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La Junta dio licencia a una explotación minera con el aval de una empresa con sede en Panamá

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La Junta dio licencia a una explotación minera con el aval de una empresa con sede en Panamá
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España.- El aval aportado por la empresa cementera que proyecta una explotación minera y una fábrica en la comarca granadina de Guadix fue emitido por una entidad domiciliada en Panamá que no figura en el Registro Mercantil ni en Hacienda ni la Seguridad Social ni el Banco de España ni la Dirección General de Seguros.

La aportación del aval, que supera los 14 millones de euros, era condición necesaria para la autorización del proyecto que Cementos del Marquesado, la entidad promotora, planea desde hace una década en terrenos del municipio de Valle de Zalabí, en la comarca de Guadix. El aval fue emitido en septiembre de 2007 por Swiss Financial Corporation Ltd, que en ese tiempo poseía una oficina en Sevilla desde la que operaba en España aunque no figurase en los registros reseñados.

El documento fue aportado como garantía el 14 de septiembre de 2007 pero un año más tarde la Dirección General de Seguros incluía a Swiss Financial Corporation en el listado de entidades no inscritas ni autorizadas para operar en España como aseguradoras, sobre las que especificaba que “no pueden ejercer dicha actividad en régimen de libre prestación de servicios desde otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo, ni en régimen de derecho de establecimiento a través de una sucursal en España”. Así lo recogía el BOE del 23 de septiembre de 2008.

La cuestión recobra actualidad porque la Junta de Andalucía, a instancias de la empresa, inició a comienzos del pasado verano los expedientes de expropiación en los terrenos que se prevén para la explotación minera, una medida que afecta a varias decenas de propietarios de la comarca, los cuales se oponen a la actividad minera y promueven acciones en contra. En el mismo sentido se ha pronunciado Ecologistas en Acción. Portavoces de la Consejería de Innovación comentan a El Mundo que en la Dirección General de Minas consta un aval para garantizar la restauración de la cantera y fue extendido por una entidad “reconocida por la Junta”. El aval aportado por Swuiss Financial Corporation fue presentado en el Ayuntamiento de Valle de Zalabí, que lo unió a la documentación necesaria para tramitar los permisos ante la Junta y que el proyecto obtuviese las autorizaciones sucesivas y correspondientes.

Declaración de Impacto Ambiental

Con el aval y la documentación presentada por el Ayuntamiento de Valle del Zalabí, las delegaciones provinciales de Medio Ambiente y de Innovación aprobaron hasta cuatro resoluciones que daban prevalencia al interés de la actividad minera sobre el medioambiental en lo concerniente al monte Rescinto, que fue descatalogado por acuerdo del Ayuntamiento y la Junta. Además, se aprobó la Declaración de Impacto Ambiental para la mina Trinidad III y la Autorización Ambiental Unificada de Diana, mina de pizarra y caliza, en los dos casos con el pretexto de satisfacer la demanda de la fábrica que promueve en terrenos colindantes la propia Cementos del Marquesado.

Estas dos últimas resoluciones y las concesiones mineras de Diana y Trinidad III se justifican por la existencia de una fábrica que en realidad no existe. Cementos del Marquesado, como publicó el Mundo, aún no ha iniciado la construcción de la fábrica, cuya licencia caducó en marzo pasado, si bien la empresa solicitó una prórroga de dos años que la Junta le ha concedido. No es el caso de la explotación minera, cuyos permisos también han caducado y así lo proclama la delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente, pese a lo cual la de Innovación ha iniciado recientemente los expedientes de expropiación de los terrenos necesarios para el inicio de actividad de la mina.

La delegación de Innovación asegura que se han solicitado informes jurídicos sobre la legalidad de las expropiaciones, que podrían paralizarse en función del dictamen, aunque “en principio se trata de dos trámites que no se solapan entre sí”. Los intentos de EL MUNDO por conocer la opinión de la empresa resultaron infructuosos: uno de los teléfonos que aparecen en la web pertenece ahora a distinto abonado y en el otro número no contestan salvo en una ocasión, en que pospusieron la respuesta para un contacto posterior que no se produjo al no volver a responder a las sucesivas llamadas.

Entretanto, la Consejería de Medio Ambiente ha aprobado la declaración de impacto ambiental para una explotación minera vinculada a la fábrica cementera pese a que aún no existe. La declaración de impacto ambiental, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 13 de enero, hace referencia a la mina Trinidad III, en el municipio granadino de Valle del Zalabí.

400 puestos de trabajo prometidos

Más de una década atrás el proyecto se presentó como revitalizador de la comarca de Guadix, donde se crearían más de 400 puestos de trabajo. A fecha de hoy, sin embargo, no se ha puesto un ladrillo de la futura fábrica y, de hecho, la licencia concedida caducó esta primavera, si bien los promotores del proyecto, Cementera del Marquesado, pidieron a la Junta una prórroga de dos años que les fue concedida. Otra cosa es la cantera Diana, un proyecto ligado a la cementera, de forma que sin fábrica no hay cantera y sin cantera no hay fábrica puesto que de la explotación minera se obtendrá la materia prima para la industria. A la cantera le caducó igualmente la Autorización Amiental Integrada (AAI) y en este caso sí, la delegación provincial de Medio Ambiente declaró oficialmente la extinción del permiso el pasado 20 de junio.

Cementeras del Marquesado ha presentado recurso de alzada contra esta resolución. Pero la caducidad no ha sido óbice para que la delegación provincial de la Consejería de Economía haya iniciado los trámites de expropiación para la apertura de la cantera. Para su tramitación la Junta transigió en 2010 con la descatalogación del monte Rescinto, de dominio público, “velando por el bien general de la ciudadanía”. La licencia otorgada en 2006 condicionaba el permiso a que la planta industrial no afectase al monte.

En un escenario que continúa sin actividad prácticamente desde la misma mañana de 2006 en que el entonces consejero Gaspar Zarrías presentó in situ el proyecto como un ‘maná’ para la comarca, la delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo anunciaba en Boletín Oficial de la Provincia de Granada, el 2 de junio, la “necesidad de ocupación de bienes y derechos a efectos de expropiación forzosa para CDE DIANA, situados en el término municipal de Valle del Zalabí”, a solicitud de Cementos del Marquesado SA, expropiaciones que afectan a varias decenas de propietarios.

En los días que Zarrías presentó el proyecto, Cementos del Marquesado planeaba invertir unos 142 millones de euros, con unas previsiones iniciales de facturación de entre 80 y 90 millones de euros anuales, con la creación de 400 puestos de trabajo que revertirían al Valle del Zalabí -donde, según convenio, se comprometía a una serie de mejoras en el entramado urbano del municipio- y a otros pueblos de la zona, y una transferencia de riqueza estimada en 3,5 millones al año mediante las rentas obtenidas del trabajo. Bajo el paraguas de estas cifras, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía declaró en junio de 2010 la “prevalencia” del interés minero sobre el forestal para la explotación de la cantera, una decisión, que afecta a 93,94 hectáreas del monte público El Rescinto, propiedad del municipio, “teniendo en cuenta la importancia socioeconómica de este proyecto”.

Durante su larga tramitación y en intervenciones parlamentarias, el consejero llegó a defender la conveniencia del proyecto, al que se podrían otorgar subvenciones de hasta el 10 por ciento de la inversión. El proyecto incluía una terminal ferroviaria y una central eléctrica. La crisis, según distintos testimonios, congeló el proyecto hasta paralizarlo y del pueblo también desapareció la oficina que durante un tiempo abrió sus puertas en Valle del Zalabí.

 

El Mundo

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