El capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) emitió un comunicado denunciando lo que la organización considera falta de claridad en las negociaciones entre el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y Minera Panamá, la subsidiaria local de First Quantum Minerals (TSX: FM).
El viernes, el gobierno panameño ordenó a la minera canadiense detener las operaciones en su mina de cobre Cobre Panamá tras no llegar a un acuerdo sobre los términos de un nuevo contrato.
La medida se tomó después de que First Quantum incumpliera el plazo del miércoles por la noche para firmar un nuevo acuerdo de regalías que se ha estado negociando desde septiembre de 2021.
“El caso de Minera Panamá es un claro ejemplo de la falta de transparencia mostrada por varias administraciones, incluida la actual”, reza el comunicado de TI a los medios. “Desde que el Ejecutivo anunció, allá por enero de 2022, que había llegado a un acuerdo con la empresa, garantizando un pago mínimo de 375 millones de dólares anuales y un incremento en las regalías, poca o ninguna información había sido divulgada hasta ayer, cuando se anunciaron las medidas de suspensión de las actividades comerciales de Minera Panamá.”
En opinión de la ONG, la falta de información abierta obstaculiza la capacidad de la población panameña para evaluar si el gobierno está defendiendo los intereses de la gente o si hay conflictos de intereses o influencias indebidas en juego en las negociaciones.
El informe compara las negociaciones con Minera Panamá con las relacionadas con la renovación de un contrato con Panamá Ports hace un año. Según TI, dichas negociaciones se hicieron de manera turbia y resultaron en que el gobierno aceptara una remuneración insuficiente por el uso del Canal de Panamá y permitiera que una empresa lo monopolizara por los próximos 25 años.
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“La obligación legal de ser transparentes y permitir el acceso a la información pública ha retrocedido de manera alarmante en esta administración, siendo ambas sustituidas por un silencio sin precedentes, negativas ilegales e impunidad”, reza el comunicado. “La democracia, que en estos días se ve amenazada en muchas partes del mundo, requiere que los ciudadanos la defiendan activa y permanentemente, exigiendo responsabilidades a instituciones, funcionarios y políticos.”
