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Proyectos mineros inyectan mil millones de dólares a Ecuador

Debido a la inversión extranjera de grandes proyectos mineros activos en Ecuador, se estima generar alrededor de US$1.000 millones durante 2018, lo que dinamizara la economía y el empleo en el país. El ministro de Minería, Javier Córdova, estimó que hasta 2021 llegarán al país unos US$4.600 millones.

En el proyecto Fruta del Norte, operado por la empresa canadiense Lundin Gold se calcula una inversión de GUS$750 millones hasta 2019, mientras que para este año se estima unos 400 millones. En este proyecto trabajan directamente alrededor de 1.000 personas, además de las 1.500 en la etapa de construcción. En el proyecto Mirador, existen un promedio de 2500 empleos, según dijo Córdova a Andes.

“En este periodo se estima recaudar más de US$1.300 millones en impuestos y generar alrededor de US$3.000 millones en exportaciones”, así lo afirmó el secretario de Estado quien agregó que esto permitirá cumplir la meta de generar alrededor de 25.000 fuentes de trabajo hasta 2021.

El tema de el porcentaje de las regalias mineras es un tema que preocupa a los empresarios. El presidente de la Cámara de Minería, Santiago Yépez, considera necesario introducir algunas especificaciones en la Ley de Minería.

Los 5 proyectos mineros estratégicos en Ecuador

“Las regalías están entre el 5% y el 8%, según dice la ley, pero cómo determinamos cuándo es el cinco y cuándo es el ocho, son temas qddddue tienen que tratarse”, aseveró Yépez.

En ese sentido, el ministro explicó que las regalías corresponden al 3% fijo para pequeña minería, 4% para la mediana minería y de entre 5% y 8% para la gran minería. Y coincidió en que si la regalía va a seguir siendo variable, debe quedar claramente establecida.

Cuidado ambiental y desarrollo comunitario son ejes de la minería

El Secretario de Estado preciso que es necesario llevar acabo una minería responsable y vincular a las empresas mineras con la comunidad, ya que estos proyectos duraran entre 15 años y 25 años, por ello se necesitan leyes ambientales que favorezcan el entorno y desarrollo en las comunidades que se encuentran en zonas mineras y se requiere instituciones estatales rigurosas que hagan valer estas leyes.

“Nosotros exigimos que el relacionamiento de las empresas mineras con las comunidades debe ser siempre a través de instituciones del Estado en sus diversos niveles, sea a través de las parroquias, de los gobiernos autónomos descentralizados o provinciales”, recalcó.

 

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