Resolute Mining Ltd. anunció que su director ejecutivo, Terry Holohan, y dos empleados más abandonaron Mali tras su reciente detención en Bamako. El incidente ocurrió pocos días después de que la empresa australiana acordara pagar $160 millones para resolver una disputa fiscal con el gobierno maliense.
La compañía informó que los tres detenidos se encuentran fuera del país y en buen estado. Las detenciones duraron más de una semana y coincidieron con reuniones entre Holohan y las autoridades locales para tratar temas fiscales y mineros.
Resolución fiscal: acuerdo millonario
El gobierno de Mali exigió a Resolute Mining el pago de 100 mil millones de francos CFA ($161 millones) por impuestos atrasados. Según fuentes cercanas, esta solicitud surgió de una auditoría realizada a varias empresas mineras en el país. Resolute respondió a esta demanda con un primer pago de $80 millones y se comprometió a liquidar el resto en los próximos meses.
La empresa utilizó sus fuentes de liquidez existentes para cumplir con este acuerdo. Este desembolso busca asegurar la continuidad de sus operaciones en la mina de oro Syama, uno de sus activos más importantes en África Occidental.
Contexto político tenso en Mali
Desde 2020, un régimen militar liderado por el coronel Assimi Goita gobierna Mali. Tras derrocar al presidente electo, el nuevo gobierno intensificó la presión sobre empresas extranjeras, especialmente en el sector minero. Esta estrategia busca renegociar los términos de los contratos y aumentar los ingresos fiscales del país.
Además, el panorama en Mali se complica con la presencia de mercenarios del Grupo Wagner, quienes trabajan en el país desde hace años. La retirada de fuerzas europeas y de la misión de paz de las Naciones Unidas también ha generado un entorno más incierto para las empresas internacionales.
Impacto en Resolute Mining
Las acciones de Resolute Mining cayeron un 5.8% en la bolsa de Sídney tras conocerse la detención de sus ejecutivos. A pesar de la caída inicial, la empresa logró resolver rápidamente el conflicto fiscal, lo que podría estabilizar sus operaciones y recuperar la confianza de los inversionistas.
