En Machala, el viceministro de Minería, Henry Troya, sostuvo cuatro reuniones de trabajo con concesionarios y operadores mineros de Zaruma, en la provincia de El Oro, en el marco de las acciones para viabilizar la reactivación de la actividad minera legal en la zona. Destacó que: “la política pública apunta a la apertura de la mayor cantidad de operaciones legales y legítimas en Zaruma, como un mecanismo fundamental para contrarrestar la minería ilegal”.
En estos espacios de diálogo participaron representantes de las concesiones Jorupe, Bomba de Pacchapamba Unificada, La Cocha y Cascada 1, quienes mantienen las operaciones suspendidas, hasta que se ejecute el plan de remediación integral del área minera y se obtenga tanto la licencia ambiental, como el permiso de no afectación de recursos hídricos, que se establecen como requisitos para realizar exploración y explotación en el régimen especial de pequeña minería.
Con el fin de agilizar el cumplimiento por parte de los concesionarios y operadores mineros, el viceministro Troya se comprometió a iniciar, dentro de 15 días, el primer taller de trabajo técnico que girará en torno a tres ejes: financiero, ambiental y política pública. Posteriormente se conformarán talleres específicos de seguimiento, para cada uno de los compromisos que se establezcan.
El Gobierno Nacional brindará asesoría y apoyo en los ámbitos jurídicos y ambientales, mientras que el tema financiero será trabajado conjuntamente con la Bolsa de Valores de Quito, quienes explicarán el funcionamiento de sus operaciones para el sector minero. “Es la mejor forma de financiar, con el interés más bajo y en el menor tiempo”, dijo el Viceministro Troya.
Al respecto, Edison Dávila, asesor legal de los concesionarios mineros, resaltó los espacios de diálogo abiertos con el Gobierno Nacional y expresó la voluntad de los mineros de la zona para cumplir con la ley y desarrollar así una minería responsable que contribuya al desarrollo del país.
El plan de regularización y apertura de las concesiones actualmente suspendidas permitirá controlar y reducir la minería ilegal en la zona y el desarrollo de una minería controlada, generando aproximadamente 1.000 nuevas plazas de empleo directas e indirectas.
