El Director Ejecutivo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) informó que en cuatro meses la entidad ejecutó cuatro operativos contra la explotación ilegal de minerales en el país con la ayuda de las Fuerzas Armadas, y otras instituciones estatales de Bolivia y otros países. El directivo, quien asumió el cargo en octubre de 2014, consideró que los departamentos donde más actividad minera ilícita hay, principalmente aurífera, son Pando, Beni y La Paz.

— ¿Qué resultados alcanzó la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en un año y casi cuatro meses de vida institucional?

— La AJAM es una entidad autárquica que fue creada con la Ley 535 (de Minería y Metalurgia) un 28 de mayo de 2014 (…). La unidad ejecutiva nacional se encuentra en La Paz, pero tenemos presencia en todo el territorio nacional a través de unidades desconcentradas regionales y departamentales. Trabajamos como AJAM en dos fases, la primera fue de obtención de infraestructura y la segunda es de solicitud de presupuesto. Con eso estaremos atendiendo otras tareas como el control y fiscalización minera en todo el país, así como la adecuación de concesiones mineras al nuevo sistema.

— ¿Cómo se trabaja en la aprobación de recursos?

— La institución tiene 245 ítems para atender todo el nivel desconcentrado, las unidades regionales y departamentales (…). Necesitamos un presupuesto de Bs 36 millones. Pensamos percibir ese monto por concepto de patente minera, porque los recursos con los que trabajamos son propios.

— ¿Cuántas áreas mineras que no estaban siendo explotadas ha revertido la institución desde su creación?

— Se han revertido entre 250 y 280 áreas de minerales como la plata, el zinc y el plomo, entre otros, la mayor cantidad en Oruro, Potosí y La Paz. Antes de 2006, el Gobierno otorgaba concesiones mineras y las empresas las acumulaban solo para venderlas luego a mayor precio. Ahora, eso no es permitido, porque los recursos naturales son del pueblo y para el pueblo. NdE. Según datos a 2013 del Ministerio de Minería y Metalurgia, en el país hay como 7.000 concesiones privadas, estatales y colectivas, 70% de las cuales están en manos privadas. La AJAM ha identificado hoy ventas de derechos mineros disfrazadas como transferencias de paquetes societarios.

— ¿Qué mecanismos emplea la Autoridad Minera para luchar contra la minería ilegal?

— Las que nos otorga la norma, ya que la minería ilegal esta penada por la Ley 367 de mayo de 2013 (que incorpora al Código Penal el delito de “avasallamiento en área minera”). Hemos empezado a realizar actividades operativas con buenos resultados hasta el momento. Ahora estamos haciendo operativos en los ríos de Pando, el último fue uno coordinado con las autoridades peruanas (15 de septiembre). Ellos han operado en la parte del río que corresponde a Perú y nosotros en un tramo de unos 45 kilómetros de la frontera boliviana con ese país. (Ambos equipos) hemos llegado casi simultáneamente y logrado intervenir y secuestrar 18 barcazas o pequeñas dragas usadas para efectuar la explotación de oro.

— ¿Cómo se coordinó este último operativo binacional?

— Lo interesante de esta operación simultánea es que cuando los operadores ilegales se enteraron de que se iba a hacer un operativo en Perú se pasaron a Bolivia, donde nosotros los agarramos. Estamos coordinando también nuestro trabajo con instituciones que nos ayudan como las Fuerzas Armadas (FFAA). Ellos cumplen un papel muy importante, porque la AJAM no tiene un grupo operativo, actuamos con el auxilio de las fuerzas públicas, de las FFAA, del Ministerio Público y de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos), entre otras entidades.

— ¿Cuántos operativos realizó en este tiempo la AJAM en su lucha contra la minería ilegal?

— Empezamos con los operativos el 2 de junio de este año con la ayuda de los militares. Se hizo un operativo en Villa Montes (Tarija), dos en Pando y otro en la comunidad de Ananea, en el municipio paceño de Tacacoma, que dejó el saldo de un (policía) muerto.

— En estos meses, ¿qué cantidad de equipos se secuestró, a cuántas personas involucradas con el ilícito se detuvo y qué tipo de sanción recibirán?

— La Ley 367 penaliza los avasallamientos y la compra y venta de minerales explotados ilegalmente. La minería ilegal es castigada con cuatro a ocho años de privación de libertad, mientras que la comercialización tiene hasta seis años de cárcel. Hay sanciones económicas y administrativas. El resarcimiento por daño económico (a las regiones que sufrieron la minería ilegal) se calcula en base al peso y periodo de explotación minera. En el megaoperativo de Villa Montes (2 de junio) se incautó piedra que se sacaba en grandes cantidades. Llegaron a extraer 30.000 toneladas de material pétreo, como cascajo, pero no lo sacaban del cauce del río o de las orillas, sino de otra parte, lo que es considerado una actividad minera regulada por la Ley de Minería. Estaban vendiendo esa piedra a una empresa paraguaya que la usaba para construir parte del Corredor Bioceánico en territorio boliviano. Ahí se ha decomisado como 20 maquinarias que suman un valor de unos $us 700.000. También hay (30) detenidos que fueron llevados a Cobija para ser procesados (…). La investigación puede tomar unos seis meses.

— ¿Cuáles son los principales lugares donde se ha instalado la minería ilegal en el país?

— Principalmente en los ríos Beni y Pando, así como en el norte de La Paz, todos los lugares relacionados con la explotación de oro, un mineral que al no bajar de precio sigue siendo atrayente.

— ¿Cuántas empresas han sido intervenidas por explotación ilícita de minerales?

— Tres empresas (privadas) y una cooperativa, todas ellas están siendo investigadas.

Perfil

Nombre: Carlos Alberto Soruco Arroyo

Profesión: Abogado

Cargo: Director Ejecutivo de la AJAM

Comprometido con la fiscalización minera en el país

Soruco obtuvo su licenciatura en la Universidad Mayor de San Andrés y desempeñó varios cargos en instituciones públicas como privadas. Antes de asumir la titularidad de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el 27 de octubre del año pasado, fue director ejecutivo de la Autoridad General Jurisdiccional de la Administración Minera (AGJAM), institución pública que fue reemplazada por la AJAM, entidad dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia que tiene como objetivos ejecutar acciones legales en contra de personas legales o jurídicas que realizan actividad mineral ilegal; controla el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales en el sector; desarrolla, actualiza e implementa una administración y gestión técnica de catastro y cuadriculado minero; y recibe y tramita solicitudes de adecuación, licencias y contratos en el marco de la Ley 535 de Minería y Metalurgia.

La Razón

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