La certeza jurídica no es un concepto abstracto para Rio Tinto, Anglo American, Freeport McMoRan, Grupo México o China MinMetals. Es el criterio que determina si US$63,000 millones en proyectos mineros identificados en Perú avanzan hacia la construcción o se quedan atrapados en filas de permisología por cinco, diez o quince años. Eso fue lo que dejó en claro la mesa redonda de ejecutivos globales en el XVI Encuentro Internacional de Minería de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en Lima — no como diplomacia corporativa, sino como advertencia directa a un país que sigue siendo geológicamente privilegiado pero institucionalmente costoso.
- El mensaje que Lima necesita escuchar: el tiempo es el nuevo riesgo
- Grupo México y el peso del talento peruano en la operación global
- Anglo American y Freeport: cuando la decisión de inversión ya no es técnica
- China MinMetals calibra el atractivo peruano desde otra perspectiva
- Lo que US$63,000 millones en espera le cuestan al país cada año
El mensaje que Lima necesita escuchar: el tiempo es el nuevo riesgo
Juan Pablo Garrido, senior manager de Business Development Copper de Rio Tinto, fue el más directo. Para una empresa de su escala, la certeza jurídica no compite con la ley de mineral ni con la profundidad del yacimiento — las supera. “Las compañías globales necesitan confianza para tomar decisiones de largo plazo”, señaló, y lo que sigue es la consecuencia lógica que ningún gobierno minero quiere admitir: los inversionistas están perdiendo tolerancia frente a proyectos con cronogramas que se estiran indefinidamente.
No es retórica. El mercado del cobre opera bajo una presión estructural de oferta que combina la transición energética con la demanda de infraestructura para inteligencia artificial. Los grandes consumidores — China, Europa, Estados Unidos — necesitan volumen y lo necesitan en fechas concretas. Eso reduce la ventana en la que un proyecto con permisos retrasados sigue siendo atractivo. Garrido lo resumió con precisión quirúrgica: si el proceso de exploración toma demasiado tiempo, justificar la inversión se vuelve inviable antes de saber siquiera si hay mineral explotable.
Perú extrae alrededor del 10% del cobre mundial. Es el segundo productor global. Tiene reservas suficientes para mantener esa posición durante décadas. Pero la cartera de proyectos detenidos — Tía María, Los Chancas, Michiquillay, Galeno, entre otros — acumula más de US$50,000 millones en inversión paralizada por conflictos sociales no resueltos o procesos de licencia que se miden en décadas, no en meses. Esa es la imagen que circuló implícita en cada intervención de la mesa redonda.
Grupo México y el peso del talento peruano en la operación global
Isaac Franklin, director general de Administración de Americas Mining Corporation — brazo operativo de Grupo México en el país — eligió subrayar el activo más frecuentemente ignorado en los debates de inversión: el capital humano. “El talento peruano es muy valioso y no solo sirve para operaciones locales, sino para nuestra operación global”, afirmó. La declaración tiene más contenido estratégico del que parece.
Grupo México opera en Perú a través de Southern Copper, que mantiene activos en Cuajone y Toquepala, además del proyecto Michiquillay aún sin desarrollar. La empresa exportó desde Perú aproximadamente 480,000 toneladas de cobre en 2024, una cifra que representa cerca del 15% del total nacional. Desde esa posición, Franklin señaló que el ciclo alcista del cobre — impulsado precisamente por la electrificación y la infraestructura de datos — está descongelando iniciativas que permanecían paralizadas por precios insuficientes. El mineral está ahí. Los precios justifican la inversión. Lo que no está resuelto es el proceso.
El contraste con México es relevante aquí, aunque no fue el tema de la mesa. Grupo México enfrenta en su país de origen presiones regulatorias propias — la Ley de Aguas 2026, el legado de la Reforma Minera de 2023 — pero opera dentro de un marco de concesiones establecido y con un gobierno Sheinbaum que ha demostrado pragmatismo creciente con el sector. En Perú, el reto es distinto: la plataforma legal existe, pero la ejecución de permisos y la gestión del componente social siguen siendo los cuellos de botella que Franklin y sus pares no dejaron de mencionar.
Anglo American y Freeport: cuando la decisión de inversión ya no es técnica
Rubén Fernandes, COO de Anglo American, articuló un cambio estructural en la metodología de decisión de inversión que toda autoridad minera debería tomar en serio. Las variables que antes eran secundarias — sociales, ambientales, legales, geopolíticas — ahora compiten en el mismo nivel que el análisis técnico y financiero. No como aspiración de responsabilidad corporativa, sino como factor de riesgo con impacto directo en el costo de capital.
Anglo American tiene en Perú su proyecto Quellaveco, que entró en producción en 2022 tras más de veinte años de desarrollo. Fue, en su momento, un caso de gestión social compleja que terminó bien — un acuerdo negociado directamente con las comunidades de Moquegua que se convirtió en referencia regional. Pero el costo en tiempo y recursos fue monumental. Fernandes sabe mejor que nadie que ese modelo no puede ser el estándar para toda la cartera.
Andrea Vaccari, vicepresidenta de Responsible Production Frameworks de Freeport McMoRan, fue aún más específica. Las comunidades tienen capacidad real para detener proyectos de gran escala. No como amenaza hipotética — como realidad documentada en múltiples jurisdicciones. Su prescripción: transparencia desde las primeras etapas, no como obligación regulatoria, sino como condición de viabilidad. “Es un desafío creciente en la industria”, sostuvo, y la frase carga más peso cuando viene de una empresa que opera Cerro Verde en Arequipa, uno de los complejos cupríferos más grandes del mundo.
China MinMetals calibra el atractivo peruano desde otra perspectiva
La presencia de Gong Yu, general counsel de China MinMetals, en la mesa no es un detalle menor. China es el principal destino del cobre peruano y el principal financiador de proyectos mineros en América Latina. Cuando MinMetals evalúa Perú, lo hace con una vara diferente a la de las mineras occidentales: los plazos de retorno pueden ser más largos, la tolerancia al riesgo político puede ser mayor, pero la exigencia de estabilidad macroeconómica y calidad del recurso sigue siendo igual de alta.
Gong Yu identificó tres fortalezas peruanas que, en su lectura, mantienen al país competitivo frente a alternativas en África, Australia o América del Norte: la calidad de los recursos, la estabilidad macroeconómica y el talento especializado. Ninguna de las tres está en disputa. Lo que está en disputa es si el marco institucional — permisos, consulta previa, conflictos sociales — permite convertir esas fortalezas en producción dentro de plazos que el mercado del cobre pueda absorber.
Lo que US$63,000 millones en espera le cuestan al país cada año
La cifra de US$63,000 millones en proyectos identificados pero no ejecutados no es solo una métrica de oportunidad perdida. Tiene consecuencias fiscales concretas. El canon minero que distribuye el gobierno peruano a regiones productoras depende directamente de la utilidad operativa de los proyectos en producción. Cada año que Michiquillay, Los Chancas o Galeno permanecen sin desarrollar es un año de regalías, impuestos y empleo directo que no llega a Cajamarca, Apurímac o las regiones del sur.
La SNMPE estima que Perú necesita incorporar entre 300,000 y 500,000 toneladas adicionales de cobre a su producción anual para mantener su cuota global en un mercado que crecerá significativamente antes de 2035. Con los proyectos actuales en operación — Antamina, Las Bambas, Cerro Verde, Cuajone, Toquepala — el techo de producción está próximo. La siguiente ola de crecimiento requiere exactamente los proyectos que están detenidos.
El mensaje de Lima no es que el capital esté dejando Perú. Es más preciso y más incómodo: el capital está esperando, pero su paciencia tiene fecha de vencimiento. Rio Tinto, Anglo American, Freeport y Grupo México no abandonan jurisdicciones geológicamente estratégicas de un día para otro. Sí reasignan recursos hacia proyectos con permisos más ágiles — Chile, Canadá, Zambia — mientras la fila peruana avanza a su propio ritmo. Cada mes de demora en el proceso de licencia no es un costo abstracto. Es inversión que fluye a otro destino, y con ella, los empleos, las divisas y el canon que Perú ya calculó en su presupuesto pero aún no puede cobrar.
