Puntos clave
- Cartera histórica: US$ 64,000 millones distribuidos en 66 proyectos mineros, equivalentes a casi dos veces la producción minera nacional de 2024 (US$ 33,000 millones)
- Crisis de ejecución: 96 conflictos socioambientales activos simultáneamente; proyectos como Tía María llevan más de una década sin resolver licencia social, y Conga nunca comenzó operaciones
- Brecha estructural: El problema no es la cartera de inversión sino la tasa de ejecución real; Las Bambas opera con cortes intermitentes que generan pérdidas significativas
- Perspectiva regional: Perú enfrenta tensión no resuelta entre comunidades e industria minera, cuestionando cuánto capital se convertirá en producción efectiva
| Tema ESG | conflictos socioambientales, licencia social, impacto ambie… |
| Región | Perú (Apurímac, La Libertad, Pasco, Ayacucho) |
| Empresa | Las Bambas, Tía María, Conga |
| Impacto | 96 conflictos activos, brecha entre proyectos en documentos… |
US$64,000 millones en proyectos sobre papel y 96 conflictos socioambientales activos al mismo tiempo. Esa es la foto de la minería peruana en 2025: una cartera de inversión que rivaliza con el PIB de muchos países latinoamericanos, suspendida sobre un territorio donde la tensión entre comunidades e industria sigue sin resolverse. La pregunta no es si Perú puede atraer capital minero. Ya lo hace. La pregunta es cuánto de ese capital llegará a convertirse en producción real.
- Una cartera que impresiona, una tasa de ejecución que preocupa
- 96 conflictos: no es un número abstracto
- El modelo de licencia social en Perú: lo que funciona y lo que no
- El agua como eje de la disputa territorial
- La consulta previa: derecho real, implementación inconsistente
- Lo que el capital no puede comprar
Una cartera que impresiona, una tasa de ejecución que preocupa
Los US$64,000 millones distribuidos en 66 proyectos representan la cartera más ambiciosa que Perú ha tenido en su historia reciente. Para dimensionarla: equivale a casi dos veces el valor total de la producción minera nacional de 2024, estimada en torno a los US$33,000 millones. Son cobre en Apurímac, oro en La Libertad, zinc en Pasco, plata en Ayacucho. Son también años de estudios, licencias ambientales, procesos de consulta previa y negociaciones comunitarias que en muchos casos ya comenzaron y en otros apenas se vislumbran.
El problema estructural de Perú no es la cartera. Es la brecha entre lo que existe en documentos y lo que termina operando. Tía María lleva más de una década atrapada entre estudios de impacto ambiental aprobados y una licencia social que nunca terminó de construirse. Conga nunca arrancó. Las Bambas opera, pero con cortes intermitentes del Corredor Minero del Sur que han generado pérdidas de producción medibles en cientos de millones de dólares. Si la mitad de los 66 proyectos logra avanzar en los próximos diez años, será un resultado excepcional para el país.
96 conflictos: no es un número abstracto
La Defensoría del Pueblo de Perú registra 96 conflictos socioambientales activos relacionados con la actividad minera. Cada uno representa un expediente abierto, una comunidad que presentó una queja formal, una empresa que tiene encima un proceso que puede derivar en paralización, litigio o pérdida de concesión. No son protestas espontáneas. Son conflictos institucionalizados.
Jimena Sologuren, subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Compañía Minera Poderosa, lo plantea con precisión: el reto no es solo invertir, sino convertir esos recursos en desarrollo sostenible y capacidades que permanezcan en los territorios. Es una formulación técnicamente correcta que describe un problema que la industria lleva décadas reconociendo sin resolver del todo. Las comunidades donde opera la minería peruana —muchas en condiciones de pobreza estructural, con acceso limitado a agua potable, educación y salud— observan cómo el canon minero llega a las arcas regionales y frecuentemente no se traduce en servicios que impacten su vida cotidiana.
Ese gap entre lo que la minería genera fiscalmente y lo que las comunidades perciben como beneficio directo es el terreno donde crecen los conflictos. No es el único factor, pero es el más consistente.
El modelo de licencia social en Perú: lo que funciona y lo que no
Anglo American construyó en Quellaveco un caso de referencia. Años de negociación con la Mesa de Diálogo de Moquegua, compromisos hídricos verificables, un esquema de participación comunitaria en beneficios que incluyó fondos de desarrollo concretos. El proyecto arrancó operaciones plenas en 2024 y opera sin conflictos activos de escala relevante. No es coincidencia. Fue una decisión estratégica que costó tiempo y dinero antes de producir un solo kilogramo de cobre.
Las Bambas es el otro extremo. MMG heredó un proyecto donde los compromisos originales con comunidades —incluyendo la promesa de una carretera que nunca se construyó como se pactó— generaron una deuda de confianza que se traduce en bloqueos del Corredor Minero con una frecuencia que ya tiene su propio patrón estacional. El costo acumulado de esas interrupciones, en producción no realizada y logística alternativa, supera cualquier cálculo inicial de ahorro en gestión comunitaria.
El contraste entre ambos casos es la lección más clara que tiene la industria peruana disponible. La licencia social no es un trámite previo al proyecto. Es una condición operativa permanente que se construye —o se destruye— todos los días.
El agua como eje de la disputa territorial
En la sierra peruana, el agua no es un recurso abstracto. Es la base de la agricultura de subsistencia, del ganado, de la identidad territorial de comunidades que llevan siglos organizando su vida alrededor de cuencas y glaciares. Cuando una empresa minera llega con un proyecto que modifica el ciclo hídrico de una microcuenca —aunque cumpla estrictamente con los límites de su Estudio de Impacto Ambiental— enfrenta una percepción de riesgo que ningún documento oficial puede desmantelar por sí solo.
De los 96 conflictos registrados por la Defensoría, una proporción significativa tiene al agua como variable central, ya sea en disputas por captación, por contaminación real o percibida, o por la afectación de bofedales y lagunas de alta montaña. Las operaciones en Junín, Pasco y Cajamarca concentran parte importante de esta tensión. El desafío técnico —demostrar mediante monitoreo verificable e independiente que la operación no compromete la disponibilidad hídrica comunitaria— sigue siendo uno de los más complejos que enfrenta la industria en altitudes superiores a los 4,000 metros.
La consulta previa: derecho real, implementación inconsistente
Perú tiene obligación constitucional de consulta previa con pueblos indígenas bajo el Convenio 169 de la OIT. En la práctica, el proceso enfrenta dos problemas estructurales: primero, la indefinición sobre qué comunidades califican como sujetos de consulta y en qué etapa del proyecto debe realizarse; segundo, la tendencia a usar la consulta como procedimiento de validación más que como mecanismo genuino de participación en la toma de decisiones.
Cuando las comunidades perciben que la consulta es un paso burocrático diseñado para obtener su firma y no para incorporar sus observaciones, el proceso no construye legitimidad. La construye sobre papel. Y ese papel no resiste el primer conflicto serio. Los proyectos que han logrado avanzar sin interrupciones mayores son, casi sin excepción, aquellos donde la empresa invirtió en procesos de diálogo que precedieron y excedieron los requisitos legales mínimos.
Lo que el capital no puede comprar
Los inversionistas internacionales que miran la cartera peruana de US$64,000 millones hacen un cálculo que va más allá del precio del cobre o del zinc. Evalúan la probabilidad de que un proyecto llegue a producción dentro de un plazo razonable. Y en ese cálculo, el historial de conflictos sociales pesa tanto como la geología o la infraestructura de transporte.
Las calificadoras ESG ya incorporan métricas de gestión comunitaria en sus evaluaciones. Los fondos de pensiones europeos y canadienses que financian proyectos en el TSX exigen reportes de licencia social con indicadores verificables. Una empresa que ingresa a due diligence con cinco conflictos activos en sus operaciones enfrenta condiciones de financiamiento distintas a una que puede demostrar diez años de relacionamiento comunitario sin interrupciones operativas. El mercado ya pone precio a esa diferencia.
US$64,000 millones en cartera. 96 conflictos activos. La ecuación peruana tiene solución, pero no es matemática: es política, social e institucional. Las empresas que lo entiendan primero no solo operarán mejor. Financiarán mejor.
