De todas las concesiones que se han otorgado en Guerrero para la explotación minera, solamente 10 por ciento se han podido concretar, pero el principal problema, pese a lo que a veces se piensa, no es la oposición de los comuneros en las tierras que podrían ser afectadas, sino la falta de inversionistas, expresó el presidente de la Asociación de Mineros y Metalurgistas del Estado de Guerrero, Justino Nava Flores.
En entrevista, Nava Flores señaló que la falta de inversión puede tener su origen en dos factores: por un lado, la inseguridad, que hace que los posibles inversionistas se alejen o no se animen a arriesgar su dinero; y por otro lado, el rezago de pagos en que se encuentra la mayor parte de la gente que tiene lote minero.
Explicó que muchas veces los campesinos saben que en su territorio hay minerales que pueden ser explotables, como el oro, cobre, plata, barita u otros, y lo denuncia para obtener la concesión. Por ese “denuncio” –notificación ante la autoridad de una zona minera- el campesino que tiene lote minero debe pagar impuestos al Estado, y a veces puede pasar cinco o 10 años con la concesión pero sin mover ni una piedra, con la esperanza solamente de conseguir un inversionista que quiera extraer el mineral y pagarle a él una cantidad.
Sin embargo, en todo ese tiempo aunque no explote la mina debe estar pagando impuestos en razón de 137 pesos por hectárea, lo cual no es demasiado si son 200 hectáreas, pero se convierte en impagable si se trata de 10 mil hectáreas, explicó el dirigente.
Entonces, dijo, los mineros dejan de pagar y su deuda se va incrementando y hay dos escenarios: o el inversionista no quiere aportar su dinero porque ya está muy rezagado el pago de los impuestos, que puede llegar a ser millonario; o el campesino pierde a los dos años de no pagar, el derecho sobre el terreno minero.
Sin embargo, dijo Nava Flores, el terreno minero si se explota puede pagar todo el adeudo y dejar buena ganancia, pero el problema es que ya se instaló ahí la desconfianza.
Indicó que como asociación, lo que se busca es precisamente mediar entre ambas posiciones, para que el inversionista sienta seguridad de que no será engañado con un anticipo que le pidan, y luego encontrar un terreno improductivo, y garantizar que el inversionista no a avasallar al minero.
La Jornada Guerrero
