La industria minera mexicana elevó la presión pública para que el gobierno federal acelere los trámites que permiten explorar y explotar yacimientos. El planteamiento lo encabezó Rubén del Pozo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), quien advirtió que la lentitud regulatoria mantiene proyectos detenidos y frena inversión.
Del Pozo ubicó el tamaño del atasco con una cifra concreta: varios proyectos “muy importantes” permanecen parados y suman alrededor de 4,000 millones de dólares. En su diagnóstico, el freno no solo retrasa planes empresariales. También golpea a economías locales que dependen de compras, salarios y cadenas de proveeduría asociadas a cada operación minera.
El dirigente vinculó el problema con un concepto que pesa en cualquier comité de inversión: la certidumbre. Dijo que la incertidumbre jurídica detiene la inversión y aumenta el costo de esperar. En minería, esperar significa sostener equipos técnicos, derechos de superficie, estudios y compromisos comunitarios sin un calendario claro de resolución.
La petición del sector llega en un momento sensible para la política de concesiones. Desde mayo de 2023, el marco legal cambió de forma relevante. La reforma sustituyó el esquema tradicional de “terreno libre” y movió el otorgamiento hacia procesos de licitación pública. También redujo la vigencia máxima de los títulos de concesión de 50 a 30 años, con una prórroga única de 25 años.
El mismo paquete normativo endureció requisitos y controles en materias que suelen definir la viabilidad financiera de un proyecto. La reforma agregó obligaciones documentales, abrió más causales de cancelación y elevó el peso de la gestión social. Cuando el lote se ubica en territorios indígenas o afromexicanos, exige consulta previa y acuerdos, además de contraprestaciones.
En paralelo, la reforma incorporó un transitorio que ordena desechar “sin mayor trámite” las solicitudes de nuevas concesiones que estaban en proceso cuando entró en vigor el decreto. Ese punto detonó litigios y llegó a la Suprema Corte. En septiembre de 2025, el Pleno revocó amparos y avaló la constitucionalidad de ese transitorio, al concluir que las solicitudes no generan derechos adquiridos, sino expectativas.
Con ese antecedente, la discusión ya no se limita a “más o menos minería”. La conversación se centra en cómo opera el Estado como regulador y, al mismo tiempo, cómo evita que su propia maquinaria administrativa inmovilice inversión productiva. En los hechos, el sector pide reglas claras y tiempos de respuesta verificables, porque la ambigüedad se traduce en capital que migra a otras jurisdicciones.
Del Pozo intentó equilibrar el reclamo con un mensaje político. Reconoció disposición de diálogo y apertura por parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que el gremio ya sostuvo reuniones con autoridades para exponer la necesidad de abrir temas ligados a minerales críticos y tierras raras.
Esa referencia no es casual. La competencia global por insumos de alta tecnología coloca a los países mineros bajo una nueva lupa. Las cadenas de baterías, redes eléctricas y electrónica demandan minerales y, a la vez, demandan trazabilidad, estándares ambientales y estabilidad institucional. México tiene geología probada, pero la geología no atrae inversión por sí sola. La inversión exige permisos, agua, seguridad y acuerdos sociales.
En su mensaje, el presidente de la AIMMGM también subrayó un factor que a menudo se menciona en voz baja. Habló de la preocupación empresarial por la seguridad de los trabajadores. Consideró que ese frente también frena el crecimiento, aun cuando el entorno económico favorece al sector.
El argumento económico se apoya en datos conocidos por la autoridad. Del Pozo recordó que la minería aporta algo más de 2% del PIB nacional. Añadió que el sector cuenta con más de 160 proyectos en marcha y reportó que 60% ya tiene aprobación definitiva, pero el resto sigue en ruta incierta.
La cifra abre una pregunta incómoda para cualquier administración. ¿Cuánto empleo, cuánta recaudación y cuántas compras locales se quedan en pausa por expedientes que se acumulan? En estados mineros, un retraso administrativo no se ve como un trámite abstracto. Se ve como menos turnos, menos contratos de transporte y menos demanda para talleres, hoteles y servicios.
También conviene decirlo con claridad: acelerar concesiones no equivale a relajar la vigilancia ambiental. El reto consiste en resolver más rápido, con mejores criterios técnicos y con condiciones exigibles. Una autoridad que responde tarde tampoco protege mejor al medio ambiente. Solo traslada el conflicto a la incertidumbre, y la incertidumbre suele multiplicar tensiones comunitarias.
La reforma de 2023 buscó reforzar la rectoría del Estado y elevar obligaciones en agua, cierre y restauración. Ahí existe una oportunidad si el gobierno ejecuta bien. Un sistema que exige planes de cierre, garantías financieras y programas de restauración puede elevar la calidad de los proyectos que sí avanzan.
El problema surge cuando la implementación no acompaña el cambio legal. Si la licitación sustituye al “primero en tiempo”, el Estado necesita capacidades robustas para convocar, evaluar y fallar concursos. Si exige consulta y estudios, necesita personal, metodología y coordinación interinstitucional para que la ruta no se vuelva interminable. Ahí se juega la credibilidad del modelo.
Desde mi lectura, el debate real no se agota en “dar” o “no dar” concesiones. Se trata de diseñar un flujo regulatorio que reduzca discrecionalidad y ponga métricas públicas de desempeño. La minería opera con horizontes largos, y por eso castiga la improvisación. Cuando la autoridad define plazos, criterios y ventanillas claras, también gana legitimidad social.
La AIMMGM busca sostener el tema en agenda durante 2026. Del Pozo anunció que la asociación realizará su convención anual en Chihuahua en abril, con participación de líderes del sector y especialistas internacionales. El encuentro apunta a poner sobre la mesa retos técnicos, regulatorios y de mercado, en un estado con tradición minera y con comunidades que conocen de cerca los costos y beneficios de la actividad.
La discusión también se cruza con Norteamérica. Del Pozo mencionó expectativas favorables ante la revisión del T-MEC en 2026 y habló de construir entendimientos para que los sectores mineros de México, Estados Unidos y Canadá “hablen con la misma terminología”. El subtexto resulta claro: alineación regulatoria, estándares comparables y condiciones competitivas para retener inversión en la región.
El gobierno tiene una decisión práctica enfrente. Puede convertir la minería en un frente de conflicto permanente, o puede ordenar el sistema para que los proyectos cumplan más y mejor, sin dilaciones injustificadas. La industria, por su parte, necesita entender que la licencia social ya no se negocia con discursos, sino con desempeño verificable. En esa ecuación, agilizar trámites no significa acelerar a ciegas. Significa resolver con técnica, transparencia y consecuencias para quien incumpla.
