Entre los motores productivos que priorizó el Gobierno nacional, se encuentra el sector minero. Donde resalta la producción diamantífera en la región Guayana.
La explotación de minerales está prevista como una fuente de ingresos para Venezuela, que ayudará a sustituir la dependencia de los ingresos petroleros.
Empresas mixtas trabajarán de la mano para lograr la certificación de las reservas existentes en cada uno de los bloques que constituyen los 116.000 kilómetros cuadrados del arco minero, donde se estima la existencia de 7 mil toneladas de reservas de oro; lo cual a un precio de $ 1.000 la onza, generaría más de $200 mil millones calculados de potencial de reserva, según autoridades.
El ministro para Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, dio a conocer que existe gran interés internacional en participar y conocer las condiciones del proyecto, por lo que se espera que en los próximos días comiencen a firmar las primeras negociaciones de certificación de reservas y desarrollos que se tienen establecidos.
Asimismo, viene informando sobre la necesidad de incrementar la producción de oro en Minerven, al igual que la reactivación de la productividad en Carbozulia.
Para el venidero 24 de febrero, se espera que se den a conocer cuáles son las condiciones para los inversionistas en el sector minero.
Por otro lado, el diputado al Consejo legislativo del estado Bolívar (CLEB), quien pertenece a la Comisión de Minas, Francisco Cardiel, manifestó que con la explotación correcta de los recursos minerales con los que cuenta el país, se podría convertir en el principal medio generador de ingresos a Venezuela.
También, resaltó la importancia de darle la utilidad correcta a las tierras para la recuperación económica venezolana, puesto que en la actualidad el oro se va “por los caminos verdes” y no hay orden en la explotación minera.
“Más del 80% de oro que es extraído en el país no llega al Banco Central de Venezuela, y tampoco es comercializado en tierras venezolanas, por lo que se requiere de mayor control”, agregó.
Tras algunas investigaciones realizadas por especialistas en el área de excavaciones y tierras, se conoció que hay 200 mil personas viviendo del oro y otros minerales; explicó Cardiel.
Además, contó que se está produciendo en el año unas 60 toneladas de material aurífero desde Santa Elena de Uairén hasta Caicara del Orinoco en el estado Bolívar.
A la expectativa
El diputado regional, Francisco Cardiel, también señaló que ante la reciente creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio de la Defensa y publicada en la Gaceta Oficial N° 40.845 de fecha 10 de febrero de 2016; existe gran expectativa y desconocimiento.
Actualmente, la Comisión de Minas del CLEB, se encuentra levantando un informe con apoyo de ingenieros geólogos y personal técnico de las empresas básicas para informar sobre la ubicación de los minerales, como el coltán y caolín; además de dar a conocer sobre la incertidumbre que hay sobre la nueva empresa constituida.
La entrega del mencionado documento a la Comisión Nacional de Minas, se encuentra previsto para finales de este mes de febrero, según Cardiel.
Igualmente, el diputado regional comentó que “hasta el momento se desconoce cómo se darán las negociaciones, y los inversionistas del sector minero tanto del oro como del diamante, están esperando la pronunciación del Gobierno para manejar los requisitos y parámetros en qué se llevarán a cabo los acuerdos entre privados y Ejecutivo”.
De igual manera, el parlamentario manifestó que “hay un sector minero integrado por más de 60 mil personas, que están preocupados porque no saben qué va a ocurrir con ellos ante la creación de la empresa militar-minera”.
Nueva empresa
De acuerdo con la publicación en la Gaceta Oficial número 40.845, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro tomó la decisión de crear la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas. Esta empresa se encargará de prestar servicios petroleros, de gas y de explotación minera, sin limitación alguna, conforme al Decreto presidencial número 2231.
