La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala resolvió ordenar la suspensión definitiva de la licencia de explotación de la mina de La Puya, cuya instalación suscitó el rechazo de las comunidades campesinas de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, informaron a Acan-Efe fuentes oficiales.
El portavoz de la CSJ, ngel Pineda, indicó a Acan-Efe que “se otorgó el amparo en definitiva y se ordenó la suspensión del otorgamiento de la licencia de explotación minera”.
La licencia de actividad ya había sido suspendida de forma temporal por la máxima corte el pasado 11 de noviembre de 2015, pero el programa extractivo se mantuvo, según denunciaron vecinos y activistas medioambientales.
Esa situación se volvió a repetir el pasado mes de mayo, cuando la Corte de Constitucionalidad decidió detener también temporalmente la actividad en la mina hasta realizar una consulta a los pobladores, pero esto no se respetó.
En La Puya opera la empresa Exploraciones mineras S. A., filial de la estadounidense Kappes Kassiday & Associates (KCA).
Los campesinos se manifestaron durante meses en la sede del Ministerio de Energía y Minas de la capital para exigir la paralización.
Los agricultores de la zona, unos 40.000, aseguran que desde que comenzó a operar la mina en mayo de 2014 los niveles de arsénico en el agua que riega sus cultivos se han multiplicado hasta sobrepasar los límites legales: la concentración por litro oscilaría entre los 0,052 y 0,087 miligramos, muy por encima del límite de 0,01 establecido por autoridades internacionales.
En Guatemala, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), existen en la actualidad 51 empresas de exploración y 292 de explotación de metales minerales, no minerales y de construcción.
El Economista
