado reclamaciones de empresas de energía y minería que argumentan que las políticas de la administración pasada destruyeron valor en inversiones protegidas por tratados bilaterales o por el T-MEC. Algunas de esas disputas se resolvieron con pagos millonarios. Otras siguen abiertas.
Una condena de US$2,700 millones sería la más grande que México haya pagado por una disputa minera bajo este mecanismo. Para dimensionarlo: el valor total de la inversión extranjera directa en minería mexicana durante 2024 fue de aproximadamente US$5,060 millones, según datos de CAMIMEX. Una pérdida arbitral de esa magnitud equivaldría a más de la mitad de toda la inversión del sector en un año.
El costo no es solo fiscal. Cada sentencia adversa en el CIADI genera un efecto de señalización que el Fraser Institute, Standard & Poor’s y los comités de inversión de las grandes mineras en Toronto y Melbourne leen con atención. México subió al lugar 49 en el índice de percepción de política minera del Fraser Institute en 2024, desde el lugar 74 donde estaba un año antes. Una condena multimillonaria puede revertir ese avance de un golpe.
El dilema jurídico que hereda Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum recibió esta herencia regulatoria con un margen de maniobra limitado. La Reforma Minera de 2023 está vigente. Su constitucionalidad sigue pendiente de resolución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación — un proceso que podría tardar meses adicionales y cuyo resultado es incierto. Mientras tanto, los arbitrajes corren.
El giro pragmático de Sheinbaum hacia el sector minero es real: el backlog de permisos en Zacatecas bajó de 25 a 5 casos pendientes durante 2025, y la Secretaría de Economía bajo Marcelo Ebrard negocia activamente el Plan México-EUA de Minerales Críticos. Pero ese pragmatismo operativo no toca el núcleo legal del problema. Las concesiones canceladas bajo la reforma de 2023 siguen canceladas. Y los árbitros del CIADI no evalúan intenciones de política industrial: evalúan si México cumplió sus compromisos internacionales.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal tiene ahora una tarea quirúrgica: construir una defensa que argumente que la cancelación de concesiones fue un ejercicio legítimo de regulación en interés público — incluyendo derechos de comunidades indígenas y gestión ambiental — y no una medida equivalente a una expropiación. Esa distinción, en el lenguaje técnico del arbitraje internacional, es la diferencia entre perder US$2,700 millones y no perderlos.
El precedente regional que nadie quiere citar
Perú enfrentó una oleada similar de arbitrajes CIADI entre 2010 y 2018, cuando cambios regulatorios en minería y energía chocaron con los compromisos asumidos en tratados de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. El resultado fue una serie de acuerdos extrajudiciales costosos y, en algunos casos, pagos directos que el Ministerio de Economía peruano tuvo que absorber en plena presión fiscal.
Colombia, por su parte, enfrentó el caso Bear Creek Mining — un arbitraje bajo el TLC Canadá-Colombia en el que el tribunal falló a favor de la empresa y ordenó al Estado colombiano pagar más de US$18 millones por la revocación de concesiones en un área sensible. El monto fue menor, pero el principio establecido fue idéntico al que ahora se debate en el caso mexicano: la revocación de concesiones por razones de política pública no exime al Estado de compensar al inversionista si ese Estado asumió compromisos de protección bajo un tratado.
Argentina vive hoy una situación opuesta: el gobierno de Milei activa el RIGI para atraer inversión minera con garantías de estabilidad fiscal y jurídica por 30 años, precisamente para evitar la clase de controversias que México acumula. La señal que Buenos Aires manda a los mercados contrasta directamente con la que emite Ciudad de México.
Lo que las empresas en México están viendo
Grupo México, Peñoles, Newmont y las medianas canadienses activas en Sonora, Zacatecas y Chihuahua monitorean este arbitraje con atención directa. No porque vayan a replicarlo de inmediato — sus concesiones tienen perfiles legales distintos — sino porque el fallo del CIADI definirá el estándar de protección que México ofrece a la inversión minera bajo el T-MEC.
Varias empresas ya ajustaron sus flujos de exploración. La actividad exploratoria en México cayó 11.5% en 2024, según CAMIMEX, en parte atribuible a la incertidumbre jurídica generada por la Reforma Minera. Un fallo adverso para México consolidaría esa cautela. Un fallo favorable — o un acuerdo extrajudicial bien estructurado — podría acelerar la recuperación del interés explorador, especialmente en zonas críticas como el Cinturón de Plata de Zacatecas o los proyectos de cobre en Sonora.
La cifra de US$2,700 millones no es solo una demanda legal. Es el precio que una empresa pone a lo que México le quitó — y también, implícitamente, el precio que el mercado empezará a descontar de la calificación de riesgo regulatorio del país. La administración Sheinbaum tiene meses, no años, para demostrar que ese descuento es injustificado.
