Chile dejó a un paso un hito que el mercado esperaba desde hace meses. La ministra de Minería, Aurora Williams, afirmó este martes 27 de enero de 2026 que el contrato de operación de litio del proyecto Maricunga ya quedó listo para su firma, en un movimiento que consolida la entrada de Rio Tinto a uno de los salares más atractivos del norte chileno, en sociedad con la estatal Codelco.
La señal no resulta menor. Maricunga funciona como la segunda gran apuesta del Estado chileno para ampliar la oferta de litio fuera del Salar de Atacama, con un modelo de control público y asociación con un actor privado de escala global. En esa lógica, el contrato de operación se vuelve el documento que ordena la cancha, fija obligaciones y habilita el siguiente tramo del proyecto, desde permisos hasta decisiones de inversión.
Maricunga aparece con frecuencia en reportes e intervenciones oficiales como un salar estratégico. A diferencia de otros cuerpos salinos que el gobierno abrió a inversión con esquemas más flexibles, el plan chileno reservó Atacama y Maricunga para una conducción estatal, con Codelco como brazo ejecutor.
La ruta de Maricunga ya mostraba avances previos. En julio de 2025, el Diario Financiero reportó que el Contrato Especial de Operación de Litio del proyecto avanzó hacia la Contraloría, y la autoridad recordó que el ministerio cerró procesos de consulta indígena vinculados a estos desarrollos, un paso que suele marcar el ritmo real de los cronogramas.
Qué pone en juego el contrato y por qué importa ahora
En términos prácticos, el contrato de operación de litio define el marco que permite explotar un mineral no concesionable bajo reglas específicas. En Chile, el litio mantiene un tratamiento singular por su carácter estratégico, de modo que los proyectos requieren instrumentos contractuales y autorizaciones sectoriales que no aplican igual a otros minerales.
Un antecedente clave quedó publicado en el Diario Oficial el 22 de enero de 2026, donde el Ministerio de Minería formalizó cambios a requisitos y condiciones del contrato especial asociado a Maricunga y a su sociedad titular. El texto refleja ajustes de definiciones y alcances, y también deja rastro del camino administrativo que siguió el CEOL en años recientes.
El mensaje de este enero encaja con lo que la industria veía venir. Codelco y Rio Tinto anunciaron en mayo de 2025 un acuerdo vinculante para formar una empresa conjunta y desarrollar el proyecto en el Salar de Maricunga, con Codelco como controlador y Rio Tinto con 49.99%. Reuters describió entonces un paquete de aportes de capital que podía llegar a 900 millones de dólares, ligado a hitos de estudios, decisión final y arranque comercial.
Rio Tinto, en su propio comunicado corporativo, detalló una estructura similar. La firma habló de financiamiento para estudios, recursos para construcción tras una decisión de inversión y un incentivo adicional si logran la primera producción hacia 2030. Ese calendario, aunque ambicioso, se alinea con el interés del Estado por acelerar proyectos sin renunciar al control.
Codelco y Rio Tinto: una alianza con lectura industrial
La asociación tiene una lectura más amplia que el litio. Codelco busca diversificar ingresos y construir un segundo pilar de negocio, mientras sostiene su rol central en cobre. Rio Tinto, por su parte, persigue masa crítica en “materiales para la transición”, con litio como prioridad, y suma Chile a un mapa regional donde ya impulsa activos en Argentina. Reuters subrayó ese impulso y el objetivo de ampliar la huella sudamericana del grupo.
Para Chile, el socio también importa por capacidades. Un actor global aporta músculo financiero, experiencia en ingeniería y cadenas de suministro, y una relación directa con compradores industriales. En un mercado que castiga los retrasos y premia la certidumbre contractual, ese paquete puede traducirse en ejecución más rápida y en mejores condiciones de financiamiento.
La conversación no se agota en cifras. La discusión pública en Chile gira alrededor de gobernanza, transparencia y diseño institucional. Un análisis del Natural Resource Governance Institute advirtió en 2025 que los hitos contractuales de la estrategia del litio pueden quedar frágiles si no mejoran estándares de información pública y control, especialmente cuando el Estado negocia con actores dominantes o con procesos poco competitivos.
Agua, territorio y licencia social: el punto sensible de Maricunga
Maricunga se ubica en la Región de Atacama, en un entorno de estrés hídrico y ecosistemas altoandinos delicados. Allí, el debate sobre tecnologías de extracción, uso de agua y monitoreo ambiental suele definir la viabilidad política y social, además de la viabilidad técnica.
En los últimos años, medios internacionales y organizaciones han puesto foco en la preocupación por disponibilidad de agua y en la percepción de comunidades indígenas sobre proyectos de litio en salares del norte chileno. Un reporte de The Guardian sobre Maricunga recogió temores por escasez, impactos ecológicos y tensiones de consulta, en un contexto donde la industria promete métodos menos intensivos en agua.
En ese punto, el gobierno y las empresas enfrentan una tarea concreta. Necesitan convertir los compromisos en mediciones y resultados verificables. La palabra “relacionamiento comunitario” se repite, pero el termómetro real lo pone el territorio, con mesas de trabajo, acuerdos exigibles y trazabilidad ambiental que soporte auditorías.
Codelco ya había enmarcado esa prioridad. En octubre de 2024, la corporación informó una reunión de seguimiento del proyecto donde su presidente del directorio subrayó la necesidad de un relacionamiento comunitario sólido, transparente y bien informado, y donde la autoridad ministerial ligó el avance de Maricunga a la estrategia nacional y a la consulta indígena.
El reto, desde una mirada periodística, consiste en conciliar tres tiempos que chocan. El mercado pide rapidez. La institucionalidad exige permisos, revisiones y toma de razón. El territorio demanda confianza y garantías. Si el contrato de operación ya quedó listo para firma, como afirmó la ministra, la presión se mueve al siguiente cuello de botella, que suele aparecer en autorizaciones sectoriales, evaluación ambiental y decisiones de inversión.
Una ventana para la economía y para la cadena de valor
Más allá de la polémica, el litio sigue siendo un vector económico relevante. Cada tonelada que Chile suma con gobernanza robusta y estándares ambientales estrictos fortalece el rol del país en baterías, electromovilidad y almacenamiento. También abre espacio para políticas industriales realistas, sin prometer “milagros” de manufactura inmediata, pero sí empujando servicios, proveedores y conocimiento aplicado.
En ese sentido, la minería del litio puede jugar a favor cuando el Estado usa su peso para exigir valor local, innovación y cumplimiento. El caso Maricunga, por la talla de Codelco y Rio Tinto, sirve como prueba de estrés para ese modelo. Si funciona, Chile gana una vitrina internacional. Si falla, el costo lo paga la credibilidad de toda la estrategia.
La firma del contrato, por sí sola, no produce litio mañana. Pero ordena el proyecto y reduce incertidumbre. En industrias intensivas en capital, esa reducción vale dinero. También puede valer tiempo, que hoy se volvió un recurso escaso, porque Australia, Argentina y otros jugadores compiten por inversiones y por compradores con contratos de largo plazo.
La noticia del 27 de enero de 2026 marca, entonces, un cambio de etapa. Chile pasa del diseño político a la implementación contractual en uno de sus salares clave. Ahora el país necesita que los instrumentos no se queden en la firma y empujen ejecución, cumplimiento ambiental y beneficios tangibles en Atacama.
