Para hacer frente a la delincuencia, mineras de alta producción como Peñasquito, Desarrollos Mineros San Luis, Buenavista del Cobre y Mexicana de Cobre, solicitaron la vigilancia del Servicio de Protección Federal (SPF).
Las empresas de transporte en tren, como Ferromex y Ferrosur, filiales de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, también son vigiladas por el SPF.
Ese órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y adscrito a la Comisión Nacional de Seguridad cuenta con 4 mil 628 elementos en su estructura administrativa y operativa.
Actualmente, unos 3 mil 200 efectivos se encuentran desplegados en el País en resguardo de instalaciones de dependencias federales, órganos como el Tribunal Electoral, el Tribunal Agrario, la CFE, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
No obstante, esa unidad federal también ofrece la seguridad de instalaciones estratégicas y cuando se requiera preservar la seguridad de bienes nacionales, de actividades concesionadas o permisionadas por el Estado u otras que por su relevancia contribuyan al desarrollo nacional.
En días pasados trascendió que las mineras optan por negociar con el crimen para poder explotar sus yacimientos, según reconoció Manuel Reyes, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).
El Comité de Minería de la Cámara de Comercio de Canadá subrayó que los robos de mineral, extorsiones y plagios de personal en México restarán competitividad a la atracción de inversión extranjera minera.
En ese contexto y para el resguardo de instalaciones públicas o privadas, el SPF realiza un análisis de riesgo cuando los que soliciten la seguridad perciban la existencia de posibles amenazas y eventos que puedan poner en riesgo las instalaciones y las personas que las ocupan.
En las tarifas autorizadas por la Secretaría de Hacienda por el pago de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de bienes, instalaciones y personas, así como por el servicio de análisis de riesgo, a órganos del Estado y a unidades del sector privado, se considera el costo diario por elemento.
También una cuota fija diaria por elemento según su grado y tipo de servicio prestado, cuota variable diaria, dependiendo del lugar de operación del elemento, factor de riesgo en atención a la actividad que se realice en las instalaciones que serán custodiadas y factor de riesgo del ambiente de violencia en el Municipio donde será desplegado el personal.
Un informe del SPF elaborado en marzo, establece que parte de su personal está a cargo del resguardo de 20 dependencias públicas como la Presidencia de la República, la SRE, Sedatu, Sener, Segob, Sectur, Cofepris, Telecom, Capufe, Prospera y Senasica.
En el documento, refiere que en el sector privado también solicitó de sus servicios.
Minera Peñasquito, filial de la empresa canadiense Goldcorp, figura en la lista de protección federal y se encuentra en el noreste del estado de Zacatecas, a unos 14 kilómetros de Mazapil.
En la página web de Goldcorp se establece que Peñasquito es una mina a cielo abierto que emplea procesamiento de flotación y molienda en dos líneas de procesamiento de sulfuro de 50 mil toneladas por día y un circuito de trituración a alta presión de 30 mil toneladas por día.
Desarrollos Mineros San Luis, quien a través del proyecto Filos, en Eduardo Neri, Guerrero, extrae oro y plata, también optó resguardar su complejo minero con el apoyo del SPF, de acuerdo con los datos oficiales.
Buenavista del Cobre y Mexicana de Cobre, dos mineras que pertenecen a Grupo México, fueron otras dos empresas que decidieron proteger sus instalaciones con el apoyo federal.
La primera opera en Cananea, Sonora, y produce y exporta unas 200 mil toneladas de cobre refinado al año.
La segunda empresa extrae cobre en Nacozari, también en suelo sonorense.
Agencias
