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Gobierno de México reservará la futura producción de litio para el Estado

El gobierno de México pretende declarar el litio como “mineral estratégico” y reservar cualquier exploración y explotación futura para el gobierno.

La medida probablemente dejará la única mina de explotación privada de México, que se espera que comience a producir en 2023, en manos de una empresa china de litio.

Los cambios están contenidos en un proyecto de ley que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado al Congreso. El proyecto de ley también modifica la Constitución para reforzar el control gubernamental sobre la producción y distribución de electricidad.

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El proyecto de ley eliminaría gran parte del marco de apertura del sector privado en el mercado de la energía eléctrica de México, dando a la empresa estatal una cuota de mercado mayoritaria garantizada y permitiéndole comprar energía a las plantas privadas si así lo desea.

Dado que modifica la Constitución, el proyecto de ley requiere una mayoría de dos tercios y la aprobación de la mayoría de las legislaturas estatales.

“Esta ley establece que sólo el gobierno podrá explotar el litio”, dijo López Obrador. “Es decir, todo el litio que está en los suelos de la nación, en nuestro territorio, es de los mexicanos, de la nación”.

Sin embargo, el secretario de Gobernación, Adán López Hernández, dijo que se respetarán las ocho concesiones para la extracción de litio que ya se han otorgado en México, siempre y cuando estén en condiciones de producir el metal, que se utiliza en las baterías.

López Hernández dijo que al parecer sólo una empresa minera privada cumple con esos criterios.

Eso parece ser una referencia a Bacanora Lithium, un proyecto en el estado fronterizo norteño de Sonora que espera producir 35.000 toneladas de litio al año a partir de 2023. Esa empresa aceptó recientemente una oferta de compra del gigante chino del litio Ganfeng International.

Aun así, dejó entrever alguna esperanza para otras empresas. “Hasta ahora hay información de que sólo uno de estos ocho concesionarios, de estas ocho empresas, cumple con estas normas, pero si los ocho logran cumplirlas, las concesiones seguirán vigentes”, dijo López Hernández.

Los esfuerzos anteriores de López Obrador para fortalecer la empresa estatal de México, la Comisión Federal de Electricidad, han sido bloqueados en los tribunales porque parecían violar un requisito constitucional para la libre competencia en el sector.

López Obrador es un firme defensor de los combustibles fósiles y de los grandes proyectos estatales en el sector energético, y ha hecho de la construcción de nuevas refinerías de petróleo una prioridad. Nunca le ha gustado una reforma del mercado de 2013 instituida por su predecesor que creó un mercado eléctrico regulado en el que los generadores privados de energía podían vender a la red nacional en igualdad de condiciones.

López Obrador afirma que las empresas privadas obtuvieron una ventaja injusta sobre la empresa estatal porque se les garantizaron precios más altos o no tuvieron que pagar el coste de la transmisión.

Pero las nuevas plantas privadas son más limpias, más modernas y están más orientadas a las fuentes de energía renovables, mientras que la empresa eléctrica federal depende en gran medida de plantas más antiguas y contaminantes que queman carbón, diésel o el exceso de fueloil de las refinerías estatales. La Comisión Federal de Electricidad también se ha visto afectada por la corrupción, los altos costes, una burocracia difícil de manejar y una capacidad insuficiente.

A principios de este año, López Obrador logró aprobar una ley que no cambiaba la Constitución, pero ordenaba que la electricidad debía comprarse primero a las plantas generadoras propiedad del gobierno, y si quedaba alguna demanda, la energía debía comprarse a plantas renovables y privadas de gas natural.

Los tribunales bloquearon esa ley, diciendo que violaba la Constitución. Así que el nuevo proyecto de ley concede a la Comisión una cuota de mercado garantizada del 54%. Simplemente disuelve las antiguas agencias reguladoras destinadas a garantizar la competencia en los mercados energéticos, y otorga sus responsabilidades a la Comisión.

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