Con 98 votos afirmativos de 122 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador se allanó a la objeción parcial del Ejecutivo al Proyecto reformatorio de la Ley de Minería, lo cual destraba su promulgación.
Un plazo máximo de 180 días estableció la reforma a la ley para finiquitar la legalización de la minería artesanal, que no hayan sido regularizadas en base al Censo Minero del año 2010 y hasta la fecha de promulgación de la nueva normativa.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico del Parlamento, Oswaldo Larriva, señalo que las modificaciones contribuyen al mejoramiento de esta actividad que incluye dejar de lado el uso del mercurio que afecta especialmente a los ríos.
Todos deben aportar al Estado y de estos, de estas regalías, de estos impuestos, el 60 por ciento servirá para las comunidades, municipios y juntas parroquiales, acotó Larriva, porque ello contribuirá al desarrollo de las localidades donde se extrae el oro.
Con esta decisión, mencionó el legislador, se descarta que las reformas a la Ley Minera hay sido para beneficiar a las transnacionales que trabajan en el país andino en proyectos de exploración.
Ecuador trabaja en mecanismos para mejorar la actividad minera artesanal que por muchos años ha causado graves daños al medio ambiente, precisó Larriva.
Los titulares de los derechos de la pequeña minería pagarán regalías del tres por ciento de las ventas del mineral principal y de los secundarios, tomando como referencia los estándares del mercado internacional.
La actividad minera ilegal será sancionada conforme a las prescripciones de la ley, mientras la maquinaria, equipos, insumos que sean utilizados en actividades ilegales o no autorizadas serán objeto de decomiso y destrucción.
Carlos Viteri, asambleísta del gobernante Movimiento PAIS, explicó que el allanamiento parcial forma parte de un compromiso que incluye una actualización permanente de los datos sobre mineros artesanales.
“El país va a ganar mucho y especialmente los mineros artesanales”, dijo, y agregó que se trata de una medida positiva pues la actividad ilegal se ha desarrollado en un ambiente de violencia.
Fuente: Prensa Latina
