Perú.- Con los decretos de formalización minera del 2012, el Gobierno quiso legalizar la minería informal de pequeña escala.

Sin embargo, los plazos iniciales fueron ampliados y, cuatro años después, vemos que de las 63,306 declaraciones de compromisos presentadas inicialmente, menos del 1% ha concluido con la formalización final o la Certificación de Operador Minero.

Sin duda, el minero ilegal es responsable de la deforestación, depredación y aprovechamiento ilícito de los recursos mineros, pero también es víctima de un sistema perverso, porque del total del valor de su actividad, solo 30% va para él y la diferencia a las plantas de beneficio que adquieren el material sobrante para extraer mineral con procesos industriales.

Además, y sin ánimo de justificarlos, desarrolla su actividad sin equipos adecuados, exponiendo su integridad, pagando sobrecostos al comprar insumos y solventando la corrupción y la espiral delictiva.

En este proceso de formalización están pasando desapercibidas las plantas de beneficio, que sustentan la minería ilegal y hasta tienen prospectores o exploradores que, sin respeto a las leyes, a las concesiones o al medioambiente, invaden terrenos y enseñan la labor minera a los campesinos, a quienes entregan herramientas y la logística, a cambio de que les entreguen su producción.

No obstante su responsabilidad en la minería ilegal, algunas regiones las están formalizando, cuando deberían empezar con los propios mineros.

Por ello, consideramos necesario que el Estado organice una Superintendencia Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que pueda fiscalizar de forma permanente la actividad de pequeña escala y a las plantas de beneficio.

De forma paralela, debe regular la minería procurando mejorar la calidad de vida de los mineros y comunidades. No se trata solo de completar expedientes sino de hacer trabajo de campo y de diseñar la gestión integral a partir de las microcuencas, que comprendan la actividad minera, sus impactos y generar ideas de negocio sostenibles en el tiempo.

Estamos seguros de que si se quiebra el modus operandi de sometimiento de los mineros informales a las plantas de beneficio, ellos podrán ser formalizados y todos obtendrán una mayor rentabilidad.

Además, probando la legalidad de su proceso productivo, podrán contar con fondos de la cooperación internacional y ser propietarios de su propia empresa, como los más de 900 mineros artesanales son dueños de la empresa Sotrami, en Sancos, Ayacucho.

De esta manera, el Estado recibirá impuestos y dejará de gastar en el control de la espiral de crimen y corrupción que la minería ilegal genera y propiciará la gestión integral de las microcuencas y, así, promoverá el desarrollo de su gente. Es hora de empezar a hacerlo.

El Peruano

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