Puntos clave
- Dato clave: Reinfo cumple 10 años con 70,000+ inscritos pero tasa de formalización efectiva marginal
- Fractura política: Jessica Guevara (Juntos por el Perú) rechaza extensión hasta 2028 y propone consulta popular para Ley MAPE
- Perspectiva LATAM: Demuestra que formalización minera es problema político, no técnico, en región
- Implicación regulatoria: Cada prórroga reproduce ciclo: registro se amplía, incentivos disminuyen, informalidad gana tiempo sin legalidad
| Tipo de regulación | Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) – Propue… |
| Entidad | Congreso de Perú, Juntos por el Perú, Poder Ejecutivo |
| Vigencia | Reinfo vigente desde 2012, prórroga hasta 2028 en debate |
El Reinfo cumple una década de existencia y sigue sin resolver lo que prometió. Ahora, la propuesta de extenderlo hasta 2028 enfrenta resistencia desde dentro del propio bloque que la impulsó: la congresista Jessica Guevara, de Juntos por el Perú, rechazó públicamente la ampliación y fue más lejos al proponer que la nueva Ley MAPE —iniciativa del Ejecutivo para reemplazar el régimen de formalización— se someta a consulta popular antes de aprobarse. La fractura no es menor. Cuando una bancada no puede sostener su propia propuesta legislativa, el mensaje al sector es claro: la formalización minera en Perú sigue siendo un problema político, no una solución técnica.
Qué es el Reinfo y por qué su historia importa
El Registro Integral de Formalización Minera nació en 2012 como mecanismo transitorio para encuadrar a los mineros artesanales e informales que operaban fuera del sistema legal. La lógica era simple: registrar, regularizar y eventualmente integrar. Diez años y múltiples ampliaciones después, el Reinfo tiene inscritos a más de 70,000 operadores, pero la tasa de formalización efectiva —es decir, quienes completaron el proceso y operan con permisos plenos— sigue siendo marginal.
Cada extensión del plazo ha reproducido el mismo ciclo. El registro se amplía, los incentivos para completar el proceso disminuyen, y la minería informal gana tiempo sin ganar legalidad. La propuesta de extender el Reinfo hasta 2028 no cambia esa lógica. La prolonga. Y eso es exactamente lo que señaló Guevara al distanciarse de su bancada: que extender el plazo sin modificar el mecanismo equivale a administrar el fracaso.
Según datos del Ministerio de Energía y Minas del Perú, la minería ilegal e informal representa entre el 15% y el 20% de la producción aurífera del país. En regiones como Madre de Dios, Puno y La Libertad, esa participación es estructuralmente más alta. El problema no es de registro. Es de fiscalización, de cadena de titularidad y de articulación institucional entre el gobierno central y los gobiernos regionales.
La Ley MAPE: ¿reforma o reemplazo con los mismos problemas?
El Ejecutivo peruano presentó la Ley de Minería Artesanal y Pequeña Escala —Ley MAPE— como la solución de fondo: un marco normativo permanente que reemplace al Reinfo y establezca condiciones claras para los operadores de pequeña escala. La propuesta tiene mérito técnico en varios aspectos: define categorías, establece obligaciones ambientales diferenciadas y propone mecanismos de acceso a asistencia técnica.
Pero Guevara no cuestionó el contenido de la ley. Cuestionó el proceso. Al proponer que la Ley MAPE se someta a consulta popular, la congresista está señalando un déficit de legitimidad en su diseño. La consulta popular como instrumento legislativo en Perú es políticamente compleja y operativamente lenta. Invocarla para una ley sectorial técnica no es un procedimiento estándar. Es una señal de desconfianza hacia el proceso de aprobación parlamentaria.
Esa señal tiene consecuencias prácticas. Si la Ley MAPE no logra consenso en el Congreso —donde Juntos por el Perú ya mostró fisuras internas— el Ejecutivo enfrenta dos opciones igualmente costosas: aprobar la norma con una coalición frágil que la hace vulnerable a impugnaciones posteriores, o postergar su aprobación mientras el Reinfo sigue vigente por default. Ninguna de las dos opciones mejora el panorama de formalización.
El costo institucional de la incertidumbre
La formalización minera no es solo un problema de política pública interna. Es un factor de riesgo que los inversionistas internacionales incorporan directamente en su evaluación del Perú como destino minero. Un país donde el 20% de la producción aurífera opera en zonas grises regulatorias genera preguntas sobre trazabilidad, cumplimiento de estándares internacionales y responsabilidad de cadena de suministro.
Las grandes empresas que operan en Perú —Freeport-McMoRan en Cerro Verde, Anglo American en Quellaveco, Buenaventura en múltiples operaciones— tienen marcos de cumplimiento que exigen distinguirse claramente de la minería informal. Pero la coexistencia con un sistema de formalización disfuncional crea presiones indirectas: competencia por territorios, conflictos de uso de agua y suelo, y una percepción externa que tiende a homogeneizar lo formal con lo informal.
Para los proyectos en cartera —la cifra estimada de inversión potencial supera los US$53,000 millones— el mensaje que llega de Lima es que el marco regulatorio para la pequeña y mediana minería sigue sin resolverse. Eso no detiene proyectos de gran escala por sí solo, pero suma a un contexto donde la inestabilidad política ya ha costado seis presidentes en seis años y donde la consulta previa sigue siendo una fuente de retrasos estructurales.
La fractura en Juntos por el Perú y lo que revela
El dato más revelador de la jornada no es la posición de Guevara en sí misma. Es que su propia bancada presentó la propuesta de extensión del Reinfo y ella la rechazó públicamente. Las bancadas peruanas han demostrado una cohesión ideológica limitada en temas mineros, pero la contradicción interna en este caso expone algo más profundo: no hay consenso sobre si el problema es de plazo o de modelo.
Quienes defienden la extensión del Reinfo hasta 2028 argumentan que millones de familias dependen de operaciones que aún no completaron el proceso de formalización, y que cortar el registro sin una ley de reemplazo aprobada crearía un vacío legal que empujaría a esos operadores a la ilegalidad plena. El argumento tiene sustento social. El problema es que se ha repetido en cada ciclo de ampliación desde 2012, y el resultado siempre ha sido el mismo: más tiempo, menos avance.
Guevara, al plantear la consulta popular para la Ley MAPE, está en cierta forma reconociendo que el Congreso tampoco tiene la legitimidad suficiente para resolver este debate por la vía ordinaria. Es un diagnóstico brutal sobre el estado de la representación política en materia minera en Perú, aunque no sea esa su intención declarada.
Lo que sigue: tres escenarios para el sector
El primer escenario es que el Congreso apruebe la extensión del Reinfo hasta 2028 con o sin el respaldo de Juntos por el Perú. En ese caso, la Ley MAPE queda en lista de espera y el status quo se perpetúa. Para el sector formal, esto es manejable pero insatisfactorio. Para los inversionistas internacionales, es otra señal de que Perú no termina de cerrar sus brechas regulatorias.
El segundo escenario es que la Ley MAPE avance en el Congreso con modificaciones que incorporen parte de las preocupaciones de Guevara —más participación ciudadana, más transparencia en el proceso de formalización— y se apruebe antes de que venza el Reinfo actual. Es el escenario técnicamente deseable. También es el más difícil políticamente, dado el nivel de fragmentación parlamentaria.
El tercer escenario es el peor: ni extensión ni ley nueva antes del vencimiento. Un vacío legal que genera incertidumbre operativa para decenas de miles de mineros, conflictos en zonas de alta densidad informal y una nueva crisis de gobernanza que termina en decreto de urgencia o en otra ampliación de emergencia del propio Reinfo.
Perú tiene la cartera de proyectos mineros más grande de América Latina y uno de los marcos de formalización más disfuncionales de la región. Esa contradicción no es nueva, pero cada vez que el Congreso debate el Reinfo sin resolverlo, el costo de oportunidad se acumula. La inversión no espera indefinidamente a que el Estado resuelva sus contradicciones internas. Y los operadores formales que sí cumplen no pueden seguir compitiendo en un mercado donde las reglas se aplican de forma selectiva.

