Bolivia.- Ante la reducción de recursos económicos para el departamento, debido a la baja del petróleo a nivel internacional, la Gobernación de Tarija busca alternativas para captar más ingresos y una de estas, tiene que ver con las concesiones mineras.
Para esto, la unidad de Control de Hidrocarburos y Minería de la Gobernación gestiona la firma de un convenio con la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que permita crear una oficina de monitoreo en Tarija, para coadyuvar en la tarea de recuperación de recursos económicos de la renta minera, ante la explotación ilegal existente.
Actualmente, por la renta minera, el departamento de Tarija recibe anualmente entre 600 a 800 mil bolivianos por año, un monto bajo en comparación a las ganancias que obtienen las empresas y personas que se dedican a la explotación ilegal de recursos naturales. Piedra caliza, arcilla, toba, sal de roca (rosada, blanca, gris), yeso, oro, cal y otros minerales, son los minerales que principalmente se extraen.
El director de Hidrocarburos y Minería de la Gobernación, Christian Echart, explicó que lo que busca la Gobernación con este convenio es procurar la generación de mayores ingresos para el departamento, pues se prevé incrementar en los próximos años la recaudación de regalías, mediante medidas como inspección y fiscalización a las operaciones de explotación existentes.
“Actualmente se sabe que existen operaciones mineras ilegales que no están registradas en el AJAM, y que no están pagando las regalías que corresponden, según las alícuotas que define el Ministerio de Minería y Metalurgia del Estado”, sostuvo el funcionario.
Las regalías mineras, según la Ley de Minería Nro. 535, van en un 85 por ciento para la Gobernación y en 15 por ciento para el municipio de donde se explota el mineral en cuestión. Echart afirmó que mediante los mecanismos que prevé el convenio, es posible duplicar o triplicar las regalías anuales que recibe Tarija por esta actividad.
En ese marco, se realizó en primera instancia una reunión con el municipio de Entre Ríos, que es uno de los que más casos de explotación informal presenta. Para las próximas semanas se programarán reuniones con otros municipios, entre los que están Yunchará y El Puente. Ahí se socializará también el convenio, con la finalidad de hacerlos parte de la cooperación en el nuevo panorama que se presenta.
Concesiones
El AJAM es una entidad autárquica encargada de la dirección, administración, control y fiscalización de las actividades mineras, y por ende, del registro minero en todo el territorio boliviano. Su visión es ser una instancia reconocida nacional e internacionalmente, y garantizar la seguridad jurídica del sector, contribuyendo al desarrollo del país.
Según datos de la página web del AJAM, en Tarija existe actualmente 48 concesiones mineras vigentes; por otra parte, se tienen 588 concesiones que se encuentran extintas o caducaron, concesiones de las que al momento, según Echart, se desconoce su estado o si prosiguen explotando minerales.
El ex diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Raul Altamirano, dijo a El País eN que es menester esclarecer el tema, ya que según él se pierden 500 millones de bolivianos por año. Explicó que sabe que en la provincia Méndez existe plomo, estaño, oro y plata. En el municipio de El Puente hay grandes reservas de piedra caliza y afirmó que se hallaron indicios de plata y plomo.
Aseguró además que en Entre Ríos existen empresas que se dedican a esta actividad sin cumplir con la entrega de regalías. Según afirmó, la misma produciría ganancias de Bs 6 millones y pese a ello, incurre en una evasión de impuestos por estar adscrita al régimen simplificado.
Por todo esto, Echart dijo que el convenio será el paso inicial para proseguir con inspecciones, y detectar explotaciones ilegales, a las que se instará a regularizar si situación para que aporten las alícuotas que corresponden a favor del departamento.
Se pretende incentivar la explotación legal en Tarija
El convenio con AJAM obligará a los operadores a registrarse para poder operar. Asimismo, establece una cooperación entre Estado y Gobernación, que se traduce en capacitación y apoyo logístico para asumir acciones en el sector y realizar la fiscalización de toda la cadena de la minería. También se marcaría una línea de promoción para que otras empresas realicen emprendimientos para la explotación e industrialización en Tarija, lo que servirá para poder percibir mayores regalías.
