Cerro de Pasco Resources dio un paso decisivo en Perú. La compañía firmó con Activos Mineros S.A.C. un acuerdo de acceso e investigación. El convenio le abre la superficie de toda la instalación de relaves de Quiulacocha. También cubre áreas fuera de la concesión El Metalurgista. Ese cambio le permite mirar el proyecto completo y no solo la porción donde ya tenía derechos mineros.
La noticia importa porque destraba una limitante central. El proyecto ya contaba con avances regulatorios previos, pero la empresa todavía necesitaba una vía operativa más amplia. El nuevo acuerdo con AMSAC le da coordinación sobre toda la huella superficial del depósito. Eso reduce fricción para perforar, estudiar y ordenar el desarrollo técnico del activo.
En 2024, la firma ya había recibido respaldo del Consejo de Minería para seguir el trámite de servidumbre legal. Ese proceso le permitía buscar acceso a las áreas superficiales del proyecto y sostener un programa confirmatorio de 40 perforaciones. El acuerdo firmado ahora no borra esa ruta. La vuelve menos rígida y más inmediata mientras la empresa mantiene el trabajo con autoridades y permisos pendientes.
Con el acceso total, Cerro de Pasco podrá ejecutar perforación de definición de recursos y estudios geotécnicos e hidrogeológicos. También podrá desplegar geofísica de superficie y subsuelo, líneas base ambientales, monitoreo, instrumentación y revisión de datos históricos. Ese paquete técnico busca sostener una futura estimación de recursos, el estudio de factibilidad y la evaluación de impacto ambiental y social. En otras palabras, el acuerdo mueve al proyecto desde la disputa por acceso hacia la preparación de ingeniería y permisos.
Este paso tampoco surgió de la nada. En 2021, la empresa obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental para explorar el depósito de Quiulacocha. También recibió aprobación técnica de la Autoridad Nacional del Agua. Ese expediente cubría un programa de 40 perforaciones sobre la concesión El Metalurgista. La novedad de marzo de 2026 amplía el campo de acción a toda el área superficial del relave.
El convenio también exige una apuesta económica concreta. La contraprestación inicial ronda 7.2 millones de soles, equivalentes a unos 2.1 millones de dólares. El acuerdo además contempla flexibilidad para extender plazos. A eso se suma otro dato relevante. A inicios de marzo, la U.S. International Development Finance Corporation acordó aportar hasta 5 millones de dólares para actividades de desarrollo y dejó abierta la posibilidad de estudiar hasta 300 millones para construcción, sujeto a hitos, debida diligencia y aprobaciones internas.
El mercado reaccionó de inmediato. Durante la sesión del 26 de marzo, la acción llegó a mostrar un salto cercano a 20%. Al cierre en Toronto, el papel terminó en 0.68 dólares canadienses. Eso implicó una ganancia diaria de 13.33%. La lectura bursátil fue clara: los inversionistas vieron un cuello de botella menos en un proyecto que llevaba meses esperando definición sobre acceso.
Quiulacocha no es un relave menor. La DIA de 2021 describió un depósito de alrededor de 115 hectáreas. La ficha corporativa de marzo de 2026 estima unas 75 millones de toneladas de material procesado entre los años veinte y los noventa. Ese volumen ayuda a entender por qué la empresa habla de uno de sus activos más transformadores. También explica por qué cualquier avance en acceso despierta tanta atención.
La historia metalúrgica del sitio refuerza ese interés. Los operadores depositaron relaves en Quiulacocha desde inicios de la década de 1920. El mayor volumen llegó después de 1943, cuando la planta Paragsha trató primero mineral de cobre y después mineral de
, plomo y plata. Esa trayectoria dejó una mezcla singular de metales base, plata y elementos tecnológicos. Ahí aparece una parte del atractivo que hoy seduce al mercado.
Los resultados de perforación que la empresa divulgó en 2025 alimentan esa expectativa. La campaña de 40 barrenos reportó un promedio de 51.65 gramos por tonelada de plata. También informó 1.49% de zinc y 0.88% de plomo. En paralelo, destacó 53.2 gramos por tonelada de galio y 19.9 gramos por tonelada de indio. Además, encontró cobre, oro y una presencia importante de pirita.
Aquí conviene poner un freno al entusiasmo. La propia documentación corporativa aclara que varias tablas históricas e internas no cumplen la norma NI 43-101. La empresa las usa para ilustrar potencial, no para declarar recursos o reservas vigentes. Ese matiz importa mucho. El acceso completo resuelve un obstáculo operativo, pero no reemplaza la metalurgia, la ingeniería, la evaluación económica ni la ruta ambiental.
Aun con esa cautela, el proyecto tiene una virtud que merece atención. No parte de roca que aún deba extraerse desde cero. Parte de material ya depositado durante décadas. La empresa plantea una extracción hidráulica con bombas sumergibles sobre barcazas y tuberías flotantes. Según su material técnico, ese esquema puede reducir polvo, ruido, explosivos y parte de la logística pesada. Si la ingeniería confirma esa promesa, el proyecto podría combinar recuperación metálica con una intervención menos agresiva que la minería convencional.
Ese punto resulta especialmente relevante en Pasco. AMSAC no es un actor marginal. El Estado peruano la ubica como empresa pública bajo FONAFE y le encarga la remediación de pasivos ambientales mineros de alto riesgo. También le asigna funciones de promoción de inversión y encargos especiales del Estado. Que esa entidad firme un marco de acceso con una minera junior abre una discusión de fondo: cómo monetizar pasivos históricos sin perder control público ni exigencia ambiental.
El contexto internacional también obliga a mirar el proyecto con disciplina. El estándar global sobre relaves impulsado por UNEP, PRI e ICMM exige gobernanza robusta, protección ambiental, transparencia y caracterización integral de las instalaciones. El programa anunciado por Cerro de Pasco encaja con esa lógica porque incluye estudios hidrogeológicos, geotécnicos y ambientales. Pero esa coincidencia todavía existe solo en el papel. La credibilidad llegará cuando la empresa muestre datos, diseño, permisos y controles verificables.
La sensibilidad territorial en Pasco refuerza esa exigencia. En marzo de 2026, AMSAC reportó forestación de 500 quinuales en Quiulacocha. Días después, también informó una campaña médica para más de 300 pobladores de Champamarca. Son señales de un entorno donde la remediación, la comunidad y la salud pública ya forman parte de la conversación diaria. Ningún proyecto serio puede entrar ahí con una mirada estrecha o puramente financiera.
Conviene leer este avance con un criterio amplio. Para la minería peruana, Quiulacocha puede convertirse en un caso de prueba sobre cómo recuperar valor de pasivos históricos. Si funciona, mostrará que la remediación también puede generar metales, empleo y nueva inversión. Si falla, recordará que no basta con encontrar contenido metálico. Hay que ordenar gobernanza, agua, comunidad y factibilidad desde el primer día.
Desde una óptica editorial, la noticia tiene peso propio. El acceso completo era uno de los candados que frenaban la escala real del proyecto. Hoy ese candado cedió. Todavía faltan permisos, validación técnica y demostración económica. Pero la ruta ya quedó mucho más despejada para uno de los desarrollos de relaves más observados del Perú. Y eso, en una industria que necesita combinar producción con remediación, no es un detalle menor.
