La Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluyó en el Paquete Económico 2025 un aumento en los derechos sobre minería. Propone elevar las tasas del derecho especial del 7.5% al 8.5% y del derecho extraordinario del 0.5% al 1%. Esta medida busca aprovechar los altos precios internacionales de los metales y asegurar una mayor contribución del sector minero.
Hacienda argumentó que los ingresos adicionales financiarán programas sociales y proyectos estratégicos para el desarrollo nacional. Actualmente, las empresas mineras pagan un derecho especial del 7.5% sobre la utilidad neta, un derecho extraordinario del 0.5% sobre los ingresos por oro, plata y platino, y un derecho adicional por hectárea en concesiones sin actividad.
En 2023, las contribuciones fiscales del sector minero cayeron un 32.2%, alcanzando 49,445.4 millones de pesos, según la Cámara Minera de México (CAMIMEX). La falta de crecimiento y el cierre de operaciones afectaron las aportaciones, mientras algunos estados implementaron impuestos ecológicos que incrementaron los costos operativos.
Desde mi perspectiva, el incremento en los derechos mineros podría generar incertidumbre en las inversiones, especialmente en nuevos proyectos. Las empresas necesitan condiciones estables para operar y expandirse, por lo que el gobierno debe equilibrar la recaudación fiscal con la competitividad del sector.
¿Qué son los Derechos Mineros?
Los derechos mineros en México son contribuciones fiscales que deben pagar quienes exploran o explotan recursos minerales. La Ley Federal de Derechos regula estos pagos. Las empresas mineras aportan un derecho especial del 7.5% sobre la utilidad neta y un derecho extraordinario del 0.5% sobre los ingresos por oro, plata y platino. Además, pagan un derecho adicional por hectárea en concesiones inactivas.
El gobierno utiliza estos recursos para financiar programas sociales e infraestructura. Las tasas buscan garantizar que las empresas compartan los beneficios de los recursos naturales con la sociedad. Sin embargo, estas obligaciones fiscales impactan los costos de operación y la competitividad del sector.
No debemos descartar que incrementar los derechos mineros sin un análisis profundo podría desincentivar inversiones en exploración y desarrollo. Es clave equilibrar la recaudación fiscal con políticas que favorezcan la estabilidad del sector y el desarrollo económico regional.
