ACAPULCO, Gro., 18 de octubre 2013.- Cámaras, asociaciones, representantes sindicales y de instituciones educativas relacionadas con la minería presentaron hoy una declaración conjunta en la que expresan su preocupación por la aplicación de un impuesto especial de 7.5 por ciento a los ingresos de operación de las empresas mineras del país, más un impuesto adicional de 0.5% a los ingresos por la enajenación de oro, plata y platino.
“Lejos de generar los ingresos fiscales contemplados en la iniciativa se tendrán efectos negativos irreversibles para el sector minero mexicano, afectando de manera importante su competitividad internacional”, expuso el presidente de la Asociación de Ingenieros en Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, José Martínez Gómez, al leer la declaración conjunta.
En el texto del gremio minero se advierte que el efecto inmediato de esta nueva carga fiscal –en caso de que sea ratificada por el Senado- “es la suspensión de las actividades en aquellas operaciones marginales que no podrán mantenerse con este costo adicional. Se generará un grave desempleo, una afectación irremediable a las comunidades y municipios mineros, muchos de los cuales no tienen ninguna otra alternativa lícita para mantener su calidad de vida”.
Se subraya que habrá un “impacto directo a la inversión planeada para el periodo 2013-2017 que se tenía previsto fuera de $30,000 millones de dólares; se prevé una desinversión de hasta 60% respecto a lo planeado, con lo que se dejarán de generar 100 mil empleos de largo plazo”.
De igual manera “habrá un grave daño definitivo a los empleos indirectos que se generan en proveedores de servicios y contratistas”, que son alrededor de 2 millones, se expone en la Declaratoria de Acapulco, emitida en el marco de la XXX Convención Mundial de Minería.
En conferencia de prensa, representantes de las cámaras, asociaciones, sindicatos y universidades respaldaron la declaratoria “que se emite a tiempo para que el Poder Legislativo de este país reflexione sobre el daño que este impuesto especial causará a la economía de México”.
“Contrario a las expectativas de la Reforma Hacendaria, el impuesto especial a la minería solo causará desinversión, suspensión de operaciones, desempleo y afectación a comunidades, proveedores, contratistas, estudiantes de las carreras de Ciencias de la Tierra que carecerán de fuentes de empleo, así como conflictos laborales”.
“La minería en México requiere de políticas públicas que incentiven la inversión, y no impuestos adicionales que la saquen de la competencia internacional”, sobre todo se ha presentado desde 2012 “una baja generalizada en los precios de los metales”, tanto preciosos como industriales a nivel internacional, “ciclo depresivo que tomará varios años antes de que haya una recuperación”, se expone en la Declaratoria.
Se recordó en la conferencia de prensa que la minería en México da a empleo directo a alrededor de 350 mil personas y de manera indirecta a más de 2 millones de personas, además de que es una de las actividades de mayor generación de divisas al país por exportaciones.
