El Gobierno chavista, que no logró diversificar la economía de Venezuela en tres lustros, ahora busca reducir su dependencia del petróleo fomentando, a prisa y sin control legislativo, la explotación de otros minerales.
Continúa el forcejeo entre el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y la mayor alianza de formaciones opositoras de ese país: este lunes (5.9.2016), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de estar alineado con el Ejecutivo- declaró nulas las reformas que la mayoría antichavista en la Asamblea Nacional le hizo el pasado 9 de agosto a una ley orgánica promulgada por el presidente Nicolás Maduro, quien gobierna por decreto. El propósito de esa ley es fomentar la explotación del Arco Minero del Orinoco y la exportación de productos no petroleros. La oposición enmendó ocho de sus artículos para afianzar el carácter fiscalizador del Parlamento.
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Un proyecto controvertido
De hecho, la ley fue rebautizada para que quedara claro cuál era el tenor de los cambios hechos: “Reforma parcial de la ley orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro”. En teoría, la normativa aprobada por Maduro busca reducir la dependencia de Venezuela del petróleo y atraer inversiones extranjeras que no se comporten como “capitales golondrinas”; pero los críticos de ese plan -entre los que se encuentran tanto antichavistas como chavistas- prevén que la extracción de minerales en el sur del país, tal como se está orquestando, terminará perjudicando al medio ambiente y comprometiendo la soberanía nacional.
Esos y otros temores siguen campeando pese al empeño del Ejecutivo en disiparlos. Aunque ya había fundado un Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico en junio, Maduro aseguró que crearía una Oficina de Fiscalización e Inspección Minera (ONAFIM) para controlar los riesgos ambientales de las operaciones y que recuperaría el río Caroní, el segundo más importante de Venezuela. También prometió que el Banco Central de Venezuela fijaría un “precio justo” para el oro, que la única instancia autorizada por ahora para comprar oro sería la Compañía General de Minería Venezuela (MINERVEN) y que eso pondría coto “a las mafias que esclavizan a los pequeños mineros”.
Piedras preciosas, metales raros
El Arco Minero es una franja de aproximadamente 111.000 kilómetros cuadrados que se extiende desde la Guayana Esequiba, en el este del país, hasta la frontera del estado sureño de Bolívar con Colombia. Dispone de grandes reservas de oro, diamantes, hierro y bauxita, entre otros minerales. También cuenta con yacimientos de coltán, niobio y tantalio, cuya explotación ha quedado reservada para el Estado venezolano. El pasado 26 de agosto, Maduro anunció la suscripción de acuerdos de inversión valorados en más de 5.500 millones de dólares con empresas como Barrick Gold Corporation, la multinacional aurífera más importante del mundo.
El tribunal venezolano de mayor rango derogó la reforma puesta en marcha por el Poder Legislativo, no basándose en argumentos relacionados directamente con el asunto discutido, sino alegando que ninguna sesión o decisión de la Asamblea Nacional posterior al 28 de julio tiene validez. En esa fecha, el TSJ declaró “en desacato” al Parlamento por reincorporar a tres diputados opositores cuya proclamación fue impugnada por el oficialismo. No obstante, cabe recordar que los altos magistrados han fallado en perjuicio de la Asamblea Nacional desde que la oposición le arrebató la mayoría de los escaños al PSUV en los comicios del 6 de diciembre de 2015.
DW
