Los problemas de la minera de metales preciosos Tahoe Resources en Gautemala se profundizaron el lunes luego de que la Corte Constitucional revirtiera una decisión de la Corte Suprema de restablecer la licencia de la mina Escobal y ordenó que se consulte a las comunidades cercanas.
El Ministerio de Energía y Minas debe completar una consulta de la OIT 169 con las comunidades de Xinka, dijo Tahoe, y señaló que el plazo para tal consulta era incierto. La compañía citó un caso similar de OXEC que tardó seis meses en completarse.
La licencia minera de Escobal fue suspendida en julio de 2017 luego de que una organización antiminería afirmara que no se consultó a los indígenas Xinka antes de que se otorgara la licencia para la gran mina de plata.
Tahoe advirtió el mes pasado que la falta de certeza legal sobre la licencia estaba alimentando la violencia en las cercanías de la mina. El Grupo de Resistencia Pacífica de Mataquescuintla secuestró a finales de agosto a 12 contratistas de seguridad desarmados y también instaló un bloqueo ilegal en una vía pública a la entrada del municipio de Mataquescuintla, cerca de la mina Escobal.
También ha habido informes de ataques a vehículos y helicópteros de proveedores, amenazas a miembros de la comunidad local y sus familias y otros intentos de secuestro.
Desde la suspensión de las operaciones, Tahoe ha despedido al 70% de su filial, la fuerza de trabajo de Minera San Rafael.
El jueves por la noche, Tahoe suspendió las operaciones en la mina La Arena, en Perú, en respuesta a una protesta por el impacto de la mina en la cercana comunidad de La Ramada.
La protesta solo se produjo días después de un intento de robo de oro en la misma mina. Los agujeros se cortaron en la parte superior de una tubería para extraer el oro de la solución.
El intento de robo resultó en una descarga de la solución y la contaminación del sistema de gestión de aguas pluviales.
