Codelco y Quiborax formalizaron una sociedad para avanzar en un paso que hoy define la industria del litio en Chile: conseguir un Contrato Especial de Operación de Litio, conocido como CEOL, para el Salar de Ascotán, en la Región de Antofagasta. La nueva empresa se llama Minera Ascotán SpA. La estatal tendrá 34% y Quiborax 66% en una primera etapa. El acuerdo también fija un giro relevante: cuando el CEOL llegue, ambas partes abrirán la puerta a un nuevo socio que tome una participación mayoritaria y financie el desarrollo del proyecto junto con Codelco.
El movimiento encaja en una estrategia más amplia del Estado chileno para aumentar su control en el litio sin cerrar el paso al capital privado. El Gobierno presentó la Estrategia Nacional del Litio con la idea de que empresas estatales lideren la arquitectura de nuevos proyectos, mediante asociaciones con privados, especialmente fuera del Salar de Atacama. En ese marco, Codelco y Enami asumen un rol protagónico como brazos operativos del Estado.
Ascotán aparece como una apuesta con potencial y con incógnitas. Codelco sostuvo que el salar representa el tercero más grande de Chile en superficie con salmueras subterráneas y, hasta ahora, no registra exploración de litio. Ese dato explica el énfasis en “exploración potencial” y también la prudencia del diseño societario. Nadie acelera inversiones de miles de millones si aún faltan sondajes, líneas base y una primera foto técnica del recurso.
La noticia también pone foco en el mecanismo regulatorio. Chile clasifica el litio como recurso de interés nacional y, en gran parte de su régimen, no lo trata como una concesión minera tradicional. El CEOL funciona como habilitante específico para explorar y explotar, bajo condiciones que el Estado define y fiscaliza. Por eso la obtención del contrato se vuelve el cuello de botella y, al mismo tiempo, la señal que destraba financiamiento, ingeniería y permisos posteriores.
Codelco y Quiborax solicitaron el CEOL como consorcio en enero de 2025. La estatal comunicó que el Ministerio de Minería enviará en las próximas semanas el decreto supremo con las condiciones generales del CEOL a la Contraloría General, y luego firmará el contrato con Minera Ascotán SpA. Ese calendario importa porque fija el paso administrativo antes de entrar en definiciones técnicas y comerciales más pesadas.
La estructura inicial, con Quiborax como mayoritario, no contradice la lógica de control estatal que Chile ha defendido en proyectos estratégicos. El pacto de accionistas, según Codelco, obliga a incorporar a un nuevo socio que asumirá una mayoría en el vehículo, pero con desarrollo “en conjunto con Codelco”. En la práctica, el diseño sugiere un reparto de roles. Quiborax aporta presencia territorial y conocimiento operativo en salares del norte. Codelco aporta músculo institucional, relación con el Estado y conducción bajo la estrategia nacional. El nuevo socio, si llega, pondrá el grueso del capital y tecnología para convertir salmuera en producto comercial.
Quiborax no llega desde cero al mapa de los salares. La empresa opera en Chile como productora de ácido bórico y desarrolla faenas en el norte, incluida actividad asociada a salares como Surire, además de referencias sectoriales que ubican operaciones en Ascotán. Esa experiencia no equivale a producción de litio, pero sí entrega aprendizaje logístico en altura, manejo de salmueras, relacionamiento local y continuidad operacional en zonas remotas.
El desafío real aparece cuando el litio entra en escena. La extracción desde salmueras concentra debate por agua, ecosistemas y gobernanza. El Salar de Atacama se volvió el ejemplo más visible de tensiones entre producción, biodiversidad y comunidades. Ese telón de fondo obliga a que cualquier nuevo proyecto, incluso en etapa temprana, anticipe estándares más estrictos, monitoreo robusto y transparencia sobre impactos. La licencia social ya no se negocia al final. Se construye desde el inicio, con información y compromisos verificables.
Aquí, Ascotán ofrece una ventaja narrativa y técnica: al no registrar exploración de litio, el proyecto puede diseñar su línea base con metodologías actuales y con exigencias ambientales modernas, en vez de “corregir” decisiones del pasado. Esa condición no elimina riesgos. Sí permite planear mejor la huella hídrica y el enfoque tecnológico. La industria viene empujando alternativas como la Extracción Directa de Litio, que promete reducir evaporación y acelerar producción, aunque cada salar exige validación propia. Chile ya discute estas rutas en proyectos emblemáticos, como Maricunga.
La apuesta de Codelco por el litio se volvió explícita. La estatal ya camina en paralelo por tres carriles: la sociedad con SQM para Atacama, la alianza con Rio Tinto para Maricunga, y ahora la plataforma con Quiborax para Ascotán. En diciembre de 2025, Codelco y SQM anunciaron la creación de NovaAndino Litio para el Salar de Atacama. En mayo de 2025, Codelco y Rio Tinto informaron un acuerdo para impulsar Maricunga con inversión comprometida y control estatal. Ascotán se suma como opción de crecimiento fuera de los polos tradicionales, aunque con una etapa técnica aún incipiente.
Desde una mirada industrial, el anuncio tiene una lectura clara: Chile busca sostener relevancia en un mercado donde Australia, China y Argentina compiten con velocidad. El país ya posee reputación geológica y experiencia de décadas, pero el reloj de la transición energética no espera. Cada retraso regulatorio o social se traduce en pérdida de cuota y de influencia en cadenas de valor que hoy se reorganizan alrededor de minerales críticos. El CEOL, en ese sentido, no solo ordena. También puede acelerar si el Estado fija reglas claras y reduce incertidumbre.
En ese equilibrio, la entrada de un tercer socio mayoritario marca el punto más sensible. El mercado interpretará esa búsqueda como una prueba de apetito por riesgo en salares nuevos. También medirá el paquete completo: calidad del recurso, estabilidad regulatoria, exigencias ambientales, y condiciones de gobernanza con un actor estatal. Si el proceso se ejecuta con disciplina, Chile puede atraer a un operador con tecnología y capital, sin ceder conducción estratégica. Si el proceso se alarga, el proyecto corre el riesgo de quedarse como promesa, justo cuando la región acelera.
Codelco informó además los primeros nombramientos del directorio y la gerencia general. La estatal designó a Jaime San Martín y Felipe Killian como directores. Quiborax nombró a Allan Fosk, Ignacio Riva Posse y Yatsen Lee. Daniel Ocqueteau asumirá como gerente general. Los nombres importan menos por notoriedad y más por señal institucional: la empresa se armó para tramitar, coordinar y preparar la transición hacia una etapa con más capital y más exigencia técnica.
La minería del litio, cuando se gestiona bien, puede convivir con objetivos de desarrollo, empleo y encadenamientos industriales. Chile lo entiende y por eso intenta un modelo donde el Estado no solo cobre renta, sino que también ordene el ciclo completo, desde acceso al recurso hasta estándares ambientales y beneficios territoriales. Aun así, el éxito no se decretará con una sociedad por acciones. Se medirá con datos, monitoreo, acuerdos con comunidades, y una ingeniería que cuide agua y salares como activos naturales. En un país que ya vive el debate del Atacama, Ascotán nacerá bajo escrutinio.
Para la minería, la señal también resulta positiva: el Estado no se repliega, pero tampoco clausura al sector privado. Al contrario, invita a competir por un rol mayoritario en un proyecto nuevo, con Codelco como socio estratégico. Ese modelo, si se sostiene, puede destrabar cartera, diversificar la matriz productiva y abrir espacio a proveedores, ciencia aplicada y empleo especializado en el norte. Antofagasta ya vive del cobre. El litio puede sumar una segunda columna, siempre que el diseño ambiental y social lo aguante.
