Sierra Mojada: Depósito de Zinc y Plata Paralizados por Litigios Legales en México

Silver Bull Resources perdió el arbitraje internacional. La demanda de US$374.9 millones contra México fue desestimada por razones jurisdiccionales y de prescripción. Y como si eso no bastara, un tercero mexicano aprovechó los tres años y medio que duró ese proceso para mover fichas en los tribunales locales y obtener un gravamen sobre las licencias mineras del proyecto Sierra Mojada. El activo sigue formalmente inscrito a nombre de Silver Bull, pero llega al mercado con un pasivo legal que ningún socio institucional querrá asumir sin resolución previa.

Sierra Mojada: el tamaño del depósito no está en duda. El acceso a él, sí

Ubicado en Coahuila, Sierra Mojada es un depósito de óxidos explotable a cielo abierto con un recurso mineral Medido e Indicado de 70.4 millones de toneladas con ley de 3.4% zinc y 38.6 g/t plata, conforme a NI 43-101. Eso equivale a 5,350 millones de libras de zinc contenido y 87.4 millones de onzas de plata. No es un proyecto junior especulativo de boleta rasa: tiene escala real. La zona de alta ley de zinc suma 13.5 millones de toneladas a 11.2% Zn, y la zona de alta ley de plata alcanza 15.2 millones de toneladas a 114.9 g/t. La mineralización permanece abierta en tres direcciones. Silver Bull lleva invertidos más de US$80 millones en exploración a lo largo de años de trabajo en campo.

El problema no es el depósito. El problema es que ese depósito está, en este momento, bajo un gravamen disputado que ningún banco prestamista ni socio estratégico va a ignorar en su due diligence. La compañía reconoce explícitamente en su comunicado que los esfuerzos legales “implican riesgo y pueden no tener éxito”. Esa es una declaración de materialidad, no un párrafo de cierre de press release.

El arbitraje que no llegó a fondo: una derrota procesal, no sustantiva

El laudo arbitral internacional que desestimó la demanda de US$374.9 millones no resolvió si México actuó bien o mal frente a Silver Bull. Lo desestimó por jurisdicción y prescripción. Dicho de otra forma: el tribunal nunca llegó al fondo del asunto. No hubo absolución del Estado mexicano por las acciones que la compañía alegó como perjudiciales. Tampoco hubo condena. Hubo una puerta cerrada antes de que se pudiera argumentar el caso central.

Eso tiene una lectura doble. Para Silver Bull, es una derrota costosa en tiempo y dinero —tres años y medio de proceso, con todos los gastos legales que implica— sin haber cobrado un centavo ni haber obtenido el reconocimiento que buscaba. Para el gobierno mexicano, la resolución no sienta precedente sustantivo sobre el trato a inversiones extranjeras en el sector, lo que en sí mismo es una señal ambigua para el mercado. No hubo jurisprudencia. Hubo un cierre técnico.

Lo que sí ocurrió durante ese período fue el movimiento del tercero local. Mientras Silver Bull concentraba recursos en el arbitraje internacional, alguien en los tribunales mexicanos de menor instancia avanzó posiciones. Esa combinación —distracción del litigante principal, lentitud judicial mexicana en primera instancia— es el escenario que los equipos legales de mineras junior deben tener presente cuando contemplan estrategias de arbitraje simultáneas.

Coahuila en el mapa minero: un estado que busca relevancia

Coahuila no está en el primer plano cuando se habla de minería mexicana. Sonora domina con casi el 45% de la producción nacional de cobre y volúmenes importantes de oro y plata. Zacatecas concentra el 33% de la producción de plata del país con proyectos como Peñasquito, Saucito, Juanicipio y Camino Rojo. Coahuila aparece en el radar principalmente por su tradición carbonífera —hulla y carbón térmico del Valle de Sabinas— y por proyectos no metálicos.

Sierra Mojada representaría una transformación real para el perfil minero del estado. Un proyecto de 87.4 millones de onzas de plata y más de 5,300 millones de libras de zinc, llevado a producción, colocaría a Coahuila en el mapa de los estados metálicos de primera línea. Pero esa posibilidad sigue siendo hipotética. El proyecto no tiene estudio de prefactibilidad actualizado, no tiene Evaluación de Impacto Ambiental aprobada, no tiene ingeniería avanzada. Está, técnicamente, en etapa de recurso con un camino largo hacia la factibilidad —y ese camino empieza por resolver lo que hoy bloquea el acceso a las licencias.

El zinc que el mercado quiere, cuando el proyecto no puede producirlo

El zinc cotiza en la LME con una dinámica que favorece, en teoría, los proyectos como Sierra Mojada. Los inventarios del metal en bodegas certificadas permanecen en niveles bajos respecto a la demanda estructural vinculada a galvanizado de acero y transición energética. La plata, por su parte, rompió niveles que no se veían desde hace años, impulsada por la demanda industrial en paneles fotovoltaicos y electrónica. El CEO de Silver Bull, Tim Barry, lo señala directamente: el activo que fue valuado en más de US$374.9 millones hace dos años “hoy vale sustancialmente más” por el alza en precios de ambos metales.

El argumento es válido en términos de valor en tierra. El problema es que el valor en tierra de un depósito sin acceso legal claro no se monetiza. No hay banco de proyecto que financie un activo bajo gravamen disputado. No hay major que firme un joint venture con título encumbered. El mercado no paga por lo que no se puede desarrollar, y Silver Bull lo sabe: su propio comunicado condiciona cualquier avance a “restaurar título claro y acceso” como primera prioridad.

¿Qué puede hacer Silver Bull desde aquí?

La compañía tiene ante sí un camino estrecho. Las opciones legales en México —amparo, apelaciones, nulidades— existen, pero los tiempos del sistema judicial mexicano rara vez se ajustan a los calendarios de una junior cotizada en TSX con caja limitada. Silver Bull no reporta ingresos operativos. Su único activo es Sierra Mojada. Cada trimestre de proceso legal sin resolución es capital quemado en administración y litigación, sin contrapartida productiva.

La mención a un posible “socio industrial fuerte” en el comunicado es el pivot que la administración necesita para seguir justificando la historia frente a sus accionistas. Un socio con músculo financiero y capacidad de absorber riesgo legal podría cambiar la ecuación. Pero ese socio, si existe y si es serio, exigirá primero ver la cadena de título limpia. El círculo se cierra sobre sí mismo: para atraer capital, necesita título. Para recuperar título, necesita capital y tiempo legal. Para sostener ese tiempo, necesita una historia creíble para el mercado.

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha mostrado señales más pragmáticas hacia la inversión minera extranjera que su predecesor. El Plan México-EUA de Minerales Críticos, firmado en febrero de 2026, y la reducción del backlog de permisos en Zacatecas son indicadores de una administración que reconoce el valor estratégico del sector. Pero ese pragmatismo tiene límites: el gobierno federal no va a intervenir en un litigio civil entre privados y una empresa extranjera para allanar el camino de Sierra Mojada. Eso no funciona así, ni en México ni en ningún otro país.

El costo real del tiempo perdido

Silver Bull lleva más de dos décadas trabajando Sierra Mojada. La compañía completó perforaciones, definió recursos, construyó bases de datos geológicas robustas. Más de US$80 millones en exploración documentan ese esfuerzo. Pero un proyecto minero no avanza únicamente por acumulación de conocimiento técnico. Avanza por decisiones de inversión, y las decisiones de inversión requieren certeza legal, certeza ambiental y certeza regulatoria. Las tres están ausentes hoy en Sierra Mojada.

Para el pipeline minero de México, la situación de Sierra Mojada es una señal de alerta que va más allá de una sola compañía. Muestra cómo la intersección entre arbitraje internacional, litigios locales de terceros y demoras judiciales puede convertir un activo técnicamente sólido en un proyecto inmovilizado por años. Los equipos de riesgo de las juniors canadienses que contemplan México como destino de exploración tienen en este caso un estudio de caso que no necesita elaboración adicional.

El depósito de Sierra Mojada sigue siendo real. Sus 87 millones de onzas de plata y sus 5,300 millones de libras de zinc no desaparecen porque haya un gravamen sobre las licencias. Lo que desaparece es la posibilidad de convertir ese recurso en producción mientras el problema legal no se resuelva. Y en minería, un depósito que no se puede desarrollar tiene el valor exacto que el mercado le asigna a la incertidumbre: muy poco.