Perú prolonga estado de emergencia 60 días contra minería ilegal y crimen organizado

El Senado peruano aprobó la prórroga por 60 días del estado de emergencia en distritos de Cajamarca y Madre de Dios, así como en Lima Metropolitana y el Callao, vigente desde el 28 de octubre. La medida responde a la presión conjunta de la minería ilegal y el crimen organizado —dos fenómenos que en Perú ya no es posible separar. No es la primera prórroga. Probablemente no sea la última. Y cada renovación confirma algo que el sector formal lleva años advirtiendo: el Estado peruano no controla sus propias cuencas auríferas.

Qué aprobó el Senado y qué significa en la práctica

Un estado de emergencia suspende garantías constitucionales específicas —libertad de tránsito, inviolabilidad de domicilio— y habilita el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional. En teoría, amplía el músculo operativo del Estado para intervenir zonas dominadas por redes criminales. En la práctica, su eficacia depende de la voluntad política de sostenerlo y de la capacidad logística de mantener presencia real en territorios que, en Madre de Dios, pueden implicar horas de navegación fluvial desde el punto de control más cercano.

La geografía importa. Cajamarca es la región que alberga algunos de los proyectos mineros formales más grandes del país —Yanacocha, La Granja, Conga— y al mismo tiempo convive con operaciones ilegales que operan en sus márgenes. Madre de Dios es el epicentro del oro ilegal en Sudamérica: la Amazonía baja peruana produce, según estimaciones del MINEM, entre 15 y 20 toneladas de oro al año al margen de cualquier registro tributario, ambiental o laboral. Extender la emergencia ahí no es un gesto simbólico. Es una declaración de que el Estado reconoce haber perdido el control de ese territorio.

Lima Metropolitana y el Callao en el mismo decreto revelan otra dimensión del problema: el crimen organizado vinculado a la minería ilegal no opera solo en las zonas de extracción. Sus redes de lavado, comercialización y exportación informal tienen nodos urbanos. Incluir la capital en el estado de emergencia es admitir que el ciclo delictivo ya penetró la logística portuaria y los circuitos financieros formales de la ciudad.

Madre de Dios: el costo de una década de tolerancia

La minería ilegal en Madre de Dios no es un fenómeno reciente ni marginal. Durante años operó en una zona gris —tolerada, formalizada a medias, perseguida selectivamente— mientras las organizaciones que la sostienen se capitalizaron, se armaron y desarrollaron vínculos con el narcotráfico. Hoy la ecuación de poder en esa región ya no es Estado vs. mineros informales. Es Estado vs. redes criminales con capacidad de cooptación institucional, corrupción de autoridades locales y control territorial efectivo.

El dato más revelador no está en el decreto de emergencia sino en lo que ocurrió antes de él. Operaciones como Mercurio —la intervención conjunta más ambiciosa en la historia reciente del país— destruyeron maquinaria, clausuraron dragas, decomisaron mercurio. El impacto duró meses. Luego las operaciones ilegales volvieron. Porque el problema no es de equipos: es de economía política. Mientras un gramo de oro ilegal de Madre de Dios rinda más neto —sin impuestos, sin regalías, sin cumplimiento ambiental— que uno formal, la rentabilidad comparativa siempre favorecerá a quien opera fuera del sistema.

El estado de emergencia no cambia esa ecuación. Puede alterarla temporalmente, puede desplazar operaciones, puede generar detenciones. Pero sin una estrategia de largo plazo que combine fiscalización, reforma de la cadena de comercialización del oro y desarrollo económico alternativo, los 60 días se convertirán en otros 60, y luego en otros.

El impacto sobre la inversión formal: señal ambigua, riesgo real

Para el sector minero formal, el estado de emergencia genera una señal contradictoria. Por un lado, es una señal de que el gobierno actúa: reconoce el problema, moviliza recursos, busca recuperar terreno. Eso puede leerse positivamente en Lima y en Toronto como voluntad de orden. Por otro lado, la necesidad de renovarlo cada dos meses revela la fragilidad estructural de esa acción. Un inversionista que evalúa poner capital en un proyecto greenfield en Cajamarca o en la zona amazónica lee ambas cosas al mismo tiempo.

Los proyectos formales en o cerca de zonas bajo emergencia enfrentan tres presiones concretas. Primera: la percepción de riesgo operativo aumenta, lo que encarece los seguros y complica la gestión de contratistas y subcontratistas. Segunda: los estados de emergencia prolongados pueden tensar las relaciones comunitarias, porque las comunidades locales perciben la presencia militar como amenaza antes que como protección, especialmente en regiones con memoria de conflictos. Tercera: la asociación pública entre minería y criminalidad —aunque la distinción entre ilegal y formal sea técnicamente clara— daña la reputación del sector en mercados de capital donde los criterios ESG determinan el acceso al financiamiento.

Southern Copper tiene pendiente Tía María, proyecto que ha enfrentado resistencia social durante más de una década. Anglo American opera Quellaveco con relativa estabilidad desde 2024, pero su modelo de relacionamiento comunitario requirió años de negociación. Freeport administra Cerro Verde en Arequipa con un perfil de conflictividad manejable. Ninguna de estas operaciones está directamente en las zonas bajo emergencia, pero todas comparten el mismo ecosistema regulatorio y reputacional. Lo que ocurre en Madre de Dios afecta cómo se percibe a Perú como destino de inversión minera, sin distinción de geografía o empresa.

Cajamarca: la región más politizada del mapa minero peruano

Incluir distritos de Cajamarca en el estado de emergencia añade una capa de complejidad política que no tiene Madre de Dios. Cajamarca es la región donde murió Conga —el proyecto de Newmont que habría sido una de las inversiones mineras más grandes de la historia del país— y donde Yanacocha opera con una licencia social permanentemente tensionada. Cualquier medida de seguridad extraordinaria en esa región activa memorias de conflicto y alimenta narrativas de criminalización de la protesta social.

La distinción que el decreto establece —el estado de emergencia responde a crimen organizado y minería ilegal, no a conflictividad social— es técnicamente correcta pero políticamente difícil de sostener en terreno. Los líderes comunitarios que se oponen a proyectos formales y los operadores ilegales que extraen sin permiso comparten geografía, aunque no agenda. Las operaciones de seguridad no siempre distinguen con la precisión que el decreto promete.

Eso genera un riesgo específico para la cartera de proyectos en Cajamarca: que la presencia militar intensificada reactive la conflictividad con comunidades que hoy mantienen una posición de resistencia pasiva. La región tiene una de las carteras de proyectos sin desarrollar más valiosas del país —La Granja, Michiquillay, Galeno— y prácticamente ninguna avanza por falta de licencia social. Un estado de emergencia mal gestionado puede cerrar esa ventana por años.

¿Qué necesita Perú que un decreto de emergencia no da?

La prórroga del estado de emergencia es un instrumento de corto plazo aplicado a un problema estructural. El crimen organizado vinculado a la minería ilegal en Perú lleva dos décadas consolidando su presencia en Madre de Dios, y en los últimos años ha extendido sus redes hacia Puno, Ayacucho y la sierra de Cajamarca. No se desmantelará en 60 días, ni en 120.

Lo que el sector formal necesita —y lo que ningún decreto de emergencia ofrece— es certeza jurídica estable, fiscalización efectiva de la cadena de comercialización del oro, y un marco de formalización minera que funcione. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) lleva años siendo prorrogado sin que la formalización efectiva avance de manera significativa. Esa paradoja —prorrogar la informalidad mientras se declara emergencia contra ella— es la contradicción central de la política minera peruana de la última década.

Perú tiene una cartera de proyectos mineros sin desarrollar valuada en más de US$53,000 millones. La diferencia entre que esa cartera se active o permanezca bloqueada no depende de los precios del cobre —que siguen siendo favorables— sino de la capacidad del Estado de garantizar orden, certeza y reglas estables. Un estado de emergencia renovado cada dos meses no es orden. Es la administración de la ausencia de orden. Y los inversionistas institucionales que monitorizan el riesgo político de sus portafolios latinoamericanos leen exactamente eso.