Filipinas está reforzando la supervisión sobre sus casi 300.000 pequeños mineros en un paso para frenar la minería ilegal, el contrabando de oro y proteger el medio ambiente, ha informado una fuente del Gobierno.
El país tiene unas reservas minerales valoradas en 1,4 billones de dólares (1,3 billones de euros), aunque este sector representa menos del 1 por ciento del PIB total. Las políticas y un fuerte grupo de presión antiminera, liderado por la Iglesia Católica Romana, han obstaculizado su desarrollo.
Los envíos ilegales de oro desde el país del sudeste asiático representan un gran problema, ya que los mineros pequeños quieren evitar pagar impuestos, ha detallado el director de la Oficina de Minas y Geociencia (MGB, por sus siglas en inglés), Leo Jasareno.
“El tráfico de minerales podría continuar”, ha dicho. Además, ha explicado que hay muchos mineros que no actúan según los procedimientos oportunos. Por ejemplo, según la ley, todo el oro producido por la minería de pequeña escala debe ser vendido al Banco Central de Filipinas.
Las cifras del MGB muestran que el oro vendido a este banco, tan solo alcanzó 4 millones de dólares (3,75 millones de euros) en 2014; mientras que en 2013 fue de 25 millones de dólares (23,6 millones de euros); en 2012 de 47 millones de dólares (44,5 millones de euros); 764 millones de dólares (723 millones de euros) en 2011; y 962 millones de dólares (910 millones de euros) en 2010.
“La producción de oro (por parte de la pequeña minería) en 2014 se situó en 18 toneladas, lo que supuso 30 toneladas por debajo desde que comenzaron los impuestos de la Oficina de Rentas Internas (BIR, por sus siglas en inglés), quien en 2012 impuso un dos por ciento de impuestos indirectos y un cinco por ciento en las compras de oro.
Con las nuevas medidas, el Gobierno vigilará de cerca las operaciones en lo que hasta ahora ha sido una industria muy desregulada. La minería de pequeña escala será reducida a oro, plata y cromo, y su actividad será restringida a áreas concretas, ha comunicado Jasareno.
Los grandes mineros han apoyado la iniciativa del Gobierno para frenar la minería ilegal, aunque por otro lado, se oponen a otras reformas, como la de incrementar los impuestos por los ingresos mineros.
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