La Corte de Apelaciones de Antofagasta abrió un nuevo capítulo en el caso Dominga. El tribunal admitió un recurso de casación y suspendió los efectos de su propia sentencia del 20 de febrero. En la práctica, la Resolución de Calificación Ambiental, o RCA, vuelve a regir de manera temporal. La medida no autoriza un arranque inmediato de obras. Pero sí reordena un expediente con más de una década de disputas. También devuelve aire a una inversión estimada en US$2.500 millones.
El punto no es menor. En febrero, la misma corte anuló de oficio lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental en la etapa de cumplimiento. Según el Poder Judicial, ese procedimiento se aplicó a un caso no previsto por la ley. Ahora, el tribunal acogió a trámite un recurso presentado por el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Totoralillo Norte. Además, suspendió los efectos de ese fallo. Andes Iron sostiene que esa decisión restablece la vigencia de la RCA mientras la discusión sigue su curso judicial.
Eso cambia la posición procesal del proyecto. La RCA es el permiso ambiental base para una iniciativa de esta escala. Sin ese instrumento, el avance administrativo queda bloqueado o bajo fuerte incertidumbre. Con la vigencia temporal restituida, la empresa gana margen para seguir con su hoja de ruta regulatoria. En su sitio oficial, Dominga señala que cuenta con RCA aprobada. También afirma que tramita más de 250 permisos sectoriales para iniciar la construcción.
Dominga se ubica en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo. El diseño contempla dos rajos a cielo abierto, llamados Norte y Sur, y un puerto. La empresa proyecta producir 12 millones de toneladas anuales de concentrado de hierro de alta ley. También estima 150.000 toneladas anuales de concentrado de cobre. La inversión ronda los US$2.500 millones. Andes Iron presenta ambos minerales como insumos estratégicos para la industria y la transición energética.
Esa promesa económica explica parte del apoyo que Dominga conserva. Pero la resistencia ambiental explica la otra mitad del conflicto. En enero de 2025, el Comité de Ministros volvió a negar el permiso del proyecto. El gobierno chileno argumentó que el área exige una sensibilidad especial por su biodiversidad. La resolución apuntó a posibles efectos sobre el pingüino de Humboldt y otras especies protegidas. También cuestionó la ausencia de un plan suficiente para mitigar eventuales derrames de combustible o de concentrado de hierro.
El itinerario judicial ayuda a entender por qué Dominga sigue atrapado entre fallos opuestos. En diciembre de 2024, el Primer Tribunal Ambiental dejó sin efecto la decisión de 2023 y ordenó un nuevo pronunciamiento del Comité de Ministros. Esa nueva revisión terminó, otra vez, en rechazo durante enero de 2025. Después vino la sentencia de febrero de 2026 de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Ahora llegó el giro más reciente. La misma corte congeló los efectos de ese fallo mientras la Corte Suprema revisa los recursos pendientes.
Conviene leer este movimiento con frialdad. No es una aprobación definitiva. Tampoco equivale a un cierre del conflicto ambiental. Es, sobre todo, un alivio procesal para Andes Iron. Sin embargo, el dato institucional pesa. Cuando un proyecto de esta magnitud entra y sale de la legalidad aparente según la etapa del juicio, el problema deja de ser solo ambiental. También pasa a ser un tema de certeza regulatoria. Chile lo sabe bien. En julio de 2025, el Congreso aprobó una ley para acelerar permisos de inversión, precisamente en medio de críticas por demoras y trabas.
No es casual que el debate reaparezca cuando Chile busca destrabar inversiones complejas. En enero de 2026, Codelco obtuvo permiso ambiental para extender la vida de Ministro Hales hasta 2054. Ese proyecto exige una inversión de US$2.800 millones. El antecedente muestra que el sistema sí puede aprobar iniciativas de gran escala. Por eso Dominga pesa tanto. No solo discute un yacimiento. También pone a prueba la coherencia del marco ambiental y judicial chileno.
Dominga se volvió un caso emblemático porque concentra varias tensiones al mismo tiempo. Ahí se cruzan la protección de ecosistemas sensibles, la demanda de minerales y la reputación institucional del país. Para la minería, el expediente importa más allá de Coquimbo. Chile necesita proyectos nuevos si quiere sostener su peso en metales clave. También necesita demostrar que un estándar ambiental exigente puede convivir con reglas previsibles. Sin ese equilibrio, ni las comunidades ni el capital saben a qué atenerse.
Desde una mirada sectorial, el caso también recuerda algo incómodo. Los proyectos no compiten solo por geología. Compiten por tiempos, tribunales y confianza. Un yacimiento atractivo pierde valor cuando cada resolución abre una disputa nueva. Dominga expone ese costo con claridad. La empresa insiste en que la iniciativa cumple la ley y los estándares ambientales. Sus críticos responden que el entorno marino y costero no admite márgenes de error. Entre ambas posiciones, el Estado chileno todavía no consigue una salida estable.
No conviene minimizar el componente ambiental. El área cercana a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt seguirá en el centro del debate. Esa discusión merece rigor técnico, no consignas. Pero tampoco conviene ignorar lo que está en juego del lado productivo. Dominga ofrece hierro de alta ley y cobre, dos productos con mercado y uso industrial claros. El fallo de esta semana no resuelve ese dilema. Lo devuelve a la Corte Suprema, que ahora carga con una decisión capaz de influir en inversión, gobernanza y confianza institucional.
Por ahora, Dominga no puede cantar victoria. Recuperó tiempo y recuperó una RCA que vuelve a respirar mientras continúa el litigio. Eso ya es mucho para un proyecto que parecía asfixiado hace semanas. Pero el fondo permanece intacto. Chile aún debe definir si puede abrir espacio a una gran inversión minera sin debilitar la protección ambiental que el caso exige. Esa respuesta no servirá solo para Dominga. Servirá para medir la solidez del sistema que evaluará la siguiente ola de proyectos en el país.
