Producción de oro en Chihuahua cae 21.5%: crisis estructural en la minería mexicana

Chihuahua perdió una de cada cinco onzas de oro que producía. La caída de 21.5% en la producción aurífera del estado durante abril de 2026 no es solo un dato estadístico: es la señal más clara de que el tercer estado minero de México enfrenta una contracción que sus números históricos no habían registrado en años recientes. Y lo que comienza en el oro no se detiene ahí — plata, plomo y zinc acusaron bajas simultáneas en el mismo periodo, configurando un deterioro transversal que obliga a revisar qué está pasando realmente en las entrañas de la minería chihuahuense.

Un estado que vale más de lo que parece en el mapa minero

Chihuahua no tiene la fama mediática de Sonora ni la densidad de proyectos de Zacatecas, pero su aportación al sector es estructural. El estado concentra alrededor del 12% de la producción minera nacional, con una base diversificada en plata, zinc, plomo y oro. Naica — una de las cavernas de cristales más extraordinarias del planeta y mina de plomo, zinc y plata — y Cozamin, operada por Capstone Copper, son los referentes más conocidos. Pero el perfil aurífero del estado, aunque modesto frente a Sonora, tiene peso en las cuentas globales de los productores que operan en la sierra chihuahuense.

La caída de 21.5% en oro durante abril es el tipo de variación que no se absorbe en un solo trimestre. Si el ritmo persiste, el impacto acumulado sobre el valor de la producción estatal podría representar decenas de millones de dólares menos en divisas, en impuestos locales y en derrama económica en municipios que dependen del sector. Chihuahua generó en 2024 una parte significativa del MX$260,000 millones de derrama económica que CAMIMEX atribuye a la minería nacional. Erosionar esa base no es un ajuste técnico — es un problema fiscal y social con nombre y apellido.

Cuatro metales en rojo: la señal que no admite lectura selectiva

Que el oro caiga se puede explicar con factores operativos puntuales: mantenimiento de equipos, agotamiento de frentes de alta ley, retrasos en permisos. Que caigan simultáneamente oro, plata, plomo y zinc en el mismo mes apunta a algo más sistémico. O bien hay un problema de capacidad instalada que atraviesa varios yacimientos, o las condiciones regulatorias y de seguridad en ciertas zonas de la sierra están frenando la operación normal.

La contaminación de las cuencas de Basaseachi y Tutuaca — donde autoridades detectaron cianuro y metales pesados — no es un dato al margen de esta historia. Cuando una operación enfrenta escrutinio ambiental serio, los ritmos de producción se alteran: hay revisiones, hay paros técnicos, hay renegociaciones con comunidades. El hallazgo de cianuro en esas cuencas, sumado a la caída productiva de abril, dibuja un escenario donde el costo regulatorio y reputacional empieza a pesar en los estados financieros, aunque todavía no aparezca en los reportes trimestrales con ese nombre.

La caída también coincide con una reducción drástica en capacitaciones y asistencia técnica del FIFOMI en Chihuahua. El Fideicomiso de Fomento Minero existe precisamente para sostener la competitividad técnica del sector, especialmente en operaciones medianas y pequeñas. Si esa asistencia se desplomó, las empresas que más dependen de ese soporte — las que no tienen los recursos de un Grupo México ni de un Newmont — son las que sienten primero el golpe en productividad.

El precio del oro no alcanza para compensar el volumen perdido

Hay una ironía cruel en el calendario de esta caída. El oro rompió los 3,100 dólares por onza troy a principios de 2025 y se ha mantenido en niveles históricamente elevados durante 2026, impulsado por la compra sostenida de bancos centrales —especialmente China e India— y por la incertidumbre que generan los aranceles de la administración Trump sobre los flujos comerciales globales. Para un productor de oro con volúmenes estables, este es el mejor entorno de precios en una generación.

Chihuahua llegó tarde a la fiesta. Una caída de 21.5% en volumen, en un contexto donde el precio por onza compensa parcialmente la baja, significa que el estado dejó sobre la mesa ingresos que no va a recuperar. El cálculo es sencillo: menos onzas producidas a precio alto igual a menos valor que si se hubieran producido las onzas normales a precio alto. La ventana de precios favorables no espera a que se resuelvan los problemas operativos.

Para las empresas que operan proyectos auríferos en Chihuahua, el impacto se traduce directamente en EBITDA. Y un EBITDA más bajo en un trimestre de precios récord es exactamente el tipo de señal que hace que los analistas en Toronto o Nueva York empiecen a hacer preguntas incómodas sobre la gestión de activos en el estado.

El tipo de cambio complica el panorama para los productores locales

La variable cambiaria agrega otra capa de complejidad. Los ingresos de la minería mexicana se denominan en dólares — los metales se cotizan en mercados internacionales — pero buena parte de los costos operativos se pagan en pesos: mano de obra, energía, servicios locales, impuestos estatales. Cuando el peso se aprecia frente al dólar, los márgenes se comprimen aunque el precio del metal suba. Cuando el peso se deprecia, los costos en dólares bajan y los márgenes mejoran.

En el contexto actual, la incertidumbre cambiaria asociada a la tensión comercial México-Estados Unidos — y al impacto de los aranceles Trump sobre la economía mexicana — crea una volatilidad que dificulta la planeación financiera de mediano plazo. Las operaciones en Chihuahua, muchas de ellas con estructuras de costos más altas que las de Sonora o Zacatecas por la complejidad geológica de la sierra, son especialmente sensibles a este tipo de presión marginal.

Lo que Chihuahua pierde, otros estados no compensan automáticamente

La tentación analítica es mirar a Sonora — donde Buenavista del Cobre y Las Chispas mantienen ritmos operativos sólidos — o a Zacatecas — con Peñasquito y Juanicipio como anclas de producción — y concluir que el sistema minero mexicano es lo suficientemente robusto para absorber una caída en Chihuahua. Esa lectura es correcta a nivel macroeconómico nacional, pero políticamente irresponsable a nivel estatal.

Los 400,000 empleos directos del sector minero mexicano no están distribuidos uniformemente. Los municipios de la sierra de Chihuahua donde opera la minería tienen estructuras económicas con poca diversificación. Cuando una mina reduce operaciones o enfrenta problemas regulatorios, no hay un sector alternativo que absorba el impacto laboral. El tejido económico local es frágil exactamente donde la minería más importa.

CAMIMEX reportó que en 2024 la minería generó MX$45,300 millones en impuestos y derechos a nivel nacional. Una parte de esa recaudación proviene de Chihuahua. Si la producción cae de forma sostenida, esa contribución fiscal disminuye — y las haciendas municipales de zonas mineras sienten el ajuste antes que la Federación lo registre en sus estadísticas.

La pregunta que nadie en el gobierno estatal está respondiendo

Chihuahua sigue siendo el tercer estado minero del país. Esa posición no desaparece por un mes de datos negativos. Pero la acumulación de señales — caída en cuatro metales simultáneamente, problemas ambientales documentados en cuencas clave, reducción en asistencia técnica del FIFOMI, escrutinio creciente sobre operaciones en la sierra — configura un momento en que las autoridades estatales deberían estar en la mesa con las empresas operadoras, revisando qué está frenando la producción y qué se puede hacer desde la política pública para evitar que abril de 2026 sea el inicio de una tendencia.

El gobierno de Sheinbaum ha mostrado un pragmatismo con el sector minero que contrasta con la postura de la administración anterior. El Plan México-Estados Unidos de Minerales Críticos, firmado en febrero de 2026, y la reducción del backlog de permisos en Zacatecas son señales de que hay voluntad política para mantener activo el sector. Pero esa voluntad necesita aterrizarse en Chihuahua, con acciones concretas que atiendan tanto el problema ambiental — real y documentado — como las condiciones operativas que están frenando la producción.

Una caída de 21.5% en un mes puede ser ruido estadístico. Dos trimestres consecutivos a ese ritmo es una crisis. El estado tiene tiempo de actuar — pero no mucho.