Las mujeres afrocolombianas que se encerraron el pasado 27 de noviembre en la sede del Ministerio del Interior de Colombia para pedir al Gobierno medidas contra la minería ilegal anunciaron hoy que ya negocian una agenda de tres puntos con el arbitraje de un grupo de garantes.
Este colectivo de mujeres llegó a pie a Bogotá tras recorrer los más de 600 kilómetros que separan el Cauca, su departamento de origen en el suroeste del país, de la capital colombiana con el fin de reclamar una reunión con las autoridades ministeriales.
Tras llegar a Bogotá iniciaron un encierro que duró cinco días en el Ministerio de Interior y establecieron una asamblea permanente, según explicaron hoy las voceras del colectivo en una rueda de prensa en Bogotá.
Una de ellas, Sofía Garzón, dijo que decidieron “sentarse a negociar para concertar las propuestas” antes de volver al Cauca, una reunión en la que han contado con un grupo de garantes que integran delegados de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, así como los senadores Iván Cepeda, del partido de izquierda Polo Democrático, y Claudia López, de la Alianza Verde, entre otros.
La agenda de la negociación incluye tres puntos, el primero de los cuales es terminar la negociación fuera de la sede ministerial como “muestra de las partes de que hay ganas de construir”, dijo Garzón durante su intervención.
Asimismo han solicitado que se inicie una investigación conjunta de la ONU y la Defensoría del Pueblo para que se aclare el accidente de la mina de San Antonio, situada en Santander de Quilichao (Cauca) el pasado 30 de abril en el que murieron 12 personas.
Garzón explicó que dicho informe pasará a la Procuraduría (Ministerio Público) que “tendrá que abrir investigación disciplinaria”.
Además reclaman que ese informe sea publicado para que la sociedad colombiana conozca la realidad de la minería ilegal en el departamento.
“Estamos acá porque no podemos regresar, si lo hacemos nos exponemos a la muerte, a que maten a nuestros hijos, esposos, abuelas y abuelos”, dijo la vocera en referencia a la situación que viven en el Cauca, donde la minería ilegal es controlada por bandas criminales y por la guerrilla.
El último de los puntos que negociarán es referente a las medidas específicas para “combatir y erradicar la minería ilegal” en el departamento.
En este sentido, recordaron que el gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, declaró la situación de “emergencia ambiental” y afirmaron que la Defensoría, en coordinación con la Gobernación y las diferentes instituciones involucradas, presentó un protocolo que “ha venido construyendo la institucionalidad”.
“Este es un primer vistazo de que hay una voluntad del Gobierno de combatir la minería ilegal”, concluyó Garzón.
Las mujeres denunciaron además que esta actividad implica el uso de contaminantes como el mercurio que causan graves daños a la salud y el medioambiente.
EFE
