REINFO: Por qué la sexta ampliación no formalizaría la minería ilegal en Perú

La sexta ampliación del REINFO no formalizaría a nadie que la quinta no formalizó. Esa es la conclusión que emerge de las declaraciones de César Ipenza, abogado y vocero del Observatorio de Minería Ilegal, quien advirtió que una nueva prórroga del Registro Integral de Formalización Minera perpetúa un mecanismo que la minería ilegal lleva años aprendiendo a explotar. Mientras el debate político se concentra en si aprobar o no la extensión, el número que lo resignifica todo ya circula en los corredores del sector: la minería ilegal movilizó aproximadamente US$11,500 millones durante 2025 en Perú.

Cinco prórrogas, cero formalización estructural

El REINFO nació en 2012 como un registro transitorio para ordenar a los mineros artesanales e informales que operaban fuera del sistema formal. La lógica era sencilla: quien se registrara obtendría un plazo para cumplir los requisitos legales, ambientales y técnicos que la ley exige. El problema es que ese plazo se ha renovado cinco veces. Cada ampliación prometió ser la última. Ninguna lo fue.

Ipenza señala que el mecanismo de registro sin consecuencias reales de cumplimiento convirtió al REINFO en un escudo legal, no en una ruta de formalización. Un operador registrado en el sistema gana protección frente a la fiscalización mientras el reloj corre, pero sin obligación efectiva de avanzar hacia la legalidad plena. La sexta ampliación reproduciría exactamente esa dinámica: más tiempo, menos presión, mismos resultados.

El argumento más frecuente a favor de la prórroga es humanitario: miles de familias dependen de la actividad minera informal y una cancelación abrupta del registro generaría desempleo y conflicto social. Es un argumento válido, pero que Ipenza y el Observatorio rechazan como justificación suficiente para extender un instrumento que, en los hechos, no distingue entre el minero artesanal genuino y la organización criminal que usa el registro como cobertura.

US$11,500 millones: la economía paralela que el Estado no controla

La cifra de US$11,500 millones movilizados por la minería ilegal peruana en 2025 no es un estimado menor. Supera el presupuesto anual de varios ministerios peruanos y equivale a aproximadamente un tercio del valor total de la producción minera formal del país. Para ponerlo en perspectiva: Quellaveco, la operación de Anglo American que tardó más de una década en obtener permisos y superar resistencia comunitaria, produce en condiciones de plena legalidad, tributación y estándar ambiental. La minería ilegal produce sin ninguno de esos costos.

Esa asimetría de costos es el motor del problema. Cuando un operador informal no paga impuestos, no invierte en sistemas de tratamiento de mercurio, no compra seguros de responsabilidad ambiental y no contribuye al canon minero regional, su margen operativo supera con creces al del operador formal. El REINFO, al ofrecer protección temporal sin costo real de cumplimiento, no elimina esa asimetría. La institucionaliza.

Las regiones más afectadas son conocidas: Madre de Dios concentra la minería ilegal de oro aluvial con impacto devastador sobre la selva amazónica. Puno, La Libertad y Arequipa registran operaciones ilegales que en algunos casos se superponen geográficamente con concesiones formales vigentes, generando conflictos de titularidad y presión sobre comunidades locales. La minería ilegal en estas zonas opera con niveles de organización que van desde el minero artesanal individual hasta redes que controlan rutas de comercialización, financiamiento y, en los casos más graves, vínculos con economías criminales transnacionales.

El registro como herramienta de blanqueo operativo

Uno de los señalamientos más directos de Ipenza apunta a la función que el REINFO cumple en la cadena del lavado de activos minero. Un operador ilegal que extrae oro en zona prohibida o sin título habilitante puede comercializar su producción con mayor facilidad si figura en el registro, porque el documento acredita una condición de “en proceso de formalización” que algunos compradores de metal —formales o no— utilizan como respaldo suficiente.

Esto conecta al REINFO con el problema del comercio de oro opaco en Perú, que organismos internacionales y el propio gobierno han identificado como una ruta de lavado de dinero de alcance regional. Las exportaciones de oro peruano han mostrado, en años recientes, discrepancias entre volúmenes declarados y estimaciones independientes de producción, diferencia que en parte se explica por el ingreso de oro ilegal a la cadena formal de exportación.

Desde esa perspectiva, la sexta ampliación del REINFO no es solo un problema de política minera interna. Es un factor de riesgo en la cadena de suministro de oro que afecta a refinadoras internacionales, fondos de inversión responsable y compradores institucionales que operan bajo estándares de debida diligencia cada vez más estrictos. La presión regulatoria internacional sobre la trazabilidad del oro —desde la Unión Europea hasta las bolsas de metales en Londres— convierte este debate en uno con implicaciones comerciales concretas para la industria formal peruana.

Lo que la prórroga no resuelve y lo que sí podría hacerlo

El Observatorio de Minería Ilegal no plantea simplemente cancelar el REINFO sin alternativa. La posición de Ipenza apunta a que la prórroga debe ir acompañada de mecanismos de depuración real del padrón: identificar quién está usando el registro como escudo sin intención de formalizarse, y quién genuinamente avanza en el proceso. Sin ese filtro, la sexta ampliación agrega tiempo sin agregar rigor.

Los instrumentos que podrían marcar la diferencia incluyen: auditorías de campo cruzadas con imágenes satelitales para verificar que los registrados operan donde declaran operar; requisitos de avance verificable en permisos ambientales como condición para mantener la protección del registro; y exclusión automática de quienes figuren en investigaciones por minería ilegal activa. Ninguna de estas herramientas es nueva. Todas han sido propuestas en distintos momentos del debate minero peruano. La diferencia está en si el Estado tiene voluntad política y capacidad operativa para implementarlas.

La capacidad institucional del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) es parte del problema. Ambas entidades han operado con recursos insuficientes para el tamaño del padrón de informales que deben gestionar. Perú tiene decenas de miles de registros activos en el REINFO; fiscalizarlos requiere presencia territorial, personal técnico y sistemas de información que hoy no existen a la escala necesaria.

Inversión formal bajo presión cruzada

El impacto de este debate sobre la inversión minera formal no es inmediato ni visible en los titulares, pero es real. Los proyectos de exploración que operan en zonas donde la minería ilegal es activa enfrentan riesgos de interferencia física sobre sus concesiones, dificultades para reclutar comunidades locales que ya tienen relaciones establecidas con operadores informales, y complicaciones en el proceso de consulta previa cuando el tejido social está atravesado por economías ilegales.

Las operaciones formales establecidas, como Cerro Verde de Freeport-McMoRan en Arequipa o las unidades de Buenaventura en diversas regiones, no compiten directamente con la minería ilegal en los mismos yacimientos, pero sí comparten infraestructura, mercados laborales y ecosistemas regulatorios. Cuando el Estado peruano señala con la sexta prórroga que la formalización puede esperar una vez más, también señala que la institucionalidad minera opera con plazos indefinidamente prorrogables. Esa señal tiene costo en credibilidad regulatoria.

Perú tiene una cartera de proyectos mineros que supera los US$53,000 millones en distintas etapas de desarrollo. Ninguno de esos proyectos avanzará al ritmo que el país necesita si el marco institucional que los rodea sigue siendo percibido como frágil, negociable y permanentemente provisional. La sexta ampliación del REINFO, si se aprueba sin condiciones reales, suma otro dato a ese expediente.

US$11,500 millones en actividad ilegal no es un problema de registro. Es un problema de Estado.