Los directores de dos de las empresas mineras más importantes del país, expresaron su desacuerdo y preocupación ante el impuesto para empresas contaminantes que pretende aplicar el gobierno de Zacatecas.
Los titulares de Peñoles y de Fresnillo plc dudan de la legalidad del nuevo gravamen estatal, además de que –afirman- quita competitividad y amenaza con provocar la cancelación de nuevas inversiones.
“Trataremos de convencer al gobierno de Zacatecas de que un nuevo impuesto no es el camino a seguir”, expresó Octavio Alvídrez Ortega, director de Fresnillo plc, la cual tiene las dos minas que más plata producen en el país: “El Saucito” y “Fresnillo”.
Opinó que a través de la generación de empleos y el crecimiento de la derrama económica, las minas pueden contribuir más con el desarrollo de Zacatecas que a través de una carga fiscal adicional.
Mencionó que en los últimos cinco años se ha sufrido la baja en los precios de los metales, a lo que se sumó el impuesto minero que las empresas del sector pagan desde hace dos años.
En entrevista dijo estar en desacuerdo con que se califique a la minería como una industria altamente contaminante ya que la mayoría de las empresas cumplen todas las normas ambientales y cuenta con los certificado de Industria Limpia.
Señaló que tan sólo Fresnillo plc, en dos años de impuesto minero, ha contribuido con cerca de 200 millones de pesos.
“NOS PREOCUPA (…) SE HAN RETIRADO EXPLORACIONES”: FERNANDO ALANIS (PEÑOLES)
Fernando Alanís Ortega, director general de Industrias Peñoles dijo que los empresarios del sector están preocupados ante la posibilidad de nuevos gravámenes.
Recordó que con la reforma fiscal reciente se gravó el 7.5 por ciento a las utilidades, medida recaudatoria que “ya no es pareja” en relación con el resto de los sectores.
Los impuestos –dijo- quitan la ventaja competitiva que tiene México en comparación con otros países que ahora más atractivos para la inversión: “Ha habido un retiro importantísimo de empresas mineras exploradoras precisamente por la falta de incentivo y por el gravamen que se impuso hace dos años”.
Subrayó que el también denominado “impuesto ambiental” no es legal porque la minería depende de una legislación federal, al igual que la vigilancia del medio ambiente, por lo que la iniciativa fiscal debería ser igualmente federal.
“Esperamos una mayor revisión del gobierno estatal y que se considere que el sector minero no puede ya con cargas adicionales”, recalcó.
ÁREA NATURAL PROTEGIDA CON INVERSIONES MILLONARIAS
Alanís Ortega recordó la preocupación de la industria ante la propuesta de proteger cerca de una tercera parte del territorio estatal, ya que Peñoles y otras empresas tienen fundos con objeto de hacer exploración.
“Vemos con beneplácito la decisión del gobernador de hacer una revisión profunda de esta área natural, de reducirla y de encausarla a zonas donde realmente sea conveniente hacer esta protección”, agregó.
Afirmó que para contar con dichos fundos, ya se contaba con concesiones de la autoridad federal, pero una declaratoria de este tipo, hubiera impedido cualquier inversión en la zona.
Por su parte, Octavio Alvídrez Ortega, director de Fresnillo plc informó que en la zona que se pretendía declarar “zona natural protegida”, hay una potencial inversión de entre tres mil y cuatro mil millones de dólares a concretar en los años próximos.
Recordó que los mineros han insistido en que el potencial de explotación y desarrollo de esa zona del semidesierto, no es sólo en materia de minería, sino también en otros sectores como la generación de energía eólica y en la ganadera.
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