Argentina.- En las provincias andinas hay 22 proyectos mineros con recursos potenciales por u$s 420.000 millones, según estimó el ministro de Minería de San Juan, Alberto Hensel. No obstante, el funcionario señaló que hace falta mayores inversiones en el sector para impulsar a esta industria.
Hay 22 proyectos viables en las provincias andinas que, si los cuantificamos de acuerdo a sus recursos y reservas, equivalen a US$ 420.000 millones, similar al PBI de la Argentina, dijo Hensel y detalló que para desarrollar esos proyectos necesitamos u$s 25.000 millones y dijo que hace falta más exploración.
Sin exploración no hay minería. Necesitamos que se realicen las inversiones que permitan concretar los proyectos, enfatizó en el FT Summit.
Respaldó además la necesidad de una reforma fiscal que nos haga competitivos. De hecho, en San Juan no se aplica (el impuesto a los) Ingresos Brutos a ninguna actividad productiva, acotó.
Es una señal muy importante para los inversores y para las provincias que hemos apostado a esta actividad para el desarrollo de nuestras comunidades, consideró.
Aseguró que hay reglas muy claras del juego y nosotros las hemos mantenido de administración en administración. La minería es una política de Estado en San Juan y no se discute si se hace o no se hace minería.
Dijo que en 2003 la minería tenía en San Juan una incidencia de 17% en las exportaciones y que hoy es de 75%, al tiempo que destacó que la actividad es el 40% del PBI provincial.
Se refirió además a la licencia social para avanzar en proyectos mineros y consideró que si el Estado pretende delegar en las empresas el problema de las comunidades, esta respuesta va a ser débil. Desde el Estado tenemos que trabajar con las empresas.
Sin licencia social es imposible desarrollar la minería y a ningún inversor le gusta invertir en un lugar donde no cuenta con el apoyo de la comunidad, consideró Hensel.
En tanto, Marcelo Álvarez, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) dijo que se está trabajando en estandarizar 33 indicadores incluidos en siete protocolos para que las empresas puedan demostrar a las comunidades que el estandar que abordamos en Argentina es igual al de Canadá o Australia; que no hay doble estandar.
El Cronista
