Comunidades nativas en Perú están acudiendo cada vez más a los tribunales para detener proyectos mineros y petroleros en sus territorios, con fallos favorables de jueces que consideran que los indígenas tienen que ser antes consultados por el Estado.
Seis sentencias judiciales bloquearon en el último año proyectos y concesiones en tierras ancestrales, según documentos vistos por Reuters. Otros cuatro proyectos con inversiones que suman 1.700 millones de dólares podrían correr la misma suerte si progresan demandas teniendo como antecedente esos fallos.
“Vemos con gran preocupación recientes fallos judiciales que vienen declarando la nulidad de diversos títulos de concesiones”, dijo el líder del poderoso gremio privado Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Pablo de la Flor.
Las sentencias se apoyan en la ratificación de Perú de la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que obliga a los gobiernos a consultar con los indígenas antes de tomar cualquier decisión que podrían afectarlos.
Perú aprobó su ley de “consulta previa” en 2012, que fija que ésta debe realizarse solo al inicio de la exploración o explotación en proyectos ubicados dentro de pueblos indígenas. Hasta ahora, algunos jueces han estado de acuerdo con la demanda de los nativos, citando el derecho internacional.
“La política pública no obligaba a que la concesión minera sea consultada, es a raíz de estos casos que sin duda se está sentando un precedente importante”, afirmó el experto en conflictos sociales, José De Echave, de la ONG CooperAcción.
En dos fallos emitidos en mayo, se cancelaron hasta 200 concesiones, de acuerdo a documentos judiciales. En las últimas dos décadas, el Estado ha otorgado 31.000 concesiones mineras y casi todas no tienen consulta previa, según CooperAcción.
Proyectos en la mira
Entre los proyectos bajo amenaza figura la que tiene la estatal Petroperú con Geopark por la exploración de un lote de crudo ubicado en la región amazónica de Loreto, con una inversión estimada de unos 450 millones de dólares.
Pero la comunidad indígena Achuar del Pastaza ha pedido la nulidad del proyecto alegando que el lote 64 se encuentra dentro de su territorio ancestral y se omitió la consulta previa.
“Nosotros somos los dueños de esta tierra, hemos vivido antes de que se forme el Estado, estamos donde vivieron nuestros ancestros. Somos pocos ya las comunidades indígenas y la Amazonía peruana también se está acabando”, dijo Sumbinianch Mitiap Kapuchak, representante de la comunidad Achuar.
Geopark, basado en Chile, se excusó de hacer comentarios sobre el proceso judicial de su socia, pero la semana pasada retiró el estudio ambiental del proceso de aprobación, sin el cual no pueden iniciar la explotación de crudo.
Y en la región del Cusco, el proyecto de cobre de la firma Glencore de 590 millones de dólares también peligra por un choque judicial con la comunidad Huini Coroccohuaycco, que alega que no ha sido consultada sobre un estudio ambiental.
Glencore se excusó de hacer comentarios sobre el tema.
Perú tiene en cartera proyectos mineros que suman 59.000 millones de dólares en inversión; mientras que en hidrocarburos los planes ascienden a 21.300 millones de dólares, según cifras del ministerio de Energía y Minas y de gremios privados.
Reuters
