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Conflictos en Perú han retrasado inversiones mineras por 21,500 mdd

El Instituto Peruano de Economía (IPE) calcula que se han retrasado inversiones mineras por unos 21,500 millones de dólares desde el 2011, así golpeando la recaudación de impuestos, el empleo y, en general, el crecimiento económico.

Ya sea por conflictos sociales o trabas burocráticas, el Instituto Peruano de Economía (IPE) calcula que entre el 2010 y el 2014, se han retrasado inversiones mineras por más de 21,500 millones de dólares, con una producción de cobre, oro, plata y molibdeno que sumarían 14,900 millones de dólares a precios del 2007.

Los datos de la entidad fueron recaudados hasta abril de este año, por lo que consideran al proyecto minero Las Bambas con una inversión no realizada de 1,505 millones de dólares. Ahora, la situación de este proyecto es distinta.

En términos de crecimiento, entre el 2008 y el 2014, el IPE estima que se habría perdido 16.7 puntos porcentuales de crecimiento del PBI, lo cual en promedio representa 2.2 puntos de crecimiento anual. Y desde la recaudación tributaria, se habrían dejado de percibir unos 4,734 millones de dólares de impuestos; monto suficiente para cerrar las brechas de infraestructura en aeropuertos, salud y riego.

Las cifras se tornan más dramáticas si se estima el efecto total de la demora en la puesta en marcha de los proyectos. “Analizando la inversión y la producción mineras se estima que en los últimos siete años se habría perdido 67,200 millones de dólares. La mayor parte de este impacto se observa entre el año 2011 y el 2014. En este periodo se habría perdido 62,500 millones de dólares del PBI”, anota el IPE en su informe publicado en junio de este año.

Según un sondeo de GfK, 52% de los ciudadanos considera que por las protestas sociales contra varias empresas mineras paralizaron o postergaron sus proyectos.

Perucámaras considera vulnerables por motivos sociales unos 22,000 millones de dólares de inversiones en proyectos mineros que estaban programados para ejecutarse el próximo año y que ya tenían estudios de impacto ambiental (EIA) aprobados o en construcción.

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