El cuerpo número 26 fue recuperado en Pasta de Conchos. Veinte años después de la explosión que el 19 de febrero de 2006 sepultó a 65 mineros en la mina de carbón de Grupo México en Coahuila, los trabajos de rescate siguen produciendo resultados que el Estado mexicano tardó casi dos décadas en permitir. Cada recuperación es, simultáneamente, un acto de justicia incompleta y un recordatorio de lo que significa operar una industria extractiva sin los estándares que hoy se exigen — y que entonces se ignoraron de forma documentada.
- Veintiún años de deuda: lo que la cifra 26 representa
- El estándar de seguridad que la explosión de 2006 no cumplía
- Licencia social y continuidad operativa: la lección que Pasta de Conchos sigue dando
- Coahuila y el carbón: el flanco débil del mapa minero mexicano
- Lo que el gobierno Sheinbaum debe sostener más allá del rescate
Veintiún años de deuda: lo que la cifra 26 representa
De los 65 trabajadores que quedaron atrapados tras la detonación de gas metano en el tiro 3 de la mina Pasta de Conchos, 39 siguen sin ser recuperados. La cifra 26 no es un avance menor — es el resultado de una presión sostenida de familias que durante casi dos décadas exigieron al gobierno y a Grupo México que se reanudaran las labores. Durante años, la empresa argumentó que el rescate era técnicamente inviable. Los gobiernos federales sucesivos respaldaron esa posición. Las familias nunca la aceptaron.
La reanudación oficial de los trabajos de recuperación, ordenada ya en el sexenio de López Obrador y continuada bajo la administración Sheinbaum, cambió la narrativa. No solo como gesto político — sino como operación técnica real que ha requerido rehabilitación de galerías, extracción de gases y presencia de personal especializado en condiciones de alto riesgo. Cada cuerpo recuperado demuestra que la inviabilidad técnica de décadas anteriores era, al menos parcialmente, una decisión de costos.
Para el sector minero en su conjunto, esa constatación tiene implicaciones que van más allá del caso específico. Pasta de Conchos sigue siendo la referencia más citada cuando se debate la responsabilidad corporativa en minería mexicana — y seguirá siéndolo mientras haya 39 trabajadores sin recuperar.
El estándar de seguridad que la explosión de 2006 no cumplía
La investigación posterior a la tragedia estableció que Pasta de Conchos operaba con ventilación deficiente, sin sistemas adecuados de detección de metano y con registros de accidentes previos que no habían desencadenado intervenciones regulatorias. La Secretaría del Trabajo de entonces recibió críticas directas por la debilidad de su función inspectora. Grupo México enfrentó señalamientos sobre el estado de la infraestructura minera, aunque nunca fue condenado penalmente.
Dos décadas después, el marco regulatorio mexicano para minería subterránea de carbón es formalmente más estricto. La NOM-032-STPS establece requerimientos específicos para minas de carbón, incluyendo monitoreo de gases, planes de evacuación y sistemas de comunicación. Pero la distancia entre la norma escrita y su aplicación efectiva en cuencas carboníferas de Coahuila sigue siendo un tema abierto. La región produce el 95% del carbón coquizable del país y opera con una combinación de grandes concesiones y minería artesanal que hace difícil la inspección uniforme.
El contraste con los estándares actuales que aplican las majors en otras operaciones mexicanas es evidente. Las minas de plata y oro en Sonora, Zacatecas y Chihuahua — operadas por Peñoles, First Majestic, MAG Silver o Torex Gold — reportan métricas de seguridad bajo marcos como TSM o ISO 45001 que incluyen indicadores de frecuencia de accidentes, horas de capacitación y auditorías de terceros. La minería de carbón de Coahuila no opera en ese ecosistema de transparencia.
Licencia social y continuidad operativa: la lección que Pasta de Conchos sigue dando
Para cualquier director de operaciones que lea este artículo, la historia de Pasta de Conchos contiene una advertencia de largo plazo que trasciende el caso puntual. Una tragedia no gestionada con transparencia y responsabilidad produce un pasivo reputacional que ningún departamento de comunicación puede resolver. Genera presión regulatoria acumulada. Empodera comunidades. Y eventualmente obliga a la empresa y al Estado a hacer lo que se negaron a hacer en el momento más crítico — a un costo humano, económico y político exponencialmente mayor.
Las familias de Pasta de Conchos no solo exigen la recuperación de restos. Exigen el esclarecimiento de responsabilidades penales, la declaración de verdad oficial sobre las condiciones de operación y el reconocimiento explícito de que el sistema de supervisión falló. Son tres demandas que ninguna empresa minera debería querer gestionar veinte años después de un accidente. Son, también, exactamente lo que ocurre cuando la gestión de una crisis se subordina a los intereses económicos de corto plazo.
El concepto de licencia social no es abstracto en este contexto. Grupo México opera Buenavista del Cobre en Sonora — la mina de cobre más grande del país — bajo una presión comunitaria y ambiental que nunca ha desaparecido desde el derrame del Río Sonora en 2014. La combinación de dos grandes pasivos ambientales y sociales activos pesa sobre la reputación corporativa de la empresa en cada negociación con gobierno, en cada proceso de renovación de concesiones y en cada análisis de riesgo que hacen los inversionistas institucionales que monitorean su desempeño ESG.
Coahuila y el carbón: el flanco débil del mapa minero mexicano
Coahuila produce alrededor de 15 millones de toneladas de carbón al año, con destino principal a las plantas siderúrgicas de AHMSA y a la CFE. La cuenca carbonífera de la región — que incluye municipios como San Juan de Sabinas, Múzquiz y Nueva Rosita — concentra cientos de pequeñas y medianas operaciones que conviven con las grandes minas. Es en ese ecosistema donde los estándares de seguridad son más difíciles de aplicar y donde la historia de Pasta de Conchos tiene más resonancia inmediata.
Desde 2006 ha habido otros accidentes en minas de carbón de Coahuila, incluyendo tragedias en pocitos — las pequeñas excavaciones artesanales que operan al margen de los grandes títulos concesionarios. El Estado ha respondido con mayor fiscalización en algunos periodos, pero sin una transformación estructural del modelo de supervisión. La capacidad inspectora de la Secretaría del Trabajo en la región sigue siendo insuficiente frente al número de operaciones activas.
La transición energética agrega una capa de complejidad. La demanda de carbón coquizable para siderurgia no desaparecerá en el corto plazo, pero la reducción gradual del carbón térmico cambia el perfil de inversión de las operaciones. Empresas que no ven futuro a largo plazo en el activo tienen menos incentivos para invertir en seguridad. Es una dinámica conocida en cuencas carboníferas de todo el mundo — y Coahuila no es inmune a ella.
Lo que el gobierno Sheinbaum debe sostener más allá del rescate
La recuperación de los cuerpos en Pasta de Conchos bajo la administración actual tiene un valor político obvio. Pero la continuidad de los trabajos enfrenta presiones reales: la complejidad técnica aumenta a medida que se profundiza en las galerías, los costos crecen y la atención pública fluctúa. Las familias de los 39 trabajadores que faltan tienen razón en insistir en que los trabajos no se detengan.
Más allá del rescate inmediato, el gobierno tiene pendiente la resolución del componente de justicia. La prescripción de acciones penales ha sido un obstáculo legal invocado reiteradamente. Las familias argumentan que los delitos de homicidio industrial no deben prescribir mientras los cuerpos permanezcan en la mina. Es un debate jurídico que la Suprema Corte podría eventualmente tener que resolver si el caso escala.
Para CAMIMEX y para las empresas que operan en México bajo estándares internacionales, la posición más inteligente es la que ya han adoptado algunas: reconocer que Pasta de Conchos representa un antes y un después en la historia de la seguridad minera mexicana, y documentar con datos verificables cómo sus propias operaciones superan los estándares que aquella mina incumplió. No como distanciamiento, sino como demostración de que el sector aprendió.
El cuerpo número 26 fue recuperado. Treinta y nueve familias siguen esperando. La deuda no es solo con ellas — es con la credibilidad de un sector que necesita demostrar, operación por operación, que Pasta de Conchos no puede repetirse.
