El gobierno chileno del ecologista y presidente feminista Gabriel Boric está demandando a las minas operadas por los gigantes BHP (ASX: BHP), Albemarle (NYSE: ALB) y Antofagasta (LON: ANTO) por los supuestos daños ambientales causados en el norteño Salar de Atacama, el lugar más seco del mundo.
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La acción legal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) señala a Escondida de BHP, la mayor mina de cobre del mundo, la operación Zaldívar de Antofagasta y Barrick (50-50) y los activos de litio de Albemarle.
El caso se centra en el aparente deterioro del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, una importante fuente de agua subterránea, debido al alto ritmo de extracción para apoyar las operaciones mineras en la zona.
El organismo gubernamental argumenta que las minas citadas en la demanda han incumplido las normas de protección, preservación y conservación del medio ambiente.
“El acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo ha sido explotado durante décadas por Zaldívar en el sector de Negrillar; Albemarle en la zona de Tilopozo y Escondida en Monturaqui”, dicen los documentos judiciales.
Escondida habría extraído 1,400 litros de agua subterránea por segundo hasta 2019; Zaldívar, 212,75 lps proyectados hasta 2025 (con un caudal autorizado de 500 litros por segundo) y Albemarle, 16,9 lps hasta 2041, según la demanda.
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“La extracción de diversas cantidades de agua por parte de las empresas mineras demandadas habría causado un daño que era previsible, ya que conocían el límite máximo de descenso que podía tener el acuífero”, se lee.
Desde que asumió el cargo en marzo, Boric, de 36 años, ha hecho de la protección del medio ambiente un punto clave de su administración, incluidos los derechos de agua tras años de sequía que están afectando a mineros, agricultores y viticultores.
El mes pasado, el país se adhirió al Acuerdo de Escazú de las Naciones Unidas, revocando la política del anterior gobierno chileno, que se había abstenido de apoyar el tratado.
El primer país productor de cobre del mundo promovió inicialmente el acuerdo, centrado en el acceso a la información y la justicia medioambiental en América Latina y el Caribe, pero posteriormente se negó a firmarlo alegando que podría generar inseguridad jurídica.
Las empresas de cobre de todo Chile se han visto obligadas en los últimos años a buscar medios alternativos para alimentar de agua a sus minas, ya que la sequía y el retroceso de los acuíferos han dificultado las operaciones. Muchas han reducido drásticamente el uso de agua dulce continental o han recurrido a las plantas de desalinización.
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La agencia chilena del cobre, Cochilco, calcula que el uso de agua de mar por parte de la minería -ya sea utilizada directamente o desalada- aumentará un 167% de aquí a 2032, mientras que el uso de agua dulce disminuirá un 45%. Al final de ese periodo, el 68% del agua utilizada por la industria procederá del océano, según la agencia.
