Si hay una actividad que ha acompañado al hombre a lo largo de su historia es, sin duda, la minería.

Antes de la Revolución Industrial representó el medio a través del cual se lograban encontrar metales preciosos para intercambiar por bienes y, después de ésta, representó el medio a través del cual se construyó la sociedad como la conocemos principalmente, por el uso del hierro para construir máquinas y bienes de consumo masivo.

Nuestro país posee una larga historia y tradición en el tema, a tal grado que hoy es uno de los productores más importantes del mundo y líder en la región de Latinoamérica aún, por encima de Chile que basa en mucho su economía en este sector.

México actualmente cuenta con 23 yacimientos catalogados como gigantes y 6 supergigantes lo que, lo hace el principal productor de plata en el mundo y, uno de los principales productores de Bismuto, Plomo, Oro y Cobre. En general podemos decir que en 16 minerales, nuestro país se encuentra entre los mejores 10 productores del mundo; y en cuestión de empleo, a septiembre de 2015 existen 350 mil 347 empleos generados por la industria minero-metalúrgica. Sin embargo, no obstante estos buenos números de la actividad minera tal parece que éstos no siempre se traducen en beneficios para las comunidades que albergan a la misma.

Así que siguiendo el camino de las reformas impulsadas por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que tienen un componente necesario para el desarrollo incluyente en nuestro país y así cumplir con el mandato constitucional de asegurar la protección más amplia a las personas, tenemos que un instrumento derivado de la Reforma Fiscal, como lo es el Fondo Minero, puede potenciarse la labor que durante muchos años la industria minera ha realizado en las comunidades.

El objetivo de esta iniciativa es impulsar la inclusión de una nueva generación de labor colectiva y una visión de desarrollo regional sustentable que provea mejores condiciones para una vida digna a aquellas regiones tan alejadas en distancia y en desarrollo. La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) es la encargada de llevar la operación del fondo por lo que, en conjunto con la Cámara Minera de México, ha empezado esta tarea. Es así que en mes y medio se han instalado 7 comités en los estados de Zacatecas; Durango; Coahuila; Chihuahua; Hidalgo; Sonora y Oaxaca. Lo que representa el 80 por ciento de los recursos totales del Fondo mismos que, ascienden a 2 mil 079 millones de pesos en beneficio de 25 Estados y 199 Municipios. El 76 por ciento de los recursos del Fondo se encuentran destinados a los Estados de: Sonora ($607,135,211.15); Zacatecas ($444,660,379.59); Chihuahua ($241,111,519.06); Durango ($154,279,713.96) y Coahuila ($126,871,115.69).

Estas acciones sin duda, permiten consolidar el desarrollo social sustentable en las comunidades dedicadas a esta actividad en función de los requerimientos de cada uno de los municipios, con la rectoría de los Gobiernos Estatales, el Gobierno Federal y la amplia participación del sector privado. El Fondo Minero, representa una manera más de transformar el rostro de la pobreza a través del crecimiento económico; la generación de empleo y de un mejor ingreso para las familias mexicanas. Y esto se observa en la actualidad con el reporte de una oferta de empleo de calidad y largo plazo con remuneraciones de un 40 por ciento superior al promedio nacional.

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