México llega a la revisión del T-MEC con una contradicción estructural sin resolver: un tratado construido sobre cero aranceles y un socio comercial que convirtió los aranceles en política industrial. La reunión del 26 de mayo no será una renegociación clásica — será una negociación de daños, donde el piso ya no es libre comercio sino cuánto se paga y bajo qué condiciones.
- El acero y el aluminio: el costo que ya se paga
- La trampa de la Sección 232: seguridad jurídica que aún no existe
- El eje China: el quid pro quo que define el margen de maniobra
- Minerales críticos: fuera del tratado, pero dentro del juego
- El giro Sheinbaum: pragmatismo que necesita resultados tangibles
- Lo que la revisión vale en términos concretos
Para la minería mexicana, esa distinción no es semántica. Es la diferencia entre integrar cadenas de valor en Norteamérica o seguir exportando concentrados a precios que ya no reflejan la realidad del mercado.
El acero y el aluminio: el costo que ya se paga
Los aranceles del 50% sobre acero y aluminio mexicano — con propuesta de reducción al 25% condicionada a producción en suelo estadounidense — no son amenaza futura. Ya operan. Y aunque no golpean directamente a la producción minera, sí encadenada: el acero que usa Grupo México en Buenavista del Cobre, los insumos estructurales que requiere Peñasquito en Zacatecas, el costo de expansión de cualquier planta de beneficio en Sonora.
Kenneth Smith, quien fungió como negociador técnico jefe de México en el T-MEC original, describió la lógica de Washington con precisión clínica: los aranceles no son consecuencia de las negociaciones bilaterales recientes, sino de una estrategia mayor de relocalización industrial. “Esto responde al impulso de EUA de promover la relocalización industrial… para crear incentivos para que las empresas muevan producción a Estados Unidos”, señaló en un foro privado en Ciudad de México organizado por la Coalición para el Comercio de América del Norte (CNAT).
Esa declaración debería leerse despacio en las oficinas de CAMIMEX. Si el objetivo de Washington es mover producción al norte, México no compite solo por aranceles más bajos — compite por demostrar que sus cadenas de valor son estratégicamente irremplazables.
La trampa de la Sección 232: seguridad jurídica que aún no existe
El punto más delicado para el sector minero no está en los aranceles actuales sino en la incertidumbre sobre los futuros. Smith lo articuló con precisión: México puede cerrar un buen acuerdo en la revisión del T-MEC y, sin garantías sobre medidas tipo Sección 232, quedar expuesto a aranceles discrecionales en cualquier momento posterior.
“Existe preocupación… de que puedas llegar a un buen acuerdo T-MEC, pero sin certeza sobre las medidas 232, podrías ser golpeado después con aranceles discrecionales”, advirtió.
Para los proyectos mineros en desarrollo, eso es exactamente el tipo de riesgo que paraliza decisiones de inversión. Un productor de cobre en Sonora con un horizonte de 20 años no puede modelar flujos de caja cuando no sabe si el metal que exporta a fundidoras estadounidenses será gravado por decreto ejecutivo en 2027. Orla Mining en Camino Rojo, Agnico Eagle y Teck en San Nicolás, Torex Gold en Guerrero — todos operan bajo ese manto de incertidumbre.
La Sección 232, diseñada originalmente como herramienta de seguridad nacional, se convirtió durante la administración Trump en un mecanismo de presión comercial de uso flexible. México necesita que la revisión del T-MEC produzca límites claros a ese mecanismo — no solo compromisos políticos, sino disciplinas legales exigibles. Sin eso, el tratado renegociado será más frágil que el original.
El eje China: el quid pro quo que define el margen de maniobra
Brady y Smith fueron directos: el precio de los aranceles más bajos es alineamiento con la postura de América del Norte frente a China. No es una posición nueva, pero en el contexto del Plan México-EUA de Minerales Críticos — firmado el 4 de febrero de 2026 — adquiere dimensiones operativas concretas para la minería.
“El quid pro quo para eliminar aranceles debería ser una estrategia norteamericana para confrontar prácticas desleales”, dijo Smith, apuntando hacia remedios comerciales coordinados, cumplimiento aduanero y políticas de cadena de suministro.
Para México, ese planteamiento tiene una implicación directa: si quiere reducir aranceles sobre sus metales, necesitará comprometerse a cerrar —o al menos visibilizar— las rutas por las que insumos chinos transitan hacia mercado estadounidense bajo etiqueta mexicana. Eso implica mayor trazabilidad en cadenas de suministro, reglas de origen más estrictas y, potencialmente, restricciones a inversión china en sectores como el litio o el cobre.
Grupo México, Peñoles y First Majestic operan con proveedores, financiadores y compradores de múltiples geografías. Un endurecimiento de las reglas de origen en minerales críticos no es un ajuste administrativo — es un rediseño de contratos, logística y relaciones comerciales de largo plazo.
Minerales críticos: fuera del tratado, pero dentro del juego
Smith fue claro en Que los minerales críticos no ingresarán formalmente al T-MEC en esta revisión. Reabrir el tratado para crear nuevos capítulos requeriría cambios legislativos en los tres países — una ecuación políticamente inviable bajo el calendario actual.
Pero “fuera del tratado” no significa fuera de la negociación. Tanto Brady como Smith señalaron la vía paralela: usar los mecanismos existentes del capítulo de competitividad para construir un mercado regional de minerales críticos sin modificar el texto del acuerdo.
Esa vía paralela es precisamente el espacio donde el Plan México-EUA de Minerales Críticos cobra valor real. El acuerdo firmado en febrero busca integrar la producción mexicana — plata, cobre, litio, fluorita — en cadenas USMCA con acceso preferencial al mercado estadounidense. Si la revisión del T-MEC produce un marco de cooperación en minerales críticos fuera del texto formal del tratado, México tendría un instrumento bilateral más ágil y menos expuesto a los vaivenes legislativos de Washington.
Las reservas de litio mexicanas — 243 millones de toneladas, las más grandes del mundo según estimaciones recientes — son el activo de mayor valor en esa negociación. El modelo mixto público-privado que impulsa el gobierno de Sheinbaum, un giro notable respecto a la nacionalización que impulsó AMLO, abre la puerta a que ese recurso se convierta en moneda de cambio concreta durante las conversaciones con Washington.
El giro Sheinbaum: pragmatismo que necesita resultados tangibles
La estrategia del gobierno mexicano ha sido consistente: no confrontar directamente, mostrar resultados en seguridad y mantener el diálogo abierto. Smith reconoció que esa postura ha sido la respuesta política de México, aunque no ha producido todavía la eliminación arancelaria completa que el sector demanda.
Marcelo Ebrard, al señalar que América del Norte debe superar la “nostalgia” del ambiente de cero aranceles, hizo un reconocimiento implícito que la industria minera no puede ignorar: el marco comercial cambió estructuralmente y las empresas deben planificar bajo ese nuevo paradigma.
El backlog de permisos mineros — reducido de 25 a 5 en Zacatecas durante 2025 — es evidencia del giro pragmático. Pero un backlog resuelto no reemplaza la certeza jurídica de largo plazo que los inversionistas institucionales exigen antes de comprometer capital para proyectos de 15 o 20 años. Toronto y Nueva York miran el proceso de revisión del T-MEC no como un evento diplomático, sino como una prueba de fuego del ambiente de negocios en México.
El Fraser Institute ubicó a México en el lugar 49 global en 2024 — una mejora significativa desde el lugar 74 anterior, pero todavía alejado de los primeros lugares que históricamente ocupan jurisdicciones con certeza jurídica robusta. La revisión del T-MEC es una oportunidad para consolidar ese avance o revertirlo, dependiendo de qué garantías logre Ebrard en Washington.
Lo que la revisión vale en términos concretos
México exportó US$17,800 millones en minerales en 2024 — el sexto generador de divisas del país. Una fracción relevante de esas exportaciones va directamente a Estados Unidos o utiliza insumos que cruzan la frontera. Cada punto arancelario que no se elimine en la revisión del T-MEC es un costo que algún actor de la cadena absorbe: el productor en Sonora, el fondo que financia el proyecto en Zacatecas o el consumidor final en Detroit.
La discusión sobre acero y aluminio parece alejada de la minería de metales preciosos, pero no lo es. Las fundidoras, los equipos de perforación, la infraestructura de transporte — todo depende de insumos metálicos cuyo costo ya se incrementó por los aranceles vigentes. Una empresa como Newmont en Peñasquito no compra acero directamente de China, pero sus proveedores sí enfrentan esa cadena de precios.
Brady resumió la postura de Washington con una claridad que debería circular entre los equipos legales de CAMIMEX: el presidente cree en aranceles más altos y los ve como instrumento de política industrial, no solo como herramienta defensiva. Negociar desde esa premisa requiere que México llegue al 26 de mayo con algo más que buena voluntad — necesita activos estratégicos, compromisos verificables y disciplinas jurídicas que protejan a sus exportadores de la discrecionalidad ejecutiva estadounidense.
Si la revisión produce solo compromisos políticos sin mecanismos de cumplimiento, el sector minero mexicano operará los próximos cinco años bajo la misma incertidumbre que hoy frena decisiones de inversión en exploración. Y US$5,060 millones de inversión anual, con todo lo que representa, necesita un horizonte más claro que el que ofrece la agenda del 26 de mayo.
