Las recientes reformas a las leyes que rigen la industria minera en México podrían paralizar esta importante actividad económica. Según la calificadora Fitch Ratings, estas modificaciones generarán incertidumbre en la continuidad de los proyectos, frenarán los procesos de exploración y acortarán la duración de las concesiones.
¿Cómo afectarán las Reformas a la Búsqueda de Nuevos Yacimientos?
En su análisis, Fitch detalló que la búsqueda de nuevos yacimientos será la más afectada. La exploración estará centralizada en la agencia gubernamental Servicio Geológico Mexicano (SGM), permitiendo la investigación privada solo si se logran acuerdos de colaboración. Esto podría resultar en subastas públicas de nuevas concesiones en lugar de dar prioridad al primer solicitante.
Los requerimientos regulatorios serán los mismos para cada etapa de explotación, generando una mayor carga para proyectos en etapa inicial, incluyendo la presentación de futuros planes de cierre de minas.
El gobierno puede revocar las concesiones si considera que la actividad extractiva pone en riesgo el consumo humano local de agua, aumentando la incertidumbre y los requisitos administrativos. Además, se impone una normativa de informes más alta, incluyendo el uso diario de agua.
¿Cómo afectarán las Reformas a los Propietarios de Terrenos?
Los propietarios de terrenos superficiales tendrán derecho a al menos un 5% de participación en las utilidades si la empresa minera no obtiene los derechos de superficie. La actividad minera ya no se considerará prioritaria por ley, por lo que no pueden convocarse expropiaciones de superficie ni arrendamientos forzosos.
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Finalmente, se reducirá la duración de las concesiones de 50 a 30 años, con una renovación automática de 25 años, seguida de una licitación que puede sumar 25 años más, con preferencia para el titular. Esto reduce la duración máxima de un permiso de 100 a 80 años.
