Los gobiernos latinoamericanos han buscado cada vez más un mayor control de sus ingresos de minería y energía en los últimos años, con México a la cabeza de acuerdo con las últimas clasificaciones del Índice de Nacionalismo de Recursos publicadas por Verisk Maplecroft el miércoles.
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El informe dijo que las preocupaciones ambientales, así como las de las comunidades locales, juegan cada vez más un papel más importante a la hora de influir en los cambios de política.
En los últimos cuatro años, México ha subido más en el ranking, que actualmente está liderado por Venezuela. Argentina se ubicó entre los 20 primeros por primera vez después de ocupar el puesto 81 de 198 países en el tercer trimestre de 2018.
Las clasificaciones representan el nivel de riesgo para las empresas de los gobiernos que toman un mayor control de la actividad económica y los ingresos generados en las industrias extractivas, dijo Verisk Maplecroft.
Las mediciones toman en cuenta los impulsores estatales, la participación en los resultados de la extracción y expropiación. Cuanto más alta sea la clasificación de un país, mayor será el riesgo percibido.
El ascenso de México de 101 en el tercer trimestre de 2018 al tercer trimestre en la actualidad está impulsado por la “agenda nacionalista” del presidente Andrés Manuel López Obrador, según el análisis.
“Una propuesta legislativa (ahora estancada) para nacionalizar el litio indica que es casi seguro que el intervencionismo de AMLO se expandirá más allá del petróleo y el gas en la segunda mitad de su mandato”, señaló el informe, utilizando una abreviatura de López Obrador.
El presidente de México ha argumentado que su impulso para impulsar a las empresas estatales apunta a equilibrar un mercado que se ha sesgado a favor del sector privado.
En el caso de Argentina, Verisk Maplecroft dijo que la intervención del presidente Alberto Fernández en múltiples sectores es la fuente del mayor riesgo.
“Debido a que la intervención tiene motivaciones principalmente ideológicas y políticas, esperamos que se intensifique a medida que el gobierno se adentra en la segunda mitad de su mandato, independientemente del resultado de las elecciones intermedias de noviembre”.
Sin embargo, el informe señala que Brasil y Colombia, que están liderados por gobiernos de centro derecha en oposición a los de izquierda México y Argentina, también están experimentando un aumento en el riesgo para los inversionistas en los sectores de recursos.
“Los destinos mineros que alguna vez fueron estables como Perú y Chile están en la cúspide de cambios políticos que alterarán el entorno operativo de la industria”, dice el informe.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, que juró a fines del mes pasado, hizo campaña en parte con la promesa de mantener para el país una parte mayor de los ingresos derivados de la minería. En Chile, el mayor productor de cobre del mundo, se está discutiendo legislación en la misma línea.
Ecuador, oponiéndose a la tendencia regional, cayó del tercer lugar en 2017 al puesto 74 en la actualidad.
Un tercio de los países evaluados muestran riesgos crecientes para las empresas durante los últimos cuatro años, ya que los gobiernos apuntan a tomar más control de los ingresos asociados con las industrias extractivas. Aproximadamente una cuarta parte mostró una disminución de dichos riesgos.
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El aumento del riesgo se produce cuando los precios de las materias primas medidos por el índice Refinitiv / CoreCommodity CRB alcanzaron este trimestre el nivel más alto desde 2015. El año pasado, el índice alcanzó su nivel más bajo en registros que se remontan a 1994.
El ETF de MSCI Global Metals and Mining Producers en mayo alcanzó su precio más alto desde principios de 2012, mientras que el ETF de MSCI Global Energy Producers casi ha duplicado su precio desde las profundidades alcanzadas en marzo de 2020.
Reuters
