Claudia Sheinbaum comunicó el 23 de junio de 2025 que su gobierno no entregará nuevas concesiones mineras. Esa decisión provoca incertidumbre en el sector, pese a que la Inversión Extranjera Directa (IED) en minería ocupa el tercer lugar nacional. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta caídas en el PIB sectorial desde mediados de 2023, con una contracción del 9.3 % anual entre enero y marzo de 2025, la mayor desde el tercer trimestre de 2017.
Desinvertir implica que no llegarán nuevas inversiones ni infraestructura. La directora de análisis económico de Banco BASE, Gabriela Siller, señala que sin concesiones, el sector se mantendrá a la baja; en un contexto donde los precios del oro y la plata han sido favorables, México está desaprovechando oportunidades.
Miguel Barrios, de la UAM, atribuye la estrategia a un enfoque nacionalista, que podría erosionar la confianza entre agentes establecidos. Esa dinámica también podría generar efectos adversos en las finanzas públicas. El proceso de revisión de las concesiones otorgadas se vuelve central en la próxima evaluación del T‑MEC, ya que el acuerdo prohíbe restricciones a inversiones existentes.
Según Banamex, la minería podría arrastrar el rendimiento de toda la industria manufacturera, enfrentar una contracción de hasta el 8 % en 2025 frente a una caída del 5 % en 2024. El economista jefe de Bx+ advierte que en un escenario de alta incertidumbre interna y externa, junto a tasas de interés reales elevadas, la inversión seguirá limitada.
Al analizar la composición de la IED, más del 69 % se concentra en minerales metálicos, con Canadá, Estados Unidos y Australia como principales inversionistas. Canadá aporta 16 633 mdd en total, seguido por EE. UU. con 8 585 mdd y Australia con 2 265 mdd.
El marco legal y su interpretación cobran relevancia: la suspensión de nuevas concesiones y la revisión de las existentes afectan no solo las inversiones, sino también el entorno jurídico del sector. El equilibrio entre protección ambiental y crecimiento económico se pone en jaque, especialmente en regiones con comunidades indígenas e industrias rurales tradicionales .
A pesar de los riesgos, el gobierno sostiene que desea priorizar la revisión ambiental y evitar impactos negativos. No obstante, la industria minera genera empleos, desarrollo regional y recursos fiscales. En este sentido, es posible explorar un modelo sostenible, que combine responsabilidad ambiental, respeto comunitario y atracción de capital.
El reto radica en diseñar una política pública que garantice monitoreo riguroso, control de contaminación, transparencia, consulta con comunidades y una lógica de desarrollo regional. La suspensión temporal de nuevas concesiones puede ser un punto de partida para reorganizar la industria ante criterios verdes y sociales, sin sacrificar la capacidad de atraer inversión en exploración, aprovechamiento y desarrollo tecnológico.
