Argentina.- La industria minera recuperó su competitividad al nivel de los países de la región, pero para concretar las millonarias inversiones anunciadas deberá lograr “la licencia social” que permita que varios de los proyectos en carpeta se puedan concretar en provincias que restringen la minería metalífera, afirmó el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, Marcelo Álvarez.
A partir de las reciente medidas adoptadas por el Gobierno nacional “la Argentina se encuentra hoy en un nivel de competitividad, en el que antes no estaba, en comparación con Chile, Perú y otros países de América latina que nos permite entrar en igualdad de condiciones frente recursos cada vez más escasos”, definió Álvarez en entrevista exclusiva con Télam.
“La minería tiene una mala percepción en la comunidad y tenemos que partir de esa base para recuperar el diálogo y reconstruir confianza”, dijo a Télam el titular de CAEM y también directivo de la minera GoldCorp.
En ese doble camino de concretar las inversiones en un marco de mayor consenso social, el sector volvió a plantear “la creación de un organismo multidisciplinario privado que opere en el control de medio ambiente, desarrollo comunitario y transparencia de la minería”, que estaría integrado por “universidades, institutos tecnológicos y un organismo internacional que lo lidere”.
El sector minero anunció, días atrás, inversiones por u$s 20.000 millones al 2021, lo que para Álvarez fue la forma de “blanquearle a la sociedad lo que la minería tiene en cartera; lo que significaría para el país en términos de ingresos; de empleo y de exportaciones para que la sociedad, por el camino del diálogo y el consenso, pueda darse cuenta del beneficio potencial” que está en condiciones de aportar esta industria al desarrollo nacional.
Esta inversión propuesta tiene una serie de proyectos en diferentes etapas de exploración, de estudios de factibilidad y otros listos para iniciar, aunque atentos a “un marco de cuestiones macroeconómicas nacional e internacional que se tienen que ir acomodando en el año”.
Pero el sector minero advierte que la actividad tiene pendiente “trabajar con el Estado nacional, las provincias y las comunidades en cuestiones que tienen que ver con aquellas distritos donde todavía la minería metalífera o el uso del cianuro no está permitido” y requiere “un debate profundo, abierto y sincero de los beneficios y problemas que puede tener la minería”.
La propuesta de CAEM, de avanzar en un diálogo con los sectores que rechazan la minería, responde a que hay proyectos dentro de las millonarias inversiones anunciadas -como San Jorge, en Mendoza, o Navidad, en Chubut- que están en provincias que va a requerir de un trabajo de diálogo y relacionamiento con las autoridades instituciones y organizaciones sociales.
Para el titular de CAEM, el camino del diálogo y el consenso “va a permitir abrir espacios con acuerdos para la construcción de la licencia social” teniendo en cuenta que los proyectos de inversión que están en cartera hoy “representan alrededor del 20% del potencial geológico argentino, con lo cual el potencial de crecimiento es muy grande”, destacó.
La Cámara de empresarios mineros estimó que estas inversiones además de inyectar a las economías nacionales más de u$s 6.500 millones en impuestos, llegará a los lugares donde menos desarrollo hay dentro de la Argentina y en los que la minería “puede ser lo que la agricultura fue para la pampa”, en la potenciación de sus recursos naturales.
Por la quita de retenciones a las exportaciones mineras, el Tesoro dejó de percibir u$s 235 millones al año, pero a criterio de Álvarez la medida nos coloca al mismo nivel de tributación que los países desarrollados y casi al mismo nivel que Chile, Perú y Brasil.
“No sólo no es correcto que la minería no tributa o tributa poco, sino que paga lo mismo que cualquier industria que se desarrolla en el país y está al nivel que el resto del mundo”, enfatizó el directivo.
En ese contexto, en los planes del sector, se afianza la idea de retomar un crecimiento que contempla el desafío de dar valor agregado a la materia prima, desarrollar la inversión infraestructura y la necesidad de implementar planes de desarrollo de largo plazo que se deben construir junto al Estado nacional, las provincias y los actores sociales.
También se plantea avanzar en acuerdos binacionales con lógica bioceánica que permita utilizar el Pacífico como salida para determinados productos mineros, ante la realidad que a pesar de tener la misma Cordillera con Chile, el vecino país exporta unos US$ 50.000 millones de dólares al año, y Argentina cerró el 2015 con menos de US$ 4.000 millones.
Telám
