La Cámara Minera de México (Camimex) cabildea para que los recursos del Fondo Minero se sigan destinando a las comunidades mineras.
Para el ejercicio fiscal del 2020, a través de una reforma a la Ley Federal de Derechos, el gobierno federal propuso modificar el Fondo Minero y destinar 80% a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para centros educativos, 5% para la administración de esta partida a la SEP, 10% al área de la minería que maneja la Secretaría de Economía y el restante 5% a la Federación.
Antes, en el 2018, un amparo promovido por municipios paró el gasto del Fondo Minero y el caso se llevó a una controversia constitucional.
“Queremos que esos recursos tengan el impacto que se buscó desde el origen del fondo”, dijo Karen Flores, directora general de la Camimex.
La Secretaría de Hacienda cobra desde el 2014 nuevas contribuciones derivadas de la reforma al régimen fiscal de la minería, con la nueva Ley Federal de Derechos. En el 2018, por este concepto, se recaudaron 3,840 millones de pesos.
De 100% recaudado por el pago de los derechos especial, adicional y extraordinario, 20% se queda en la Federación, 2.5% se canaliza a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) y con 77.5% restante se integra el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (37.5% para los estados y 62.5% para municipios donde se realiza la extracción minera).
“Es importante que los recursos lleguen a donde fueron generados (…) Por supuesto, nuestra intención es trabajar de la mano del gobierno para asegurar que esto se lleve a cabo”, añadió Flores.
Actualmente, la distribución del fondo se calcula con base en el valor de la actividad extractiva municipal y nacional (artículo 275 de la Ley Federal de Derechos), con el fin de elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera a través de inversión física con impacto social, ambiental y de desarrollo urbano.
Al menos 212 municipios se han beneficiado con el Fondo Minero destinado a obras sociales, como alumbrado, pavimentación, reforestación y purificación del agua. Todo ello gracias a las políticas públicas participativas donde confluyen los tres niveles del gobierno (federal, estatal y municipal), así como representantes de las comunidades mineras y de las empresas.
Gracias a estas concertaciones, a través de los comités del Fondo Minero, se han fortalecido los beneficios que el sector minero proporciona a sus comunidades. Del 2014 al 2018, se han recaudado casi 18,200 millones de pesos.
A principios del 2019, el gobierno federal informó que la responsabilidad de administrar y operar el Fondo Minero se trasladaba de la Sedatu a la Secretaría de Economía.
Previo a la reciente iniciativa para modificar la Ley Federal de Derechos, la Camimex estimó conveniente revisar el Fondo Minero para que los recursos aportados lleguen de manera oportuna y se asignen de forma eficiente.
También planteó que las empresas mineras puedan presentar proyectos y que los comités utilicen metodologías de presupuesto participativo, en las que se identifiquen las necesidades urgentes para poderles incluir en los proyectos.
Hacia una recaudación más eficiente
La reforma fiscal incluyó el establecimiento de derechos adicionales aplicables a la minería, diseñados con el objetivo de permitir al Estado recaudar de forma más eficiente y en proporción al valor económico generado. Los nuevos derechos a través de la LFD son:
- El derecho especial de 7.5% a la utilidad neta por la enajenación o venta de la actividad extractiva.
- El derecho extraordinario sobre minería, correspondiente a 0.5% sobre los ingresos por enajenación del oro, plata y platino.
- Un derecho adicional sobre minería por hectárea en concesiones sin exploración o explotación, que consiste en 50% de la cuota máxima para aquellos concesionarios que no lleven a cabo obras y trabajos de exploración y explotación comprobados durante dos años continuos, dentro de los primeros 11 años de vigencia.
- Dicha cuota se incrementará en 100% cuando la inactividad sea a partir del duodécimo año y posteriores. Los recursos adicionales que genere el nuevo régimen de minería beneficiarán principalmente a las localidades mineras.
- Los gobiernos municipales en donde se ubiquen dichas localidades recibirán 50% de la recaudación, los gobiernos estatales recibirán 30% y el gobierno federal recibirá 20 por ciento.
